Seguridad pública. En noviembre de 2021, Boric marcó su posición sobre los presos del 18-O, de cara a la segunda vuelta. “No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”, dijo en La Red. Trece meses más tarde, como Presidente, firmó indultos particulares al condenado por el ataque a la catedral de Puerto Montt y a un sentenciado por participar de un saqueo y portar una molotov. El indulto a 12 presos del 18-O y al ex frentista Jorge Mateluna, detenido tras el asalto de un banco y que nada tenía que ver con el estallido, transita en línea distinta al discurso que levantó Boric desde la derrota en el plebiscito, marcado por el control del orden público, la prioridad de los chilenos en las encuestas y un factor que ha horado su popularidad. Ya a inicios de año, de acuerdo a Cadem, el 62% rechazaba la liberación de los presos de la revuelta y el 56% estimaba que eran delincuentes. Todo apunta a que el indulto tendrá un precio para Boric en los estudios de opinión, pese a que este viernes dijo que los beneficiados “son jóvenes que no son delincuentes”.
El flanco izquierdo. El proyecto de amnistía a los presos nunca voló en el Senado, ni por la derecha ni por la centroizquierda, más allá de que La Moneda apostó en un principio por endosar ese costo al Congreso y que durante su tramitación se hicieron correcciones para acotar el catálogo de delitos. Boric había mantenido en la segunda vuelta de su campaña su compromiso de indultar a presos del 18-O, en una señal hacia su electorado más duro. La presión de ese sector se hizo sentir este viernes, cuando familiares de los presos y el jefe de bancada de los diputados del PC, Boris Barrera, llegaron a la Plaza de la Constitución y planeaban entregar una carta dirigida al Presidente cuando se enteraron de lo ocurrido. Para algunos el indulto de Boric salda una deuda con los suyos, pero sobre todo reconecta con el electorado que votó por él en primera vuelta, ese 25% del cual nunca ha bajado en las encuestas y que ha resentido sus vaivenes tras la derrota en el plebiscito.
Tohá, la gran damnificada. El indulto supone un duro golpe a la ministra Carolina Tohá, que suspendió una vocería que tenía agendada para esta tarde para abordar el curso de las negociaciones que hace semanas lidera para sellar un Acuerdo Transversal de Seguridad, uno de los objetivos con que llegó a Interior después de la derrota del plebiscito. La secretaria de Estado había logrado significativos acuerdos en torno al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, pero sobre todo en la ley antiterrorista y los cambios a la inteligencia en Chile, dos agendas tan estratégicas como complejas. Pero el momento escogido por Boric para otorgar los indultos dinamitaron el acuerdo, luego de que toda la derecha se retirara de la mesa. Si la ministra se preparaba para avanzar en un acuerdo la próxima semana, lo que suponía un triunfo en su gestión, este viernes circuló la versión de conversaciones para configurar una mesa de trabajo de seguridad en el Senado, liderada por José Miguel Insulza (PS), Manuel José Ossandón (RN) y Jaime Quintana (PPD), pero sin la presencia del FA-PC. Está por verse lo que ocurra en el Congreso y cómo se recupera Tohá.
Improvisación y errores. A las 13.03, Presidencia informó que Boric había indultado a 11 presos del 18-O y a Jorge Mateluna. A las 15:13 circuló en el gobierno la información de que a 2 de los nombres incluidos en la lista no se les había otorgado el beneficio. Se trataba de Luis Castillo Opazo, condenado por atacar la oficina de Copiapó del Registro Civil (un órgano auxiliar de Justicia) y Sebastián Montenegro, condenado por porte ilegal de municiones en Antofagasta (fue descubierto con 2 cargadores de fusiles de guerra calibre 5.56, un delito sensible para un gobierno que ha promovido el desarme). Pero a las 16:21 Justicia emitió una nueva declaración sosteniendo que se habían añadido 2 nombres y que por “error” la Unidad de Comunicaciones del Ministerio “envió de manera incompleta la nómina de personas que fueron indultadas”. “Al advertir que faltaban dos nombres en el listado final, se envió la información correcta a Presidencia”. El error en una decisión de gran calado expuso a Boric y Ríos.
Marcela Ríos, en el ojo del huracán. RN anunció que impulsará una acusación constitucional contra Ríos a partir del error expuesto anteriormente. No está claro si la amenaza prospere. Lo que sí es un hecho es que el caso de los indultos ahondó la debilidad de la ministra, que ha conducido las dos negociaciones para sacar adelante la elección del Fiscal Nacional, las dos fallidas. El tercer proceso es incierto y a la socióloga se le atribuye un fuerte déficit de gestión política.
Silencio en la centroizquierda. Pocos parlamentarios salieron a respaldar la decisión de Boric. Y, por el contrario, el diputado socialista Raúl Leiva dijo a Ex-Ante lo siguiente: “No nos parece que se entreguen ese tipo de señales ad portas de un tema que es fundamental, como es el Acuerdo Transversal por la Seguridad que encabeza la ministra Tohá”. “Sobre los indultos no fuimos advertidos en caso alguno y también es importante analizar el tipo de delitos y las personas que van a recibir esa beneficio”, añadió. Igualmente crítica se mostró la ex DC Joanna Pérez y Jaime Araya (Ind PPD) fue uno de los pocos que respaldó la decisión. Buena parte de la centroizquierda no obstaculizarán el camino al Presidente, pero tampoco lo saldrá a apoyar.
El caso Mateluna. El primer intento de indultar a Jorge Mateluna, ex integrante del FPMR condenado por asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel el 2013, ocurrió el último día del segundo mandato de la ex Presidenta Bachelet, pero fue abortado por su ministro de Justicia, Jaime Campos. Ahora Boric agregó a Mateluna en la lista de indultados. Hasta ahora no existe una versión del gobierno de por qué Mateluna fue considerado, si no está relacionado con las revueltas del 18-O. A Mateluna ya lo habían indultado en 2004, a cambio de renunciar al uso de la violencia.
