Los acusados de violar a Gisèle Pelicot, una mujer drogada por su esposo en Francia, presentarán una denuncia por amenazas tras la difusión de sus datos personales, anunciaron este lunes sus abogados al reanudarse el juicio.
En nombre de las defensas, la letrada Isabelle Crépin-Dehaene detalló a la prensa los datos que se filtraron en las redes sociales como nombre, dirección y profesión, así como fotos tomadas durante el juicio.
"Los hijos de los acusados han sido agredidos en sus colegios, sus esposas y familiares han sido insultados, los acusados han recibido llamadas telefónicas malintencionadas y han intentado entrar en sus casas", enumeró.
La abogada anunció la presentación de las denuncias a partir de esta semana "para prevenir cualquier nueva forma de violencia" y de "ataques contra la integridad física de los acusados y sus allegados".
Las acciones judiciales se presentarán contra "quienes difundan información personal o hagan comentarios con connotaciones racistas sobre acusados con apellidos que suenen extranjeros".
"La justicia se ejerce a través de nuestras leyes, con la calma del tiempo y no con el frenesí del instante", concluyó Crépin-Dehaene, antes del reinicio de la segunda semana de juicio en Aviñón, en el sur de Francia.
Los 51 acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años por violación agravada. El principal acusado es Dominique Pelicot, quien administró medicamentos durante 10 años a su esposa para dormirla y para que la violaran desconocidos.
El viernes, Gisèle Pelicot, la principal víctima, llamó también a través de sus abogados a la "máxima moderación" en las redes sociales, en las que circulan los nombres de todos los acusados.
"Este caso es el drama de las familias de ambos lados, porque las familias de los acusados tampoco pidieron nada", insistió el viernes a la AFP Antoine Camus, uno de los abogados de la mujer de 71 años.
Más allá de los medios tradicionales en Francia y en el extranjero, las redes sociales se volcaron con este caso de Gisèle Pelicot. La víctima renunció a que se celebrara a puerta cerrada porque "la vergüenza debe cambiar de bando".
El presidente del tribunal, Roger Arata, aseguró que hará todo lo posible para garantizar la serenidad de las audiencias y recordó que está prohibido tomar imágenes dentro de la sala durante el desarrollo del proceso.
