El gobierno de Nicaragua liberó este lunes 91 presos opositores al presidente Daniel Ortega que llevaban meses o incluso más de un año en la cárcel para "contribuir a la reconciliación nacional" en el país.
Entre los liberados se encuentra la autodenominada "banda de los aguadores", formada por 16 activistas arrestados en noviembre cuando intentaban dar agua a un grupo de mujeres que se mantenía en huelga de hambre en una iglesia asediada por la policía.
En un comunicado, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua aseguró que con las liberaciones bajo el régimen de convivencia familiar se hizo efectiva "la voluntad y el compromiso del Gobierno (...) con la tranquilidad familiar y la seguridad que nuestro país y nuestro pueblo merecen".
Tras conocerse la noticia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos comunicó este lunes que 65 personas aún continúan encarceladas en el marco de la crisis sociopolítica y las protestas que estallaron en Nicaragua desde abril de 2018.
"¡Salimos, lo logramos!"
Aunque grupos opositores mantienen campañas constantes exigiendo la liberación de lo que consideran "presos políticos", la excarcelación de este lunes tomó a la mayoría por sorpresa.
En su comunicado, el gobierno agradeció el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El propio Sommertag confirmó al diario nicaragüense La Prensa su intervención para que parte de los presos acabaran el año en casa junto a sus familias.
"Las gestiones se hicieron con la autoridades competentes, en este caso con el gobierno", declaró el nuncio vía mensajes de texto.
En videos difundidos en redes sociales, muchos de los liberados este lunes mostraron su alegría y su intención de seguir protestando contra el gobierno del presidente Ortega.
"¡Salimos, lo logramos! (...) ¡Libertad para Nicaragua!", dijo Olga Valle, una de las detenidas, tras ser excarcelada este lunes.
"Hoy este régimen se da cuenta de lo que el pueblo unido significa (...). Y aquí seguimos, seguimos luchando para que toda Nicaragua sea libre", dijo tras ser liberada la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, cuyo caso llegó a ser discutido en el Parlamento Europeo.
También fue puesta en libertad la joven María Ruiz Briceño, quien por mucho tiempo fue la única mujer encarcelada en el marco de las protestas opositoras contra el gobierno.
Jesús Tefel, otro de los liberados y miembro de "la banda de los aguadores", aseguró que los oficiales penitenciarios llegaron a las tres de la mañana a despertarlos a las celdas.
"Nos hicieron firmar un documento donde nos otorgan el régimen de convivencia familiar, donde tenemos una serie de restricciones", dijo. Agregó que otros funcionarios les dijeron que les estaban otorgando la libertad plena, aunque no tienen garantías de ello.
"45 días no me van a detener, yo voy a seguir adelante con mi lucha", dijo Tefel en referencia a sus días en la cárcel durante una entrevista en Canal 10 recogida por el diario La Prensa.
Reacciones
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó la liberación de los 91 presos como "un paso positivo para restituir la libertad plena a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo a las que todavía permanecen presas".
En el mismo sentido se pronunció la delegación de la Unión Europea en Nicaragua, que destacó que "seguirá atentamente las condiciones de liberación de los presos políticos".
"La UE recuerda que todos ellos deben ser liberados y que debe respetarse el Estado de Derecho".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte, reiteró su voluntad de "prestar asistencia, dentro de su mandato, al Estado de Nicaragua y la sociedad civil nicaragüense para avanzar hacia la plena vigencia del Estado de Derecho en el país".
El arresto de disidentes y excarcelaciones se dan en medio de la peor crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua en las últimas décadas.
El presidente Ortega ha recibido presiones de la comunidad internacional para liberar a todos quienes la oposición y diversos organismos de derechos humanos califican como "presos políticos" encarcelados en el marco del conflicto.
Desde el inicio de las protestas masivas en abril de 2018 que reclaman la renuncia de Ortega, la CIDH calcula que murieron al menos 328 personas. El gobierno nicaragüense solo reconoce 200 muertes a raíz de la crisis.
