La oposición suspendió este lunes (26.12.2022) la denuncia por sedición contra el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentada el 25 de diciembre, tras el acatamiento por parte del mandatario del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que le obliga a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional", dijo la presidenta de Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), Patricia Bullrich, aspirante conservadora a las elecciones presidenciales de 2023, en su cuenta oficial de Twitter.
La ministra de Seguridad durante el Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019) había presentado este domingo una denuncia contra el jefe de Estado por los delitos de sedición y traición a la patria, tras negarse -en un primer momento- a cumplir un fallo impuesto por la CSJN a favor de la ciudad de Buenos Aires.
El 21 de diciembre, el máximo tribunal dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Estado nacional a restituir al Gobierno porteño el 2,95 % de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32 % actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos (997 millones de dólares) adicionales a los que ya percibe.
El presidente anunció este lunes que finalmente acatará esta resolución judicial, poniendo a disposición de la ciudad de Buenos Aires una serie de bonos del Tesoro durante los próximos 90 días.
"Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", aseguró el mandatario en un extenso hilo de Twitter.
La cautelar impuesta por la CSJN desató un cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, encabezada, entre otras figuras, por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien el 23 de diciembre había anticipado que denunciaría penalmente al Ejecutivo en caso de no acatar esta medida.
