Qué observar. Este miércoles, el Presidente designó a dos ministras del Tribunal Constitucional, a partir de las vacantes que estaban desde el 11 de marzo. Se trata de Daniela Marzi Muñez, abogada de la U de Valparaíso y doctora en derecho de la U Autónoma de Madrid, y Nancy Yáñez Fuenzalida, directora del Centro de Derechos Humanos de la U de Chile.
Cercanía con el jefe de gabinete de Boric. Yáñez es abogada, doctora en Derecho de la U. de Chile, profesora asociada de esa casa de estudios y máster en derecho internacional de los DDHH de la U. de Notre Dame. En 2009 fue la profesora guía de la tesis de grado del jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, titulada “Territorio y autonomía de los pueblos originarios en Chile. Una mirada desde el ordenamiento jurídico chileno y la urgencia del reconocimiento”.
- En la introducción del texto, Meza-Lopehandía señala: “Manifiesto mis agradecimientos a la profesora Nancy Yánez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por haber estimulado mi interés en la problemática de los derechos de los pueblos indígenas y particularmente por su invitación a participar en el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas desde 2005. Dicha experiencia ha sido fundamental para conocer de cerca la realidad práctica y urgencia del problema del reconocimiento de los pueblos originarios en Chile, especialmente del mapuche, el más numerosos del país”.
- Militante de Convergencia Social, el partido de Boric, Meza-Lopehandía forma parte del grupo de amigos personales del Presidente que lo ha seguido en su tránsito político desde que fue presidente de la FECh en 2012. Más allá de que fue un apoyo a la labor legislativa de Boric -hasta antes del 11 de marzo se desempeñaba como asesor en la Biblioteca del Congreso- el abogado hacía de consejero político permanente del Mandatario.
- Hoy sigue siendo uno de sus hombres de mayor confianza. Participa en las reuniones con el comité político y la semana pasada recibió un piedrazo que iba dirigido al Presidente, durante una actividad en la Cuarta Región.
- Tras egresar de Derecho, Meza-Lopehandía se desempeñó como abogado del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde la nueva ministra del TC se desempeñó entre 2006 y 2016 como su co directora.
- En 2013, el abogado fue co autor del libro “Los pueblos indígenas y el derecho” junto a Yáñez y José Aylwin Oyarzún, hijo del ex Presidente Patricio Aylwin.
- La reseña del texto señala: “Luego de siglos de negación, dominación, imposición de políticas de asimilación -cuando no de exterminio- e integración forzada, en las últimas décadas hemos visto emerger a los pueblos indígenas como actores políticos relevantes en diversos Estados de América Latina”.
- Para algunos, la nueva ministra del TC es una referente del mundo indigenista.
- Su tesis de licenciatura trató sobre “Derechos Humanos de los pueblos indígenas en el derecho internacional y su implicancia en el caso chileno”. Meza-Lopehandía, por su parte, ha escrito que “los Pueblos Originarios podrán establecer sus formas de organización política, económica y social dentro de sus territorios”.
Quién es. En la página web de Saberes Colectivos, un centro de pensamiento del Frente Amplio, Yáñez aparece como una de las integrantes de su asamblea junto a los convencionales del FA Beatriz Sánchez e Ignacio Achurra y la subsecretaria de Hacienda Claudia Sanhueza (RD), entre muchos otros.
- En otros portafolios digitales se indica que, en los años en que estudió en la U de Chile, fue ayudante de reconocidos abogados, como Enrique Barros y la ex ministra Paulina Veloso. Por años ha sido profesora de Antropología Jurídica en la facultad de Derecho de la U de Chile, además de abogada de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas; Jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua de la Conadi e investigadora del International Work Group for Indigenous Affairs, de Dinamarca.
Qué piensa. En 2010, bajo el primer gobierno de Piñera, fue invitada al programa Tolerancia Cero a partir de una huelga de hambre de comuneros mapuche por la aplicación de la ley antiterrorista.
- Entonces, la abogada señaló: “La gran problemática de la ley terrorista en Chile es que la ambigüedad o la amplitud del tipo penal favorece la discrecionalidad a la hora de establecer su calificación y, por lo tanto, permite que se criminalice a quienes han realizado actos de protesta social que pudiendo estar al margen de la ley no necesariamente entran dentro del reducido margen que debieran tener este tipo de normativas”.
- “Si consideramos que cualquier acto que está destinado a arrancar una (decisión) de la autoridad constituye un delito de tipo terrorista la verdad es que estamos impidiendo que la ciudadanía, cuando no tiene canales institucionales para hacer exigibles sus derechos y utiliza la protesta social como mecanismo para hacer sus reivindicaciones, podría caer dentro del tipo penal”.
- En 2007 escribió junto a José Aylwin el libro “Gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el nuevo trato”. La reseña del texto indica: “Se presenta como un enfoque crítico –en diversos ámbitos– del gobierno de Ricardo Lagos, pero, en el fondo, pretende ser un traductor más y un altavoz de los sentimientos políticos profundos que los chilenos aún no han decidido manifestar con fuerza en el espacio público y en la historia. Su objetivo no es otro, pues, que ampliar la conciencia histórica de todos”.
- En 2020 aparece un artículo suyo en el Anuario de DDHH de la U de Chile, titulado “Derechos indígenas a los recursos naturales, al agua y al medio ambiente en el derecho internacional”.
- En la reseña del texto señala: “A partir del análisis del Convenio 169 y de la evolución de los estándares en el seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se verifica que el derecho internacional reconoce el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y, como consecuencia, el derecho sobre los recursos naturales que han sido tradicionalmente usados para su supervivencia, desarrollo y prosecución de su sistema de vida y costumbre”.
- En 2016 acudió al Congreso, a partir de la comisión investigadora relativa a la protección de los glaciares. Y, entre otras cosas, en su exposición señaló:
- “Volviendo a la legislación chilena, sus luces y sombras y particularmente los problemas estructurales que presenta el modelo chileno, en mi opinión la Constitución es la madre fundamental del mal que estamos abordando, por la forma en que pone en el mercado de bienes y servicios, recursos fundamentales, como son los del subsuelo, especialmente los hídricos”.
- “La afectación de los glaciares implica la afectación de derechos fundamentales. No obstante que aparece una acepción cliché, se suele olvidar en un escenario como el chileno, con la gran problemática que plantea la cuestión de los recursos hídricos, el exacerbado derecho de los privados. El derecho de la propiedad que el particular tiene sobre el agua ha sido puesto en la cúspide de los derechos fundamentales”.
Por qué importa. La Convención Constitucional ha avanzado sobre transformaciones profundas sobre el Tribunal Constitucional y el control preventivo de proyectos de ley, que aunque en 2020 representó el 0,58% de las causas, apunta a su controvertido rol de “tercera cámara”.
- Con todo, la designación de Yáñez fue este miércoles un comentario obligado entre algunos constituyentes, pensando que, en caso de que triunfe el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, el Presidente podría tener eventualmente un voto proclive a su administración.
- En 2013, Piñera designó a la jefa del Segundo Piso de La Moneda, María Luisa Brahm, como ministra del TC. Seis años después asumiría como presidenta del tribunal.
