Argentina vivirá una jornada crucial durante este martes. El Senado comenzará a debatir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que permite el aborto libre hasta la semana 14.
Este ya fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, en un día considerado como histórico para las mujeres en el país transandino porque "garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida", de acuerdo a las palabras del presidente Alberto Fernández.
De sortear su último paso esta tarde, Argentina se convertirá en el primer gigante latinoamericano en aprobar el aborto, reconociendo también el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos tras lo hecho por Uruguay, Guayana, Cuba y Ciudad de México.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El aspecto central de la norma reconoce a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar el derecho a "decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional".
Así, podrán requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud argentino; requerir y recibir atención posterior al aborto en los mismos servicios señalados anteriormente —incluso si el aborto se realizó de manera contraria a los casos legalmente habilitados por la ley—; requerir acceso a información, a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo no deseado.
De sobrepasar el límite de las 14 semanas, la ley apunta a que "la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: 1. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente y; 2. Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante".
La práctica de la interrupción del embarazo será incluida en el Programa Médico Obligatorio como garantía de acceso igualitario y cumplimiento efectivo; será gratuito y obligatorio; y el personal de salud deberá garantizar trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, y acceso a la información.
Considerará, por su parte, la objeción de conciencia del personal de salud. Sin embargo, "no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda".
El plazo máximo para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo tras la solicitud, por último, será de diez (10) días.
