Allan Brewer-Carías logró sobrevivir a la aplanadora electoral con la que Hugo Chávez se hizo con el control de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela en 1999.
Sin ser un aguerrido político opositor, sino más bien un estudioso del Derecho cuyo trabajo de décadas le había ganado el reconocimiento público, Brewer fue uno de los pocos que resultaron electos como miembros de la Constituyente sin tener el apoyo e, incluso, contrariando abiertamente las propuestas de Chávez.
El entonces recién electo mandatario, en su carácter de convocante de la ANC, impuso un método de elección que favoreció ampliamente al oficialismo que, con 66% de los votos, logró obtener 121 de los 128 de los escaños. De los 7 restantes solamente dos fueron ganados por candidatos independientes, uno de los cuales fue Brewer.
Este profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela cuenta con una obra extensa que abarca la publicación de más de 200 libros y 1.200 artículos académicos, según se recoge en su biografía "Allan Brewer-Carías. Una vida", escrita por el periodista y editor Sergio Dahbar.
Brewer fue presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y ha sido reconocido como miembro honorario por academias de numerosos países de Iberoamérica, además de haber sido vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y profesor visitante de las universidades de Cambridge y de Columbia.
Fue catalogado como "uno de los juristas más destacados de las Américas" por Claudio Grossman, profesor emérito de Facultad de Derecho de la American University en Washington D.C. y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.
Desde Nueva York, donde vive exiliado desde 2005 tras la apertura de un juicio en su contra por su supuesta vinculación con el breve derrocamiento de Chávez en abril de 2002, Allan Brewer-Carías habló con BBC Mundo sobre el populismo constitucional, tema que aborda durante el HAY Festival que se realiza en Cartagena entre el 30 de enero y el 2 de febrero.
He aquí una versión resumida de la conversación.
Usted ha dicho que la Constitución es la primera víctima de los populismos. ¿A qué se refiere?
A que los populismos manipulan la Constitución. El populismo es una estrategia política para llegar al poder y para permanecer en él.
Los movimientos populistas, al menos en el mundo reciente y en América Latina, han llegado al poder a costa de la Constitución: convocando asambleas constituyentes, pretendiendo ir a la voluntad popular directamente en contra de las constituciones y luego aprobando cartas magnas que han establecido mecanismos que debilitan los elementos fundamentales de una Constitución.
Estos movimientos populistas al llegar al gobierno eliminan el principio de la separación de poderes y convierten al Tribunal Supremo en un instrumento a su servicio, sin que pueda haber realmente control entre las instituciones.
Los derechos empiezan a ser reconocidos solo para un grupo y usan el sistema legal para perseguir a los otros, que quedan excluidos y a los que generalmente consideran como un enemigo al que hay que eliminar, porque los movimientos populistas son generalmente maniqueos.
Además, cierran los medios de comunicación privados y acaparan los públicos. Prohíben y restringen las ONG. Crean movimientos sociales fieles. Utilizan mecanismos previstos en la Constitución para destruir las bases democráticas de la propia Carta Magna.
La Constitución es la primera víctima porque deja de ser la norma suprema y cesa como la fuente de los derechos, que son manipulados por los populistas. De ahí que se pueda hablar de ese populismo constitucional, que es la deformación de la Constitución por estos movimientos populistas que hemos tenido en América Latina en las últimas décadas.
Usted dice que esta toma del poder por parte de los populismos se hace a través de procesos constituyentes. Entonces, ¿considera negativos los procesos constituyentes o no?
Depende de cómo se los convoque. Usted tiene un caso de una Constituyente convocada sobre la base de un acuerdo político de todas las fuerzas, como fue la de Colombia en 1991, que fue importantísima porque redefinió el proceso político en ese país.
En cambio, en las otras experiencias que tuvimos se forzó el proceso. Apelando a la representación popular se rompió el principio de la supremacía constitucional, como fue en el caso de Venezuela en 1999.
Allí se hizo una convocatoria contra la Constitución sin ningún tipo de consenso político y con un mecanismo electoral que provocó que la Constituyente, en lugar de ser un mecanismo para conciliar y establecer por consenso un nuevo sistema político, fue una institución manejada en el 99% por los seguidores de Chávez, que impusieron una sola voluntad.
Ese esquema se repitió luego en Ecuador y en Bolivia. En estos tres casos ocurrió mediante la influencia que tuvieron unos profesores españoles que fueron a vender la idea de lo que han llamado el nuevo constitucionalismo que justamente plantea hacer prevalecer la soberanía popular sobre la supremacía constitucional. La Constitución en ese esquema pierde importancia y valor.
Pero quienes impulsaron esas constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador defienden que sirvieron para establecer nuevos mecanismos de participación política y para ampliar los derechos sociales. ¿Eso no quedó plasmado en las constituciones?
Por supuesto: verbalmente. Si uno lee la Constitución venezolana, es casi imposible encontrar otra que utilice tantas veces la palabra participación.
Pero se confunde la movilización con la participación. Participación se previó expresamente en dos casos, uno de ellos es la escogencia de las altas autoridades no electas directamente como el Poder Electoral, el Poder Judicial y el Poder Ciudadano.
Allí se previó que sólo la sociedad civil a través de un comité pueda postular candidatos a estos altos cargos para ser electos por el Congreso en segundo grado.
Sin embargo, ese mecanismo fue violado desde el mismo momento en que se aprobó la Constitución y esos comités se convirtieron en comisiones parlamentarias que, en la práctica, eliminaron la participación popular.
Otro caso de participación popular directa fue el de consultas populares de las leyes antes de ser sancionadas. Esto no se cumplió en ninguna forma.
Toda la legislación básica la dictó el Ejecutivo mediante decretos leyes y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), totalmente controlado por el poder, interpretó que la participación que se preveía en la Constitución era solo para dar opinión sobre las leyes aprobadas por la Asamblea y no para las aprobadas mediante delegación del Legislativo, con lo cual es un fraude a la Constitución.
El propio TSJ, en otra sentencia, dijo que bastaba con publicar la ley en alguna web del proyecto para que se interpretara como que hubo participación.
Para que haya participación popular en cualquier democracia tiene que haber descentralización porque sólo se puede participar básicamente en el nivel local, porque la participación se puede producir cuando se tiene el poder cerca.
Estos regímenes también crearon supuestos mecanismos de participación que son los consejos comunales, los cuales están controlados por el poder central porque existen si son registrados en el ministerio respectivo y son controlados y financiados por el Ejecutivo, con lo cual son apéndices del partido de gobierno.
Participación son elecciones libres, poder dar una opinión que sirva para una decisión en un ente local o, por ejemplo, en esos comités de postulaciones, cuando la sociedad civil pueda participar.
En Venezuela, el chavismo habla de parlamentarismo de calle como un mecanismo para acercar el poder a la gente.
¿Y quién cree en el parlamentarismo de calle?, ¿quién se cree que eso pueda ser realmente un mecanismo que haya funcionado para dar origen a leyes?
Las leyes se han elaborado todas secretamente, porque el 98% de las leyes en Venezuela fueron dictadas por el Poder Ejecutivo a través de delegación legislativa y esas leyes nunca se consultaron en forma alguna. De manera que no se puede confundir el lenguaje político populista con realidades constitucionales.
Usted fue miembro de la Asamblea Constituyente en Venezuela, aunque se opuso originalmente a su convocatoria. ¿No considera que la crisis política que vivía ese país justificaba el cambio en la Carta Magna?
La Constitución no es la culpable de que no funcione un gobierno. En Venezuela los culpables de la crisis fueron los partidos políticos, que no entendieron cuál había sido el resultado de lo que habían creado. Durante 40 años en Venezuela funcionó un régimen democrático que en un momento determinado fue incluso la envidia de América Latina.
Pero los partidos políticos que acapararon el poder desde 1960 e implantaron la democracia en el que era el país con menos tradición democrática en América Latina, no se dieron cuenta de que la democracia, como cualquier planta, requiere ser abonada, fumigada, podaba y regada para que crezca.
Los partidos políticos le dieron la espalda, como ha sucedido en todos los países de América Latina. Todas estas crisis derivan de que los partidos políticos no han sabido captar la esencia de la democracia, que es pactar y no matarse entre sí. En un momento determinado, hay que pactar para que la democracia sobreviva.
Eso fue el origen de la crisis en Venezuela. La Constitución del año 1961 era excelente y la de 1999 se basa fundamentalmente en los textos de 1961. ¿Que había que hacer ajustes? Perfectamente, estaban los mecanismos para hacerlos.
Pero el objetivo no era hacer ajustes a la Constitución sino tomar el poder después de que se fracasó en un intento de golpe de Estado en 1992. Siete años más tarde, las mismas personas del año 92 asaltaron el poder igualmente, pero a través de un mecanismo constitucional, vamos a llamarlo así, que fue la Asamblea Constituyente.
En esa forma acapararon el poder y desapareció en Venezuela la democracia representativa y la propia separación de poderes. Los derechos quedaron reducidos. Y entonces tenemos un régimen autoritario.
Esa no era la solución que quería y que necesitaba el país en 1999, cuando se aprobó la Constitución. Lo que se necesitaba era reforzar los mecanismos democráticos como, por ejemplo, la descentralización política, la multiplicación de municipios, llevar el poder cerca al ciudadano y que fuera más democrático directamente. Pero todo eso se eliminó, lamentablemente.
Pero los defensores de esa Carta Magna dicen que se establecieron los mecanismos de participación política.
Sí, pero no se cumplen. Y qué ganas con que una Constitución diga 100 veces participación, pero no se cumple porque no le interesa al régimen que solo busca mantenerse en el poder y que rechaza cualquier mecanismo que sea antagónico a la posibilidad de quedarse en el poder.
De manera que incluso la participación más clave en materia democrática, que es el voto, se elimina porque se controla el sistema electoral y, por tanto, no hay votación libre. Entonces, ¿de qué participación hablamos?
Considera que en Bolivia y Ecuador, donde ya hay un proceso de cambio político, o en Venezuela, en caso de que hubiera un cambio en el poder, ¿sería conveniente hacer una nueva Constitución?
Le digo, la Constitución no es la culpable. Los cambios constitucionales que hubo tienen una base racional.
Si no se exacerba la semilla autoritaria y se maneja la Constitución con criterio democrático, esa Constitución funciona, la del 99. Yo he planteado un cambio político en Venezuela. No hay que estar pensando en cambiar la Constitución. Esa Constitución se puede utilizar y funcionar perfectamente en un gobierno democrático.
Pero si el Gobierno no tiene la vocación democrática, la Constitución que tú le pongas por delante será pisoteada. La Constitución venezolana ha sido la promesa incumplida, porque allí hay muchas bondades, muchos elementos acordes con un funcionamiento democrático.
A la vista de las experiencias de Colombia, Venezuela y Bolivia, de Ecuador, ¿qué cree que debería pasar en Chile para que la Constituyente cumpla sus funciones?
Lo primero, lo que han hecho. En un régimen democrático la Constitución está por encima de todo.
Para prever una Asamblea Constituyente hay que regularla en la Carta Magna. Y eso es lo que han hecho: convocar a un referéndum para que dé la aprobación para incorporar a la Constitución los mecanismos de la Asamblea Constituyente. Si se convoca conforme al pluralismo, habrá una asamblea donde todo el mundo podrá opinar y donde el país tendrá que ponerse de acuerdo.
Usted tuvo que abandonar Venezuela después de que abrieron un juicio en su contra?
No pude regresar. Estaba dando una conferencia en el exterior y me acusaron políticamente de conspirar para cambiar violentamente la Constitución. ¿Con qué arma? Con la pluma. Y eso fue con motivo de los hechos de 2002 pero la acusación fue en el 2005 - 2006, cuatro años después. Totalmente motivada por razones políticas.
Lo que querían era que estuviera fuera. Después hubo una amnistía porque no era contra mí nomás, sino contra otra mucha gente, y eso está ahí, en el limbo.
¿Y por qué lo vinculaban con lo ocurrido en 2002?
Porque me pidieron una opinión sobre el decreto que el señor (Pedro) Carmona iba a dictar. Di la opinión jurídica como abogado constitucionalista e incluso contraria a lo que se hizo y se pretendía hacer. Y a pesar de eso, pues como me habían pedido opinión, fue la excusa. Me vincularon a eso y listo.
Pero luego usted intentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, pero prevaleció el chavismo y no admitieron la acción porque no había agotado los recursos internos. Una decisión insólita. Yo tenía que ir a entregarme a mis perseguidores para que no hubiera juicio y quedar privado de libertad. Porque el objeto de ese proceso no era hacer ningún juicio, sino simplemente detener a las personas en un régimen donde no hay autonomía del Poder Judicial. Era lo que se pretendía y eso, por supuesto, era inaceptable.
Con lo cual usted tiene 15 años que no va a Venezuela.
Tengo 15 años fuera, de acuerdo. Pero siguiendo muy de cerca todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Como está documentado, porque he escrito sobre todo lo que ha ocurrido.
*Esta entrevista es parte de la versión digital del Hay Festival Cartagena 2020, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad colombiana entre el 30 de enero y el 2 de febrero.
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