Contexto general. El derrumbe de la mesa de diálogo para el Compromiso Transversal para la Seguridad que provocó el anuncio de indulto presidencial para 12 presos por delitos cometidos el 18-O y un ex frentista condenado por el asalto a un banco, impactó directamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y, particularmente, a la ministra Carolina Tohá. La iniciativa que empujó por más de tres meses, cayó al suelo justo cuando estaba a punto de concretarse un acuerdo, pese a las trabas del Frente Amplio y el PC.

  • El mismo jueves 30 de diciembre, día del anuncio del Presidente Boric, los partidos de Chile Vamos abandonaron la conversación. Primero fue la UDI, que emitió un duro comunicado. Y luego RN, Evópoli y Republicanos.
  • La ministra Tohá, quien no tuvo más que acatar una decisión presidencial que se fraguó durante varias semanas, quedó sin piso y sin respaldo de La Moneda para avanzar en la iniciativa.
  • Pero, ese mismo día apareció un aliado que no estaba en sus cálculos. El senador RN Manuel José Ossandón, quien representaba al partido en la mesa de trabajo, anunció que no se bajaba de las conversaciones.
  • Contradijo al presidente de la colectividad, Francisco Chahuán y a la bancada de diputados, que insistieron en restarse de la mesa.

Conversaciones reservadas. Según cercanos al senador, ese mismo día inició contactos con la ministra Tohá. Su determinación estuvo sustentada en que una decisión política, por más cuestionada que sea, no puede interrumpir un tema tan importante para los chilenos, como es la seguridad. Encargó a su equipo y a su asesor en la materia, el abogado Ronald von der Weth, ex secretario ejecutivo para la Reforma a las Policías en Piñera 2, y actual integrante de la Unidad Consultiva a la Reforma a las Policías, redactar un documento para presentarlo al Ministerio del Interior.

  • Se trata de 11 mínimos comunes para avanzar en la aprobación de un Acuerdo Nacional en materia de Seguridad, que lleva por nombre “Bases para la construcción de un Sistema de Seguridad Integral para el combate del terrorismo, crimen organizado y otros delitos complejos”.
  • Antes de remitirlo a la ministra Tohá, fue revisado y firmado por los 12 senadores de la bancada, quienes también aportaron sugerencias.
  • Eso significa, según informan desde la bancada, que todos están dispuestos a volver a las conversaciones, incluido el presidente de RN, el senador Chahuán.
  • Ya hay versiones que la propuesta ha tenido muy buena acogida en el Ministerio del Interior y los acercamientos pemitirían retomar las reuniones la próxima semana.

Los mínimos comunes. Uno de ellas es un punto de conflicto vigente, como es la crisis en seguridad en la Macrozona Norte. En este acápite, proponen decretar estado de excepción constitucional, designar un delegado presidencial para la seguridad con amplias facultades, repotenciar los complejos fronterizos, crear un centro humanitario del Centro Conjunto para las Operaciones de Paz en Chile (Cecopac); entre otras medidas.

  • Para la Macrozona Sur, sugieren reconocer la existencia de terrorismo en Chile y disponer la modernización de la ley; introducir indicaciones al proyecto de ley sobre modernización del delito de usurpación; solicitar la designación de un fiscal regional para la investigación de los delitos complejos y terroristas; creación de Tribunales Especializados para el conocimiento de causas relacionadas al Terrorismo, crimen organizado y lavado de activos, entre otras.
  • También piden colocar suma urgencia al proyecto que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado dotándolo de capacidad operativa e integrando la información con otras instituciones como Gendarmería de Chile, Unidad de Análisis Financiero, Servicio de Impuestos Internos y otros.
  • Proponen eximir del pago de contribuciones e impuestos territoriales a las víctimas del delito de incendio por un periodo de a lo menos 5 años y usurpación mientras perdure los ilícitos.
  • Sugieren implementar una Estrategia Nacional para recuperar y garantizar las capacidades policiales y la renovación continua de vehículos y herramientas, modernizar los equipos tácticos institucionales, entre otros aspectos.
  • Demandan ejecutar la propuesta del Sistema Nacional de Protección Ciudadana entregada a la Ministra del Interior para la creación y construcción de Centros Integrados de Respuesta a Incidentes, que concentre bajo un número único nacional (911), los más de 14 números de emergencias ciudadanas.
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