La demanda asegura que las acusadas proporcionaron información sobre píldoras abortivas que se entregan por correo.

Un hombre de Texas presentó una demanda por homicidio culposo contra tres mujeres por ayudar a su exesposa a obtener pastillas para abortar el año pasado.

La demanda dice que, según la ley de Texas, "una persona que ayuda a una mujer embarazada a obtener un aborto autogestionado cometió el delito de asesinato".

La acción legal fue introducida por Marcus Silva en el condado de Galveston, y se basa en gran medida en mensajes de texto entre su exesposa Brittni Silva y sus tres amigas Jackie Noyola, Amy Carpenter y Aracely García, informó la agencia Reuters.

Se trata de la primera demanda de este tipo en Texas desde que la Corte Suprema estadounidense anuló las protecciones constitucionales al aborto, basadas en Roe contra Wade, la histórica sentencia que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.

Marcus Silva exige como indemnización $US1 millón a cada una de las acusadas.

¿Qué dice la demanda?

La demanda indica que las acusadas supuestamente enviaron a Brittni Silva información sobre Aid Access, un grupo internacional que proporciona medicamentos para el aborto por correo.

Aracely García habría facilitado la entrega de las pastillas a Silva.

La acción legal afirma que el fabricante de medicamentos también será demandado una vez que sea identificado.

La exesposa de Silva no figura como acusada. Según la ley de Texas, una persona embarazada está exenta de ir a juicio. La pareja ya tiene dos hijas.

Embarazo en medio de una ruptura

La demanda alega que ella supo que estaba embarazada en julio de 2022, dos meses después de solicitar el divorcio.

Los mensajes de texto revelan que ella estaba preocupada de que él intentara mantener la relación si se enteraba del embarazo.

"Sé que de cualquier manera lo usará en mi contra", dijo la mujer embarazada en los mensajes de texto adjuntos en la demanda, reportó el diario Texas Tribune. "Si le hubiese dicho antes, (...) lo usaría como [una forma para] tratar de quedarse conmigo. Y después sé que intentará actuar como si tuviera algún derecho a tomar esta decisión".

El divorcio de la pareja se concretó en febrero de 2023.

La restricción del aborto en Texas ha hecho que muchas clínicas de estados colindantes se vean inundados de pacientes texanas.

Las mujeres también son acusadas del cargo de conspiración, dado que supuestamente dijeron a la exesposa de Silva que le ocultara el embarazo y los mensajes sobre el bebé.

Restricciones en Texas

La Corte Suprema estadounidense anuló Roe contra Wade en junio de 2022, un mes antes de que Brittni Silva saliera embarazada. La ley estatal que prohíbe el aborto entró en vigencia un mes después.

Desde entonces, proporcionar un aborto se convirtió en un delito punible con hasta cadena perpetua, excepto para salvar la vida de la madre.

Incluso antes de que entrara en vigor la prohibición, había una serie de restricciones sobre el aborto en el estado.

El debate sobre el aborto se ha polarizado EE.UU. desde hace décadas.

En 2021, Texas aprobó una ley que declara ilegal la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo. Otorgó a los ciudadanos el derecho de demandar a cualquier persona que "a sabiendas se involucre en una conducta que ayude o incite a la realización o inducción de un aborto".

El demandante está siendo representado por los abogados Briscoe Cain, quien es miembro republicano de la Cámara de Representantes de Texas, y Jonathan Mitchell, un exfiscal general que ayudó a redactar una de las prohibiciones de aborto en el estado.

Las acusadas no respondieron a la solicitud de comentarios.

La semana pasada, cinco mujeres demandaron al estado de Texas por acceso limitado al aborto cuando tenían riesgos de salud que amenazaban sus vidas. La demanda alega que los médicos se niegan a realizar el procedimiento incluso en casos extremos por temor a ser procesados.

También se espera que un juez de Texas falle pronto en otra demanda, para aprobar o prohibir la píldora abortiva mifepristona. Si el juez anula la aprobación de la FDA para la mifepristona, podría afectar la disponibilidad del medicamento en todo el país.

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