Se necesita que 11 países ratifiquen el pacto ambiental de Escazú para que se ponga en vigencia, y Perú no será uno de ellos por ahora.
Este martes, una comisión legislativa peruana descartó ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, considerado el convenio en materia ambiental más importante logrado en la región.
El pacto, negociado en 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, cuenta con la firma de 24 países aunque solo 10 lo han ratificado, por lo que no ha entrado en vigor, falta uno.
Y este uno no va a ser, de momento, Perú, cuyo legislativo considera que "afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia".
El rechazo del legislativo peruano a ratificarlo llega pocas semanas después de que el gobierno de Chile rechazara siquiera firmarlo, pese a que en su momento fue uno de sus principales impulsores.
El revés para el acuerdo en Perú llega pocas semanas después de que el gobierno de Chile rehusara siquiera firmarlo, pese a que en su momento fue uno de sus impulsores.
Críticas a los parlamentarios de Perú
La decisión del martes provocó de inmediato muestras de rechazo de expertos, ambientalistas e instituciones como el Defensor del Pueblo.
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Tiene como objetivos "garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales".
Y es señalado por Naciones Unidas como "el primer acuerdo regional y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales".
La comisión congresal peruana de 12 parlamentarios definió por 9 votos contra 3 que la ratificación se rechaza.
Además de las observaciones sobre la soberanía jurídica del país, las autoridades señalaron que la legislación de Perú ya incluía disposiciones suficientes en materia ambiental.
El último país en ratificar su adhesión al acuerdo de Escazú fue Argentina, que emitió una ley ratificatoria a finales de septiembre.
Además de la decisión Argentina, el pacto fue refrendado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.
Fuentes gubernamentales consultadas por BBC Mundo señalan que el siguiente país que ratifique el acuerdo puede ser justamente Costa Rica, nación anfitriona durante las negociaciones del tratado, y con ello el pacto entraría en vigencia.
La controversia en Perú
La analista política Karen López Tello cuestiona la decisión tomada por los congresistas peruanos dado que en el acuerdo "se precisa que no se busca restarle soberanía a ningún país", sino lo contrario.
"Descalificar al Acuerdo de Escazú presentándolo como una herramienta que intenta afectar la soberanía del Perú es un juego de palabras que introducen ciertos sectores económicos del país que están acostumbrados a la falta de transparencia, a la ausencia de rendición de cuentas, al no acceso a la información pública, menos a la participación pública y acceso a la justicia, entre otros", señala a BBC Mundo la experta en gestión pública.
López Tello, quien preside la asociación civil Propuesta País, explica que el Estado peruano no logró garantizar hasta el momento que las poblaciones puedan ejercer estos derechos, y que es natural que ciertos gremios empresariales estén interesados en que esta situación se mantenga.
La investigadora califica a la política peruana en materia ambiental como un "desgobierno" que favorece a determinados grupos económicos.
Siguiente Congreso
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Perú "lamenta" la decisión de rechazar una "una norma internacional para proteger el medio ambiente, los pueblos indígenas y los defensores ambientales".
La entidad espera que la siguiente legislatura, que asumirá funciones el siguiente año, vuelva a debatir y ratifique el Acuerdo de Escazú.
Por su parte, los tres congresistas disidentes en el fallo legislativo que rechazó al tratado, dejaron un documento que esperan sirva de base para que el Congreso que se conformará en 2021 pueda reconsiderar la controversial decisión.
"Estoy presentando un dictamen en minoría sobre Escazú, reiterando nuestra posición a favor del acuerdo. Espero sea un insumo valioso para el próximo Congreso, el cual debe rectificar el rumbo trazado hoy", indicó el representante Alberto de Belaunde.
El 11 de abril del siguiente año, Perú acudirá a las urnas no solo a elegir a su futuro presidente, también renovará a sus parlamentarios.
