Nuevo golpe de la Fiscalía. Este viernes, la Fiscalía Regional de Atacama abrió una nueva investigación por convenios del Ministerio de Vivienda. En particular, esta vez fue luego de que se conociera un traspaso por $128 millones desde la Seremi del Minvu en Atacama hacia la Fundación Comprometidos.
- “Hemos recibido una denuncia para que se investiguen los hechos que han sido conocidos públicamente a través de distintas unidades de prensa, que involucrarían a algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos”, planteó el fiscal regional (s) de Atacama, Christian González Carriel.
- “La denuncia no viene por un delito determinado ni es contra una persona determinada, sino que es para que se investiguen los hechos. Nosotros como Ministerio Público, entonces, nuestra obligación constitucional y legal es iniciar una investigación para determinar si en estos hechos hubo o no delitos y, en el evento de haber delitos, si hay o no responsables de los mismos”, complementó el persecutor, quien anunció la iniciativa legal luego de sostener una reunión con la diputada Sofía Cid (RN), de Atacama.
- Esto se suma a las investigaciones por convenios que abrieron esta semana las Fiscalías en Antofagasta, Maule y Los Lagos. En las primeras dos, las principales figuras son seremis de Vivienda de RD, Carlos Contreras y Rodrigo Hernández, mientras que en la última la autoridad es el gobernador Patricio Vallespín (ex DC).
Nueva Seremi RD. En el caso de Atacama, la seremi de Vivienda es encabezada por Rocío Díaz, quien, al igual que Contreras y Hernández, es militante de RD.
- Revolución Democrática está en el peor momento desde su fundación, pues enfrenta la crisis con una directiva debilitada, tres nombres de seremis en la Fiscalía, la caída de la vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, y otras críticas políticas que piden la salida de la delegada presidencial en el Biobío, Daniela Dresdner, por sus vínculos con Democracia Viva.
- El convenio, en este caso, se firmó como parte del plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y villa El Cerro II de la comuna de Copiapó”.
- El argumento esgrimido en los documentos es el siguiente: “Considerando la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19, y el gran incremento de asentamientos Precarios en la región, especialmente en la capital regional, se ha detectado un aumento del uso de agua potable, por las familias en los diferentes campamentos de la comuna de Copiapó, lo que genera la necesidad de mejorar el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable, el que hasta el momento ha estado a cargo de la Municipalidad de Copiapó”.
Fundación de dirigente del PRO. Comprometidos fue inscrita el 24 de agosto de 2016, en Quinta Normal. La última elección de su directiva fue el 12 de diciembre de 2022 y la duración de esta es por dos años. A la cabeza está Sebastián Duarte Vergara, mientras que la secretaria es Sandra Alegría Contreras y la tesorera es Maricel Hidalgo Peña.
- De ellos el nombre más resonante es el de Sebastián Duarte, un ex militante del extinto Partido Progresista (PRO), cuya figura simbólica es el ex diputado y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami. Por dicha colectividad Duarte fue candidato a concejal en Quinta Normal y a diputado por el distrito 8. Perdió en ambas elecciones.
Los polémicos giros y los contratos. El 11 de junio de 2019 la fundación inició sus actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Su primer giro registrado fue por “actividades de clínicas veterinarias”. El 20 de abril de 2020, sumó entre sus funciones la “producción de películas cinematográficas, videos”.
- Con esos giros registrados en el SII, el 21 de diciembre suscribió un contrato con la Seremi de Vivienda de Atacama, por $128 millones, en tres pagos: dos de $32 millones y uno de $64 millones.
- Fue recién el 7 de marzo de 2023 cuando la fundación Comprometidos volvió a ampliar su giro de actividades, agregando capacidades para “asistencia social sin alojamiento” y “fundaciones y corporaciones”.
- La transferencia de $128 millones levantó las sospechas en Atacama. Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que enviaría a parte de su equipo para investigar la situación, añadiendo que: “Queremos tener un antecedente preliminar para, a partir de eso, definir una línea de conducta. Las cazas de brujas, al final, terminan siendo muy dañinas si no se hacen con fundamentos, con seriedad. Por eso nosotros queremos ser serios, y ojalá que todas las personas que tengan opiniones, antecedentes, que lo digan por los canales y hagan las denuncias correspondientes”.
