El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud categorizó como pandemia mundial al nuevo coronavirus (COVID-19), que surgió a fines del año 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Hasta este miércoles 25 de marzo se han reportado más de 419.000 casos de contagios en el mundo y más de 18.700 muertos en 186 países.
Es por ello que dicha pandemia se ha convertido en un problema de índole global y está siendo abordada por todas las esferas de poder alrededor del mundo. Una de ellas es la ONU, que a través de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet hizo un llamado a cuidar a una población que está en serio riesgo de ser contagiada: la que está en prisiones.
La ex Presidenta de Chile pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19.
“El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos, y existe el riesgo de que arrrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad”, declaró la ex mandataria.
La Alta Comisionada exhortó a los gobiernos y las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir el número de reclusos y señaló que varios países ya habían adoptado medidas positivas al respecto.
“En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”, añadió.
“En esta crisis, los gobiernos se enfrentan a cuantiosas exigencias de recursos y tienen que adoptar decisiones difíciles. Pero les insto a que no olviden a las personas que están encarceladas o recluidas en instalaciones cerradas, tales como hospitales psiquiátricos, hospicios y orfanatos, porque las consecuencias de su abandono podrían ser catastróficas”, dijo la Alta Comisionada.
“Habida cuenta de que ya se han producido brotes y varios fallecimientos en cárceles y otras instituciones en un número creciente de países, las autoridades deberían actuar de inmediato para prevenir nuevas pérdidas de vidas entre los reclusos y los miembros del personal”, afirmó Bachelet.
“Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”, insistió la ex Presidenta.
“El COVID-19 plantea un grave desafío al conjunto de la sociedad, ya que los gobiernos adoptan medidas para cumplir con el distanciamiento físico. Estas medidas son indispensables, pero me preocupa sobremanera que algunos países amenacen con penas de prisión a quienes desobedezcan esas normas. La ejecución de esas amenazas podría agravar la mala situación que ya existe en los centros de reclusión y contribuiría muy poco a frenar la propagación de la enfermedad”, advirtió la Alta Comisionada.
