Al menos 5 muertos han dejado las intensas protestas populares que por más de una semana mantienen en una grave crisis política a Ecuador, y que no da indicios de llegar a una salida.
Las manifestaciones, lideradas por grupos indígenas y otros sectores de la sociedad inconformes con las medidas económicas del presidente Lenín Moreno que incluyen -entre otros- la eliminación de los subsidios a los combustibles, también se han saldado con al menos 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por Freddy Carrión, líder de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
"Frente a estos acontecimientos suscitados en estos días de paro nacional dentro de un estado de excepción, la Defensoría del Pueblo exige al gobierno nacional y a los movimientos sociales e indígenas la necesaria obligatoriedad de encontrar soluciones adecuadas, justas y equitativas para el pueblo ecuatoriano, que eviten la violencia y permitan retornar a la paz", dijo Carrión este jueves.
Tras la multitudinaria marcha celebrada en Quito el miércoles, la tensión volvió a las calles de la capital este jueves con enfrentamientos entre grupos indígenas y las fuerzas policiales.
Agencias noticiosas y medios locales reportaron una escalada en las acciones de los manifestantes, quienes retuvieron a diez policías en la Casa de Cultura de Quito, para liberarlos unas 10 horas más tarde, según precisó el diario El Universal.
Mientras tanto, el presidente se mantiene firme en su decisión de no derogar las medidas que han desatado la crisis.
"Una gran parte de los recursos que se generarán con las decisiones tomadas, son para los sectores más necesitados y nuestros hermanos indígenas. Trabajando juntos, con principios y valores, podremos alcanzar el tan anhelado progreso", dijo Moreno este jueves en Twitter.
En la jornada del miércoles el presidente había asegurado que un supuesto diálogo con los indígenas ya estaba "dando frutos", pero éstos desmintieron su versión y dijeron que no negociarán con el gobierno, al que acusan de un uso excesivo de la violencia contra los manifestantes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) advirtió este jueves que no detendrá el paro hasta el fin del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la salida de dos ministros del gobierno.
"Hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra propia capacidad de lucha y resistencia. Nuestra palabra esta puesta: esto no para hasta el #FMI salga del Ecuador", declaró en Twitter la CONAIE
El FMI es clave en la actual crisis, pues este organismo ofreció a Ecuador préstamos por valor de US$4.200 millones, bajo la condición de que el país tomara medidas para reducir su déficit público.
Preocupación internacional
Organismos internacionales han mostrado su preocupación por la actual crisis, que también ha registrado "agresiones y detenciones" contra periodistas que realizan coberturas de la situación que atraviesa el país.
"Se estima que más de 50 periodistas, camarógrafos y trabajadores de prensa de distintos medios y plataformas de comunicación han sido agredidos física y de forma verbal, por parte de policías en su mayoría, y de manifestantes", destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), según un reporte de la agencia Efe.
Amnistía Internacional, por su parte, pidió al Ejecutivo ecuatoriano detener la "fuerte represión" de las manifestaciones, garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional.
En un comunicado, la ONG denunció que en ese país hay casos de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidos contra detenidos.
La actual crisis política que vive Ecuador -y que ya está teniendo un impacto negativo en la economía del país suramericano- se desató la semana pasada luego de que Moreno anunciara una serie de medidas de austeridad con las que asegura que el país mejorará su debilitada economía.
La que más rechazo ha generado es la suspensión los subsidios a los combustibles, que por unos 40 años permitió que los ecuatorianos accedieran a estos a precios asequibles.
El gobierno presentó un plan de seis puntos para abrir unas conversaciones, si bien los grupos sociales consideran la propuesta insuficiente, pues no trata los subsidios a los combustibles.
