Alejandro Andrade pasó de ser guardaespaldas de Hugo Chávez a poseer decenas de casas, autos, caballos y relojes de lujo.
El que fuera tesorero nacional de Venezuela se enfrenta ahora en Estados Unidos a una sentencia que podría condenarlo a hasta 10 años de cárcel.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público esta semana que, en diciembre de 2017, Andrade se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero y de haber recibido sobornos por valor de US$1.000 millones.
Sus detractores en Venezuela ya lo acusaron de delitos parecidos a los que ahora admitió en Estados Unidos, pero en su país natal no enfrentó cargos formales.
Tras declararse culpable, Andrade aceptó la confiscación de bienes raíces en Palm Beach (Florida), de 15 vehículos -entre los cuales 3 carros de golf-, de 17 caballos, de 35 relojes de lujo y de 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza.
De guardaespaldas de Chávez a tesorero nacional
Andrade, un teniente del ejército retirado, fue guardaespaldas de Chávez durante la campaña electoral de 1998.
Ya dentro del círculo íntimo del presidente, fallecido en 2013, se convirtió en su secretario privado y ocupó otros cargos financieros antes de ser nombrado tesorero nacional (2007-2010) y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (2008-2010).
En el caso que dicta una corte del Distrito Sur de Florida están involucrados otros dos venezolanos. Uno de ellos es Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, de una compañía de seguros de Venezuela y de al menos 24 propiedades en Estados Unidos.
El segundo es Gabriel Arturo Jiménez, quien también se declaró culpable de lavado de dinero.
Según el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, Andrade reconoció haber recibido unos US$1.000 millones en sobornos de Gorrín, entre otras personas, a cambio de usar su puesto como tesorero.
Andrade ayudó a Chávez en el intento de golpe de Estado de 1992 que dio a conocer al comandante, quien luego ganó la presidencia en las urnas en 1998.
En 2003 algunos grandes empresarios con conexiones con el gobierno venezolano se beneficiaron fraudulentamente de una regulación que permitía a privados tener acceso a divisas mediante bonos emitidos por la República y que se ofrecían en subastas.
La acusación sostiene que Gorrín pagó 150 millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios, entre ellos Andrade, para garantizarse el acceso a las subastas y convertir los bolívares en dólares a una tasa favorable.
"Sus conspiradores (de Andrade) podían obtener sustanciales beneficios en las transacciones de cambios", según los documentos judiciales.
"Los objetivos de esta investigación son individuos ricos y poderosos que han usado instrumentos financieros variados y amplios para mover su dinero por el mundo", citan los fiscales.
Al declararse culpable, Andrade admitió que los sobornos continuaron hasta el pasado noviembre pese a que el extesorero se trasladó en 2012 a Florida.
La sentencia de Andrade, de 54 años, se dictará el 27 de noviembre. Se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel, aunque puede ser menor dada su predisposición a colaborar con la justicia.
Las investigaciones por corrupción se producen en un momento en el que Venezuela sufre una severa crisis económica que afecta al suministro de productos básicos y que está generando un éxodo masivo.
