Al menos 16 heridos, diez civiles y seis militares, y una comisaría incendiada dejó este sábado un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante protestas en la región andina de Puno contra la presidenta Dina Boluarte, informaron las autoridades.
Las acciones ocurrieron en la ciudad de Juli cuando cientos de indígenas se movilizaron reclamando la renuncia de Boluarte, quien éste siete de marzo cumple tres meses en el poder tras asumir en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo destituido por el Congreso tras un fallido golpe de Estado el pasado siete de diciembre.
La Defensoría del Pueblo instó a la calma y a evitar actos de violencia en un comunicado difundió a través de la red social Twitter luego que los primeros reportes de las autoridades señalaran cinco heridos.
"Hacemos un llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli. Hasta el momento hemos verificado 16 heridos (10 civiles y 6 de FF. AA.) tras enfrentamientos entre pobladores y fuerzas del orden y el incendio de la Comisaría PNP de Juli".
El enfrentamiento estalló cuando las fuerzas de seguridad, conformadas por policías y soldados del ejército, usaron sus armas de fuego para dispersar a una masiva manifestación. Dicha acción provocó la reacción de una turba que atacó e incendió la comisaría, según imágenes difundidas por las redes sociales.
La red de Salud de la provincia de Chucuito, dependiente del ministerio de Salud, indicó que los heridos fueron dirigidos al hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, aunque sin precisar el estado en que se hallaban ni el tipo de heridas.
La Policía Nacional de Perú señaló en un comunicado que “personas desconocidas atacaron las instalaciones de la Comisaría de Juli en Chucuito-Puno, generando disturbios y ataques a las fuerzas del orden. Pedimos respeto a la población; asimismo, rechazamos actos de violencia que ponga en riesgo a la ciudadanía”.
La comisaría estaba vacía al momento del ataque con bombas incendiarias y el fuego se expandió a toda la sede, según un canal de televisión local.
La caída de Castillo ha desatado violentas protestas desde diciembre, que dejan 48 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones al 2023.
Castillo, un maestro rural de 53 años y líder gremial, cumple desde diciembre 18 meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo, una minicárcel para exmandatarios, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
El expresidente peruano, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre cuando llevaba 17 meses en el poder.
Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.
La policía lo detuvo cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder desde entonces.
