La trastienda del día de furia de Carlos Montes

Sorpresa en calle Serrano. A las 9:54 de este jueves, con una orden judicial en mano, un grupo de efectivos de la PDI ingresó al edificio del Ministerio de Vivienda en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos.

• El operativo del ente persecutor realizado por los traspasos de la Seremi de Tarapacá a la Fundación EnRed Social tomó por sorpresa al guardia que los dejó entrar al Minvu, al Gobierno y al propio ministro Carlos Montes.
• La diligencia no se le había informado a partir de una cláusula del artículo 209 del Código Penal que permite no oficiar a las autoridades en caso de que se tema que “dicho aviso pudiera frustrar la diligencia”.

Reunión a puertas cerradas. Una vez adentro del inmueble, el fiscal Ríos y la PDI tuvieron una reunión con Montes y su equipo.

• Quienes estaban presentes en ese momento dicen que el inicio del procedimiento fue complejo, dado que la conversación con el fiscal fue tensa.
• Molesto, el ministro defendió con fuerza la idea de que el Minvu ya había respondido lo requerido por el Ministerio Público.
• Pero sobre la mesa seguía la versión de la Fiscalía, que durante la reunión insistió ante Montes que el Minvu no había respondido los 4 oficios que se le enviaron sobre la fundación EnRed Social, que saltó en el caso Convenios a partir de transferencias autorizadas en un solo día -el 8 de agosto de 2022- por un total de $1.060.619.263.
• La situación generó un momento muy incómodo.
• Montes dejó además en claro su desacuerdo por la forma en que se había llegado el procedimiento y los efectos comunicacionales que tenía, más allá de que la orden de allanamiento fue entregada por parte del Juzgado de Garantía de Iquique y que, para adoptar su decisión, debieron sopesar los antecedentes que justificaban la solicitud.

La reunión se extiende. El problema era que pasaban los minutos y la conversación seguía en lo mismo, señalan conocedores de lo ocurrido, sin que los efectivos de la PDI y el Ministerio Público pudieran comenzar el procedimiento.

• Mientras algunas personas entraban y salían del lugar, Montes habría sido informado de que efectivamente había al menos un oficio que no había sido contestado a la fiscalía de Tarapacá.
• Esta situación habría generado una fuerte molestia del ministro de Vivienda, quien ha enfrentado momentos difíciles en los últimas días a partir de la objeción que hizo la comisión especial investigadora del caso Convenios -le objetó una “reprochable inobservancia”- y la amenaza de que se entable una acusación constitucional en su contra.
• De ahí que, según la explicación de algunos personeros de gobierno, Montes apuntó directamente a una subalterna cuando realizó un punto de prensa junto a la ministra Camila Vallejo, cerca de las 13:00. “Mire, yo creo que lo mejor es que la persona que estuvo a su cargo esto que está por ahí, ¿dónde está?”, dijo.
• La funcionaria no se encontraba en el lugar.
• Sobre la asesora que no había contestado los oficios existen versiones contradictorias entre sí, pero todas apuntan a que habría sido Marcela Rivas, jefa de la División Jurídica del Ministerio. “No es Marcela Rivas. No es Marcela Rivas, primero que nada. Y en segundo lugar, ella es una jefa jurídica, una gran abogada, que lo ha hecho muy bien”, señaló Montes al ser consultado.

Un punto controversial. Quienes tienen detalles de la reunión relatan que desde la fiscalía solicitaron al ministro precisar información respecto del rol de Aldo Bastidas. Se trata del director de la Fundación EnRed Social, quien se encuentra en calidad de imputado y que hasta mediados de 2022 trabajaba como analista del programa Asentamientos Precarios.

• La primera respuesta que envió el Minvu a la Fiscalía habría sido exactamente la misma que la cartera habría entregado en la denuncia de agosto.
• En ella se planteaba que Bastidas trabajó desde el 2009 hasta el 31 de mayo de 2022.
• Además informaron que la Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad Urbana Spa, que inició actividades en el SII el 6 de julio de 2022 y que prestó servicios a la Fundación EnRed Social, “rindió una factura por $7.414.890, la que fue rechazada por el SII” y que los socios de dicha empresa eran dos personas: Una de ellas es Lorena Bastidas, hermana de Aldo Bastidas.
• No está clara la respuesta que dio en ese momento Montes en el diálogo con el fiscal.
• Lo que sí es un hecho es que el ministro dijo este viernes públicamente lo siguiente: “Hubo un oficio que se enredó en el camino y quiero decirle a ustedes que ese oficio que no se respondió era la historia laboral dentro del Ministerio del señor Bastidas, eso era todo. Y además descubrimos que eso lo habíamos enviado antes, entonces se hizo una gran exageración a partir de un hecho aislado”.
• La frase del secretario del Estado supuso exponer en público la discordancia entre su versión y la diligencia que perseguía la Fiscalía.
• En sectores del gobierno plantean que a la Fiscalía de Tarapacá no le contestaron más de un oficio y que incluso habrían otras fiscalías regionales que no lograron obtener respuesta del Ministerio de Vivienda.

La respuesta. Consultados, en el Ejecutivo señalaron que la conversación con el fiscal, más que tensa, fue franca y que el ministro no estaba molesto, sino que fue enfático.

• Y acerca del oficio sobre las funciones de Bastidas, en el Minvu se señala lo siguiente: “La fiscalía envió dos oficios. En el primero se pidieron los antecedentes de la denuncia, lo que se contestó en tiempo y forma. El segundo, era el oficio complementario cuya información fue entregada en su totalidad ayer al fiscal junto con otros antecedentes que no se habían solicitado pero que eran de utilidad para la investigación. Ahora esta información había sido puesta en conocimiento con fecha 14 de agosto a las fiscalías de Atacama y Maule que investigan a la misma fundación. Respecto del punto aludido, cabe señalar hemos entregado lo que se nos ha solicitado”.