Una masiva marcha de sindicatos y organizaciones sociales colmó el viernes el centro de Buenos Aires para reclamar al gobierno de centroderecha de Mauricio Macrique declare la emergencia social en Argentina en medio de la recesión económica y con una inflación por encima del 40%.
La marcha tuvo como epicentro el Congreso de la Nación, cuyo Senado aprobó una Ley de Emergencia Social que espera su tratamiento en la Cámara de Diputados y a la que el gobierno se opone.
"Los indicadores no dan tranquilidad. Millones de argentinos quedan descartados de la sociedad. Queremos trabajo, y trabajo digno. Por eso venimos, no sólo a pedir por la Ley de Emergencia Social, sino también a pedir que paren con los despidos y suspensiones", dijo durante el acto central Juan Carlos Schmid, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la tasa de desocupación fue de 9,3% en el primer semestre, con un alza interanual de más de tres puntos. Entre enero y septiembre de 2016, se perdieron 127.595 puestos de trabajo en Argentina, lo que representa una caída de 1,5% del empleo registrado, según cifras del gobierno.
Los despidos y suspensiones suman 208.000, según la medición realizada por el privado Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a mediados de setiembre."Venimos al no sólo a pedir la emergencia social, venimos a pedir el cese de los despidos", dijo Schmidt.
Juan Manuel Abal Medina, exjefe de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y diputado opositor, dijo a la AFP que en este gobierno que asumió en diciembre pasado se han tomando medidas solo para favorecer a los sectores más poderosos.
"Se movieron muy rápido para favorecer a grupos poderosos: tardó segundos en sacar retenciones a las mineras, tardó segundos en bajar retenciones a la soja, es muy importante que se pueda sacar rápidamente una ley a favor del pueblo", dijo Abal Medina.
Crisis generalizada
La industria y la construcción están en picada, mientras el consumo se desplomó por la pérdida del poder adquisitivo del salario debido a una inflación que ronda el 43% anual, según estimaciones privadas.
En un contexto de desazón, sindicatos y organizaciones sociales reclaman más ayuda social y un marco legal que propicie la creación de un millón de puestos de trabajo en el mediano plazo.
Pese al ajuste que llevó adelante el gobierno de Macri, las centrales obreras han sido pacientes con el gobierno y no ha lanzado hasta ahora una huelga general, aunque sí hubo decenas de huelgas nacionales por sector. "Se terminó el tiempo de espera, queremos respuestas concretas", advirtió Schmid.
Los sindicalistas pidieron al gobierno que "se haga cargo" de la situación económica, que él ha atribuido hasta ahora a "la herencia" que recibió de 12 años del gobiernos kirchneristas de centroizquierda.
"No sólo venimos a hacer cargo al Gobierno, también a los legisladores y a los empresarios que piensan que van a poder vivir toda la vida en un 'country' (condominio cerrado), mientras se desmorona la sociedad argentina. Los empresarios no están cooperando", denunció el sindicalista.
Desde que asumió Macri 1,4 millones de personas cayeron en la pobreza, que alcanza en Argentina al 32,2% de la población de 40 millones de habitantes, según estadísticas oficiales.
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