La fiscalía de Perú allanó este lunes (20.03.2023) la casa y el despacho del máximo jefe de la policía, el general Raúl Alfaro, en el marco de la investigación por una presunta red criminal que operó bajo el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Uniformados, acompañados por el fiscal Luis Martínez -del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder-, ingresaron en la vivienda y en la oficina del oficial dentro del comando, en el centro de Lima, según imágenes de canales locales.
Una fuente del organismo confirmó a la AFP "la diligencia de allanamiento", pero se abstuvo de revelar más detalles porque no estaba autorizada para hablar con la prensa.
"La División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) desde tempranas horas de la mañana se encuentra en las instalaciones del despacho del comandante general, donde se encuentra presente el general Raúl Alfaro y su abogada, cumpliendo con lo dispuesto por la fiscalía", indicó en Twitter la policía.
El general todavía no se ha pronunciado sobre la orden de registro que emitió el poder judicial en las últimas horas.
"Agravio del Estado peruano"
"El gobierno va a tomar una decisión el día de hoy", dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, en referencia a la cúpula policial.
"No puedo decir nada más al respecto porque estamos haciendo un seguimiento a las decisiones de la fiscalía, pero creemos que es un tema muy importante para el país y que requiere una respuesta rápida que será expresada a través de una decisión de la presidenta", agregó.
El domingo, el programa informativo "Cuarto Poder" difundió una fotografía en la que se ve a Alfaro en una celebración junto al español Jorge Hernández, exasesor de inteligencia de Pedro Castillo y detenido dentro de las investigaciones por la "red criminal" que supuestamente encabezaba el exmandatario.
La justicia vinculó al comandante a la investigación por presunta "organización criminal" y otros delitos en "agravio del Estado peruano".
Alfaro está al frente de la policía desde agosto, cuando fue designado por el entonces presidente Castillo, ahora preso en Lima por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre.
El exmandatario de 53 años fue destituido por el legislativo y llevado a la cárcel por múltiples denuncias de presunta corrupción.
Su salida agravó la crisis política con protestas que dejan 54 muertos y cientos de heridos desde entonces. En el último mes las manifestaciones han perdido fuerza.
