El plan de paz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en crisis.
En la madrugada de este miércoles un ataque con explosivos a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, dejó 9 oficiales muertos.
La zona ha estado históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua del país.
Lo más probable, dijeron expertos a BBC Mundo, es que el ataque haya sido ejecutado por dicho grupo insurgente, que actualmente negocia una desmovilización con el gobierno.
Aunque no atribuyó el ataque al ELN, Petro llamó a consultas a su equipo negociador y repudió el hecho. El jefe del ejército y el comisionado de paz sí lo atribuyeron al ELN, mientras que Álvaro Uribe, expresidente y ficha clave de la oposición, lamentó "que Colombia hubiera abandonado la seguridad".
El episodio en el Catatumbo se añade a otros incidentes que en las últimas semanas han generado escepticismo sobre el ambicioso plan de "paz total" de Petro, que busca negociar simultáneamente reducciones de penas con las guerrillas y los narcotraficantes a cambio de su desmovilización y contribución judicial.
"Ya es claro que el alcance de la paz total va a ser limitado y el gobierno debe reconocerlo", dice Jorge Mantilla, experto en crimen organizado. "Se va a tener que acotar la grandilocuencia de la paz total, cosa que implica ajustes de agenda, de procedimiento y, sobre todo, de actores, de con quiénes se va a negociar o no".
Juanita Vélez, investigadora del centro de estudios Conflict Responses añade: "A Petro se le está enredando la paz total. Esto va a ser más lento de lo que se pensó y veo muy difícil que se logre consolidar en el tiempo de gobierno que le queda (3 años y medio)".
En los 7 meses que lleva en el poder, Petro no ha logrado contener el aumento de violencia que se registró durante el gobierno de Iván Duque. Aunque los homicidios y asesinatos de líderes sociales han disminuido levemente, las cifras de secuestros, extorsiones y masacres han aumentado, según la policía.
Estos son los tres principales frentes en los cuales el plan de Petro ha sufrido golpes que complican su objetivo.
1. Ataque al proceso más avanzado
El ataque en el Catatumbo es el golpe más fuerte que ha recibido el proyecto de paz total porque, de las diferentes mesas de negociación establecidas por Petro, la del ELN era la más sólida y avanzada.
El gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) negoció durante 6 años con esta guerrilla y Duque, en 2019, suspendió los diálogos después de un bombardeo a una escuela de la policía.
Petro retomó el proceso de Santos y en solo dos meses, según los funcionarios encargados de las pláticas, se logró retomar el rumbo interrumpido.
Además, la coincidencia entre la agenda reformista de Petro, exguerrillero del M19, y las consignas del ELN, un movimiento guevarista influenciado por la teología de la liberación, generaron la idea de que éste sería un proceso de paz relativamente sencillo.
Sin embargo, el ELN es una guerrilla federal, fragmentada y con poder creciente en las zonas cocaleras del país. Cada uno de sus frentes tiene cierta autonomía, incluso se enfrentan entre ellos. Su agenda política es ambiciosa y sus negociadores, oportunistas.
En diciembre, Petro anunció que cesaría los enfrentamientos con el ELN y luego, cuando se volvió insostenible policial y militarmente, se echó para atrás. Muchos lo interpretaron como un error de cálculo o un problema de método.
"El ataque en el Catatumbo es una forma de robustecer su posición en la mesa y decir que el proceso no es sencillo como se había pensado", asegura Kenny Sanguino, abogado experto en crimen de la Universidad Libre de Cúcuta, la ciudad más cerca del Catatumbo.
Pero, de parte del gobierno, Sanguino encuentra "problemas de estrategia, porque en la práctica no se están realizando operaciones en contra de estos grupos, mientras que ellos siguen ejerciendo la autoridad en las regiones".
2. Fracaso del cese al fuego con el Clan del Golfo
El grupo armado más grande del país en este momento no es el ELN, sino un residuo de los paramilitares dedicado al narcotráfico y la extorsión denominado Clan del Golfo.
El grupo no tiene fines políticos como la guerrilla. Petro no puede ofrecerles, a cambio de la desmovilización, reformas en busca de la justica social, por ejemplo. Por eso les ha propuesto reducción de penas si contribuyen al desmantelamiento del crimen organizado.
Ello implica procedimientos judiciales, como el levantamiento de órdenes de captura, que generan fuertes choques entre el gobierno y la Fiscalía.
Este grupo, como el ELN, ha intentado robustecer su posición de cara a la negociación a través de ataques y presión a la población civil.
Petro cambió la política de erradicación forzada de cultivos de coca, lo que ha disparado la producción y fortalecido las razones del Clan para no querer salir del lucrativo negocio del narcotráfico.
Hace dos semanas, el presidente colombiano anunció la interrupción del cese al fuego que había propuesto al Clan del Golfo después de que el grupo atentara contra de pequeños mineros y transportistas en dos zonas clave de la producción minera artesanal.
"No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades", dijo.
Fue la primera de las mesas de negociación que se rompió. El primer, pero ya no el único, golpe a la "paz total".
3. Los exFARC amenazados por disidencias fragmentadas y fortalecidas
El acuerdo de paz firmado entre Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla más grande del país, las FARC, entró en crisis durante el mandato de Duque: cientos de excombatientes fueron asesinados, una parte importante de los firmantes volvió a las armas y los que desde un principio se negaron a firmar se fortalecieron.
Esa tendencia no ha cambiado con Petro en el poder.
La semana pasada, el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño, aseguró que la "implementación del acuerdo de paz corre grave peligro", debido a las amenazas y desplazamientos que sufrieron firmantes en zonas supuestamente protegidas.
Los responsables de estos ataques fueron, según Londoño, grupos armados que se autodenominan disidentes de las FARC, también conocidos como el Estado Mayor Central, y buscan un estatus político para entrar en los procesos de negociación que propone Petro.
Las disidencias de las FARC son, en efecto, un entramado de grupos con diversos intereses integrados por nuevos reclutas más que por exguerrilleros con vocación política. Petro ha intentado presentarlos ante la justicia como miembros de la guerrilla, pero las autoridades insisten en que son criminales que deben someterse a la ley.
Juanita Vélez asegura: "Frente a las disidencias seguimos en el enredo de saber si la Segunda Marquetalia (grupo que firmó, pero volvió a las armas) tienen estatus político o no. Y el Estado Mayor Central (disidentes desde el inicio del proceso de paz con Santos) está recibiendo muy poca presión del ejército y eso hace que no tengan afán de sentarse a negociar".
Y Mantilla concluye: "En 7 meses el gobierno no logró mantener un capital político amplio para apoyar la paz total, tampoco logró consolidar una capacidad técnica alrededor de la idea de paz total y no diseñó una estrategia de seguridad que haga que se sienta paz en los territorios".
Petro llegó al poder bajo la bandera de la paz total en un país que lleva, si no 200 años, al menos 60 en guerra interrumpida. La condición de izquierdista y exguerrillero parecía ser una ventaja para el presidente.
Ahora está claro que ni siquiera esa condición, inédita e histórica, hace de la paz un objetivo fácil de alcanzar.
