Segundo Armando Catril Neculqueo nació en 1956 en Quidico, una caleta de pescadores al norte de Tirúa, en la Región del Biobío. Creció en una familia mapuche, por parte paterna y materna. Allí habría aprendido la importancia del “kume mongen” o “buen vivir”, que en la cosmovisión mapuche se asocia con un desarrollo armónico con la naturaleza, y que transmitiría más tarde a sus compañeros de faena, recuerdan miembros del equipo.

Se casó en Tirúa el 16 de septiembre de 1993 con Adela Melita Millahual. Tenía cuatro hijos, cuentan quienes lo conocieron. Uno de ellos, Juan Catril, estaba con él el 24 de mayo de 2022 cuando murió baleado. Era abuelo de cuatro nietos.

Trabajaba en una empresa contratista de la CMPC, en una obra ejecutada por el empresario local Santos Reinao, que tras el crimen llegó al hospital de Temuco donde murió Catril.

“Hacía tres años que trabajábamos con él en ese programa. Él era uno de los prestadores de servicio en la restauración en la ribera del lago Lleu Lleu; plantaba los árboles nativos. Le gustaba mucho el proyecto”, dijo Reinao por teléfono. “Era un hombre tranquilo, no era vicioso de nada y a sus 60 años era un hombre preocupado de trabajar, preocupado por apoyar a su familia, más que todo”.

Pertenecía a la comunidad Humberto Millahual de Tirúa, de la que había sido dirigente. Esa comunidad es una de las 11 que el 7 de abril de 2022 difundió una declaración en que expusieron los mecanismos de captación de adherentes de dos de los grupos radicales del sur: la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

“Movimientos armados como la CAM y Franja Lavkenche insisten en hostigar y estigmatizar a nuestros dirigentes”, dijeron en esa declaración, en referencia a Santos Reinao. “Dejamos claro a los winka (extranjeros) que vienen desde ciudades como Concepción o Santiago a infiltrarse en territorio mapuche, que el hecho de empuñar un arma no los convierte en weichave (combatientes), ni menos en mapuche”.

En abril de 2021, su comunidad ya había rechazado el término “yanacona” (traidor) con el que eran descritos por los grupos radicales en panfletos dejados tras los atentados. El origen de estas disputas era una toma realizada en 2018 en el fundo Choque, que zanjaron vía negociación.

“Para nosotros, lo importante siempre es nuestro territorio ancestral, pues es lo que define nuestras raíces como mapuche, y por el cual ya hay un acuerdo para su traspaso definitivo a nuestras comunidades con el actual titular del Fundo Choque, CMPC”, dijeron en abril de 2022.

Esa posición profundizó la distancia de su comunidad con los grupos radicales armados que afirman que la única vía aceptable de entrega de tierras son las tomas, muchas veces violentas, para lograr “control territorial”.

En mayo de 2022 Catril había vuelto a trabajar tras presentar una breve licencia. Santos dijo que fue por “un resfrío común”. Su regreso ocurrió los mismos días en que el gobierno anunció que se decretaría un estado de excepción constitucional “acotado” a las carreteras en las provincias de Arauco y Biobío y en toda la región de La Araucanía, para enfrentar la violencia en la zona.

El 24 de mayo de 2022, Catril y uno de sus hijos abordaron el bus blanco que los llevaría a una de las faenas. Iban “25 personas, hombres y mujeres”, dijo Reinao, muchos pertenecientes a comunidades mapuche de la zona.

Cerca de las 9 am, el bus fue emboscado en un camino rural a la altura del cruce Santo Domingo, cerca del límite entre Lumaco y Tirúa. Los tiradores dispararon a los vidrios, aparentemente, a matar. Uno de los tiros impactó a Catril en la cabeza. Otros dos trabajadores también quedaron heridos, pero sin riesgo vital, informó la fiscalía.

Catril fue evacuado en helicóptero al Hospital Regional de Temuco, donde a las 10:28 am lo operaron de urgencia. A la 1:20 pm fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos, con riesgo vital. Casi tres horas después, a las 4:05, se declaró su muerte. “Traumatismo cráneo encefálico abierto por proyectil de arma de fuego / homicidio”, dijo su certificado de defunción.

“Nuevamente la violencia ha cobrado una víctima. Lo dije esta mañana y lo reafirmo ahora: No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos ni que ese sea el rumbo del país”, escribió el Presidente Gabriel Boric en su cuenta de Twitter.

La CAM emitió una declaración asegurando no tener vinculación con el atentado. Ningún grupo radical se adjudicó su autoría.

La madrugada de este viernes —a dos años y cuatro meses del asesinato— surgió un antecedente que arrojó luz sobre los eventuales responsables. Durante la audiencia de formalización de cargos por el homicidio de Manuel Huenupil Antileo, de 48 años, ocurrido el 5 de mayo de 2022 a manos de presuntos integrantes del grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM), la fiscalía reveló coincidencias balísticas entre ambos crímenes.

Un informe pericial balístico del Laboratorio de Criminalística Cobertura Sur Temuco de la PDI presentado en la audiencia, examinó 112 vainillas calibre 12 y dos tacos de escopeta del mismo calibre levantados desde el lugar del crimen de Huenupil. El análisis mostró que los tiros pertenecían a por lo menos 14 escopetas diferentes, las que arrojaron 26 coincidencias balísticas. Entre éstas estaban las del homicidio de Segundo Catril.

El fiscal regional de La Araucanía Roberto Garrido dijo este viernes —tras la audiencia en que fueron enviados a prisión preventiva los ocho presuntos integrantes de la WAM— que “las armas que se utilizaron para atacar a Manuel Huenupil (…) también habrían sido utilizadas en el ataque a un bus de trabajadores forestales que realizaban labores similares. En este ataque falleció Segundo Catril”.

“La coincidencia balística por sí sola no es suficiente para acreditar participación, pero sí es un elemento muy interesante que tenemos que trabajar y tratar de complementar con otras de las diligencias que llevamos a cabo”, dijo.

Mientras Catril trabajaba para un contratista forestal, por lo que podía ser considerado un “traidor” por la WAM, Huenupil pertenecía a una comunidad que negociaba pacíficamente territorios, método rechazado por los grupos radicales. El caso por el crimen de Catril sigue abierto.

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