Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento del expresidente de Argentina Carlos Menem, el actual mandatario Alberto Fernández decretó un duelo nacional de tres días. Pero tal homenaje no se cumplirá en todas partes del país: en la ciudad de Río Tercero se rehusan a respetarlo.
Esta ciudad de algo más de 50.000 habitantes (provincia de Córdoba), tenía cuentas pendientes con Menem, cuya muerte no parece que vaya a hacer que caigan en el olvido.
"La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy y que fuera dictado por decreto del gobierno nacional", advirtieron sus autoridades locales en un comunicado.
La ciudad "no va a rendir homenajes" a Menem, porque está "acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero", sentencian.
La historia de este desencuentro está vinculada a las siete personas muertes y los 300 heridas que dejaron una serie de explosiones esa centro militar el 3 de noviembre de 1995 y que llevaron a la ciudad a declarar "persona no grata" al expresidente argentino con motivo del 25 aniversario del suceso.
De hecho, en sólo 10 días, el próximo 24 de febrero a las 09:00 de la mañana, Carlos Menem debía sentarse en el banquillo de los acusados para responder como supuesto "autor mediato" de aquellos hechos.
La explosión
Las 09:00. Precisamente faltaban cinco minutos para que el reloj marcase esa hora cuando las explosiones comenzaron a retumbar en Río Tercero aquella mañana de 1995, según detalla uno de los autos judiciales del caso.
Las principales fueron tres: las dos primeras en la planta de descarga de la fábrica y la tercera, aún mayor que las anteriores, en el depósito expedición y suministros.
"Un gigantesco hongo de humo negro y lenguas de fuego de cien metros de altura", poblaban el lugar, recogen las crónicas de la prensa de aquel día.
Estampidos y metralla saltaban peligrosamente alrededor de los barrios vecinos de una planta que producía miles de proyectiles para cañones, morteros y piezas de artillería.
"Tales explosiones hicieron que innumerables proyectiles se dispersaran por toda la ciudad", fundamentalmente en los barrios de "la Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino", recoge la justicia argentina.
Los vecinos corrían desesperadamente. Por su vida y por las de sus familiares, buscando escapar de aquel infierno desatado.
Fue demasiado tarde para algunos como Romina Torres, Laura Andrea Muñoz, Aldo Vicente Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Francisco Dalmasso, Elena Sofía Rivas de Quiroga y para José Andrés Varela, quienes murieron aquel día.
Ninguno de los 7 fallecidos pertenecía al complejo militar, se "encontraban en distintos sitios de la ciudad" cuando les halló la metralla o los daños provocados por esta.
Aquel mismo día, Menem viajó a Río Tercero con un mensaje para los medios: "Es un accidente [?]. Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra", aseveró en una rueda de prensa.
El proceso judicial
Pero para la justicia argentina no fue un accidente.
La denuncia de los familiares de los fallecidos acabó en un largo proceso judicial de más de 20 años que se saldó con condenas de 10 a 13 años de cárcel para cuatro oficiales que ocupaban posiciones de distinta jerarquía en la Dirección de Fabricaciones Militares.
Fueron condenados por "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Es decir, habían participado intencionalmente en las explosiones.
Pero, ¿de qué manera afectaba a Menem este caso?
La respuesta a esta pregunta se halla en el motivo por el cual se provocó la explosión de la fábrica: el contrabando de armas.
En esos años, el gobierno de Carlos Menem se vio envuelto en un escándalo de venta ilegal de armas que, mientras se suponía que debían tener como destino Panamá y Venezuela pero acabaron en Croacia y Ecuador.
Y el juez que llevaba el caso en aquel momento, Carlos Ochoa, consideró que la explosión de la fábrica de Río Tercero tenía como fin eliminar las pruebas de aquel contrabando. Así que procesó al expresidente Menem en 2013.
Pero no sería tan sencillo sentarle en el banquillo. Apelaciones y sobreseimientos provisionales dilataron el proceso hasta que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal pidió en 2019 que se elevara a juicio el caso contra Menem.
Ahora la ciudad de Río Tercero no verá al exmandatario enjuiciado, pero 12.000 de sus habitantes que demandaron al Estado por daños años morales, psicológicos y materiales esperan aún cobrar unas indemnizaciones que están en proceso de tramitarse, según informa el diario La Nación.
El gobierno local también le pide al actual presidente, Alberto Fernández (peronista, como Menem) una reparación para la ciudad: una universidad.
"El crecimiento económico y demográfico se frenó en 1995 por culpa de una acción del Estado. Creemos que el resarcimiento puede ser una universidad", ha manifestado su intendente, Marcos Ferrer.
