Ex fiscal Manuel Guerra y delincuencia: “Tiene que haber decisiones fuertes”

-La vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, dijo que hay “una pandemia delictiva”. ¿Estás de acuerdo?

-El panorama es delicado. Hay evidencia de que el tema se ha agravado en el último tiempo. La tasa de homicidios ha crecido en el norte del país. En Arica hasta hace pocos días había 22 homicidios. Eso está muy por sobre lo normal. En Tarapacá tenían 25, que también es bastante para una zona que no es tan densamente poblada. Considerando además que por cada homicidio, hay muchos heridos. En Santiago también se ha visto una violencia creciente, que tiene que ver con el tráfico de drogas y con la mayor posesión de armas de fuego. Es una realidad que el propio gobierno ha admitido. Es un momento complejo.

-¿Dirías que la forma de organización y el nivel de violencia son distintos a los de las bandas locales?

-En los últimos años se han venido instalando organizaciones extranjeras que antes no tenían mayor fuerza en Chile. Siempre ha habido niveles de violencia altos en el país, pero un fenómeno reciente es el de organizaciones extranjeras instaladas en Chile. Estos son temas que cuesta erradicar o frenar en los países. Van a pasar varios años hasta que Chile adopte una política y luego logre resultados para frenar la instalación de organizaciones extranjeras en el país.

-Investigaste el crimen organizado cuando eras fiscal. ¿Qué aprendiste de estas organizaciones?

-La experiencia demuestra que se trata de organizaciones criminales que tienen por finalidad ganar dinero. Nunca hay que perder de vista eso. Aquí no se trata de hacer crímenes porque sí, tampoco de moralizar tanto las conductas que realizan o no. Aquí el objetivo siempre es ganar plata. No es otro que ese. Para eso necesitan una red territorial relevante. Segundo, son organizaciones jerarquizadas donde se distribuyen roles, a efectos de que la organización no dependa de una única persona, sino que se divide el trabajo para que las personas puedan ser reemplazables en caso de que alguna sea detenida o asesinada.

Por ende, pretender que solo luchando por buscar el encarcelamiento se va a solucionar el problema, es un error. Es un error histórico no sólo en Chile sino que en el mundo creer que se soluciona únicamente con cárcel.

-¿Y cómo se soluciona?

-Cuando hablamos de organizaciones criminales lo que he aprendido es que el acento tiene que estar puesto en el ataque a los bienes o a la economía que sustenta esto. Y eso se hace mediante lo que es la investigación patrimonial, pero además contando con herramientas que permitan privar de los bienes a quienes se dedican a cometer delitos en el marco de una organización criminal. No es lo mismo un delincuente que funciona aislado y solo, al cual si se le captura queda sin posibilidades de operar, que cuando hablamos de una organización. Cuando hay una organización, las personas son fusibles, se reemplazan unas por otras. Y por lo tanto, más que seguir a las personas, es más importante seguir la huella o la ruta del dinero. Lamentablemente, Chile todavía tiene pocas herramientas destinadas a investigar adecuadamente la situación patrimonial de las organizaciones criminales.

-¿Crees que grupos como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa están muy inflitrados en el territorio nacional?

– Ha habido hechos puntuales que dan cuenta de que en algunos lugares estarían actuando en Chile. El nivel de penetración sería aventurado asegurarlo. Parece ser que el Tren de Aragua tiene una estructura más estable en el país, porque es un hecho de la causa que una cantidad importante de ciudadanos venezolanos se han establecido en Chile, por lo tanto existe más posibilidad de contar con gente que trabaje para esa organización. Los carteles mexicanos pueden haber desarrollado operaciones concretas, pero dificulto que estén instalados en el país.

-¿Por qué el caso del Tren de Aragua es distinto?

-Uno ve una dinámica instalada, con homicidios, tráfico de drogas, gente en la cárcel; es decir, ya hay una situación que da cuenta de una organización mucho más estructurada en el país y que además trabaja para el exterior. Está instalada en el país, físicamente, y hay evidencia.

-¿Está relacionado con el aumento de consumo de cocaína en Chile?

-Eso influye, pero no creo que sea lo esencial. La demanda por droga generalmente es estimulada por la oferta. En la medida que haya un aumento de la oferta, sin duda que va a aumentar la capacidad de consumir. Ahí hay un desafío que se instala esencialmente en la frontera norte del país y en el control del territorio marítimo. La gran mayoría ingresa desde Bolivia, pero probablemente en el control marítimo tenemos las mayores vulnerabilidades, donde se están encontrando más droga.

-¿Crees que el ministerio del Interior y el gobierno tienen una adecuada comprensión del problema? Boric dijo que no iba a decir frases como que se acabó la fiesta para los delincuentes.

-Es muy bueno que la autoridad sea lo más prudente posible con los anuncios. Porque los anuncios normalmente generan expectativas difíciles de cumplir. En ese sentido, el no llenar de frases rimbombantes como se les acabó la fiesta o vamos a acabar con la delincuencias, creo que es bueno.

-¿Cómo analizas el Plan de Seguridad que presentó el gobierno?

-Siempre ha habido planes de seguridad, el tema es cuánto de aquello se cumple. Es un buen punto de partida. Pero si nos quedamos en las buenas intenciones, la verdad es que se logra poco. Tenemos un déficit de recursos especializados en las policías y en el ministerio Público, que son las principales agencias de persecución del delito.

Yo tendría ojo en entregar competencias a los departamentos de seguridad municipal. Porque no existen las mismas capacidades en los distintos municipios del país. Las inequidades en materia de recursos se traducen en inequidades en el combate contra la delincuencia. Las necesidades tienen que estar dadas por aquellos lugares donde ocurren más delitos, los más graves.

Lo que no me parece es que cuando se habla de estado de excepción en vez de decretarlo sin ambigüedades, se dice que va a ser acotado. Las decisiones de Estado hay que tomarlas; no hay que tener temor por aparecer como duro contra quien se debe ser duro. El gobierno trata muchas veces de no aparecer  muy duro, porque tiene temor de hablar con dureza respecto de la delincuencia.

-¿Ves una evidencia de algo más profundo ahí?

-Ahí hay un error. El lenguaje construye realidades y es necesaria una acción decidida. En un comienzo hubo ambigüedad para tomar una decisión que era obvia, como la de decretar estado de emergencia en la Macrozona Sur. Eso era evidente. Sin embargo, costó mucho sacarla adelante y hoy todavía hay una serie de prejuicios respecto de una cuestión que es consustancial a la existencia del Estado, que es el uso de la fuerza. No hay que tenerle temor al uso legítimo de la fuerza. Es parte de lo que es el Estado.

Un Estado que no hace uso de la fuerza legítima ante la ocurrencia de delitos, no es Estado. Es cualquier otra cosa. Lo que distingue al Estado es la capacidad de hacer uso de la fuerza cuando es necesario. Pero hay que hacerlo y tiene que declararse en términos claros y categórico.  Tiene que haber decisiones fuertes, que van a generar impacto, pero que son necesarias.

-¿Has visto un cambio en la ministra Izkia Siches?

-La he visto menos. Ha ido asumiendo un rol mucho más preponderante el subsecretario Monsalve, que claramente tiene condiciones políticas muy superiores. Eso es notorio. Estamos hablando de alguien que fue parlamentario, que tiene mayor experiencia, que además proviene de la zona de Arauco, donde fue diputado, y por lo tanto conoce el contexto del conflicto al cual se enfrenta. Probablemente cierta mejora en la conducción del proceso por la seguridad se ha dado por una mayor intervención del subsecretario Monsalve.