Este jueves en Argentina, el fiscal Carlos Stornelli pidió a la Justicia imputar al extitular del ente regulador de medios audiovisuales, el kirchnerista Martín Sabbatella, por mantenerse en el cargo a pesar de haber sido cesado mediante un decreto presidencial. Así lo informaron fuentes judiciales. Stornelli solicitó también el allanamiento de las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para resguardar la integridad de los bienes públicos.
Ante la petición recibida, el juez de la causa, Julián Ercolini, ordenó varias medidas previas, entre ellas un informe sobre cómo fue notificado Sabbatella de la intervención de la AFSCA, decretada este miércoles (23.12.2015) por el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri. La Justicia actuó a raíz de la denuncia en contra de Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” presentada el mismo 23 de noviembre por el interventor de la AFSCA, Agustín Garzón.
Sabbatella recurrió a los tribunales para frenar la intervención, a la que tildó de “atropello brutal”, e hizo un pedido de amparo para que se declare nulo el decreto presidencial. La medida mencionada no sólo ordena la intervención por 180 días de la AFSCA, sino también de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC). El flamante ministro de Telecomunicaciones, Óscar Aguad, justificó la medida alegando que los directores de esas instancias se negaban a dimitir tras el cambio de Gobierno.
Aguad no sólo los tachó de “rebeldes”, sino que los acusó de incurrir en una forma de militancia política inaceptable, asegurando que la ley de medios audiovisuales vigente había sido utilizada “para atacar a ciertos medios y beneficiar a otros”. Los titulares de la AFSCA y la AFTIC fueron nombrados bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner para el período 2007-2015. Aguad informó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2009 para sustituir a otra sancionada durante la dictadura militar (1976-1983), no sería tocada “por ahora”.
Esa ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el grupo Clarín, el mayor multimedio de Argentina, y el Ejecutivo de Fernández de Kirchner. La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 por ciento del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 por ciento de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
