-Hay fuertes críticas a la manera en que el gobierno ha manejado el tema migratorio, ejemplificado en la compleja situación que vive la macrozona Norte. ¿Cómo las asume?
-Las críticas vienen de las posiciones más extremas, de esa izquierda que pide que entren todos, volver al 2017, con los vuelos LAW llenos de haitianos. No tienen asidero, porque los flujos disminuyeron de forma importante. La otra parte tiene que ver con la lógica del control fronterizo y eso no es responsabilidad del Servicio Nacional de Migraciones, sino de Carabineros. No había una herramienta efectiva para desincentivar el ingreso clandestino, porque las expulsiones estaban totalmente desestimadas por la Corte Suprema.
-La encuesta Cadem dice que un 79% desaprueba la política migratoria.
-Esa es una contingencia y se mezcla mucho con el problema del control fronterizo. No voy a entrar a comentar encuestas.
-Pero, ¿se hace cargo de esta desaprobación o hace una autocrítica?
-Siempre se puede mejorar. Recibimos el 2018 un departamento con un presupuesto mínimo, que estaba diseñado para atender a 400 mil migrantes cuando había 1 millón doscientos mil. Se trabajó una ley con un Congreso en contra, pero se sacó la ley, se iniciaron los procedimientos de reconducción, se establecieron prioridades. Se pasó de una política reactiva, donde llegaban los migrantes a una política activa, donde el extranjero entra a Chile con visa y con RUT.
Me hubiera gustado tener la ley antes, pero los trámites constitucionales, los reclamos, las idas a Contraloría, la discusión presupuestaria, por supuesto demoraron su entrada en vigor. Hubo avances importantes. Podría haber habido más avances, por supuesto. Siempre se puede mejorar. Yo creo que la gente olvida la situación que vivíamos en 2017.
-¿No se hace responsable, de alguna forma, de la situación en el norte que es caótica?
-Es un tema de orden público y de control fronterizo, habría que preguntarle a la subsecretaría del Interior, que es la responsable. Hay una confusión conceptual, Migraciones no ve control fronterizo. Yo no le puedo decir a Carabineros que vaya a tal punto para detener a tal persona. La materialización de las expulsiones la ve la PDI. Sobre el orden y los camioneros, yo tampoco tengo potestad sobre los tribunales, la fiscalía. Es importante entender cuáles son las responsabilidades de cada organismo.
-El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, a propósito del asesinato del camionero Byron Castillo, dijo que estaban entrando delincuentes a Chile, que Maduro había abierto sus cárceles. ¿Manejan datos sobre el tipo de migrantes que está llegando?
-El año pasado ingresaron de manera clandestina cerca de 40 mil venezolanos. En diciembre de 2018 entraron 39 mil en un mes. No tenemos evidencia que los extranjeros que estén entrando sean exclusivamente personas con antecedentes penales. Nosotros siempre priorizamos en las expulsiones administrativas a aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales. Lamentablemente, la Corte Suprema ha bloqueado expulsiones de extranjeros que han cometido delitos en Chile.
-Armando Morales, gerente general de la Cooperativa Caliche de Iquique, que reúne a pequeños empresarios transportistas, también decía que es normal que migrantes ilegales les tiren piedras a sus camiones. ¿Tiene antecedentes de estos hechos?
-Son de orden público. Lo que vemos es que por parte de organizaciones de DD.HH. y también por autoridades, especialmente internacionales, ha habido una lógica de generar una impunidad de los migrantes venezolanos. Justificando el ingreso clandestino, justificando saqueos, justificando acciones que claramente son injustificables, en una lógica de que todo extranjero que comete un delito es víctima de la sociedad. Nosotros creemos que esa lógica no hace responsables a las personas de sus acciones, va contra la cohesión social e influye negativamente en la relación entre nacionales y extranjeros.
-¿Dónde observa esa lógica?
-En el Frente Amplio y en varias organizaciones asociadas al tema migrante. Se culpa a instancias etéreas como la sociedad para justificar cosas que claramente son delitos y deberían ser causales de expulsión.
-¿También lo ve en el poder judicial?
-Hemos visto varios fallos. Uno de los que más me impactó fue uno en Punta Arenas, donde un ciudadano colombiano fue condenado por tráfico de drogas y porte de municiones. Y dos jueces de la Corte Suprema votaron en contra de expulsarlo. En otro caso, a un ciudadano venezolano condenado por robo con violencia, la Corte Suprema le revoca su expulsión por su nacionalidad. Una de las políticas de cohesión e integración más efectivas, que más ayuda a los migrantes a insertarse en el país, es que el nacional tenga confianza con él, y para eso a los que cometen delitos, a los que incumplen las normas, hay que hacerles cumplir la ley y expulsarlos.
Flaco favor le hace a los migrantes el Frente Amplio y el PC, que va al Tribunal Constitucional para evitar reconducciones de personas con antecedentes penales. Logran que se queden forzosamente en Chile. Y así se generan problemas de convivencia.
-¿Hay un buenismo, como se dice, en la izquierda chilena y en el próximo gobierno?
-Realmente es un escenario preocupante, porque hay más de 8 millones de migrantes en Latinoamérica sin empleo. ¿Debe Chile recibirlos a todos? ¿Debe haber una sanción a quien ingrese clandestinamente? Hasta el viernes la Corte decía que ingresar clandestinamente no era causal de expulsión, y las nuevas autoridades han ido avanzando a una lógica de que se viene un perdonazo.
Efectivamente la izquierda está ocupando un buenismo que sólo busca un perdonazo, pero eso no te va a resolver el conflicto. El buenismo de la izquierda va a agravar el problema de los migrantes ilegales. Porque va a incentivar el ingreso clandestino. Los extranjeros viviendo en carpa, en situaciones de pobreza o en campamentos no van a desaparecer por un perdonazo.
Dicen que debemos darles vivienda a todos. ¿Y cómo va a afectar la relación con los nacionales si le das casa a todo extranjero que ingrese clandestinamente? Cuando hay nacionales que llevan más de diez años esperando.
-Hay que decir que Boric reculó y cambió de opinión.
-Cambió el nombre, pero su encargado de migraciones dijo que en seis meses iba a tener alojamiento para todos los migrantes.
-Esta nueva ley, ¿de qué manera cambia la institucionalidad sobre el tema?
-Se crean los servicios y sus direcciones regionales. Se mantiene a Carabineros en el control de fronteras, a la subsecretaría del Interior el orden público, pero es responsabilidad del Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales lo que tiene que ver con el otorgamiento de permisos, las sanciones, las prohibiciones de ingreso y expulsiones.
-¿Se rigidiza el sistema de visas?
-Se termina con esta lógica de turismo laboral, donde los extranjeros venían como turistas y acá cambiaban su condición migratoria, que se dio en 2017, con los haitianos, y el 2018 con los ciudadanos venezolanos. Hace que se sinceren las razones por las cuales vienen al país. El que entra como turista sale como turista. El que se quiere venir a vivir a Chile entra con visa y con RUT.
Además, se crea el Consejo de Política Migratoria, y una propuesta de política migratoria integral. Tenemos una propuesta que fue trabajada con 37 subsecretarías, que está en Segpres, para la revisión posterior a la Contraloría
-Algunos de los puntos más polémicos son la simplificación de las expulsiones y las “reconducciones”. ¿Cómo funcionan?
-En términos de expulsiones, ya no es necesario hacer la denuncia por el ingreso clandestino para hacer un procedimiento penal. Eso significa que los carabineros cuando encuentran a alguien que ingresó clandestinamente no tienen que llevarlo al cuartel más cercano a hacer la denuncia. Se simplifica lo que tiene que ver con el procedimiento de expulsión administrativa.
La reconducción es una figura nueva: cuando el extranjero intenta ingresar clandestinamente, normalmente desde Bolivia, se le dice que no puede ingresar, que debe mantenerse en el país donde está en tránsito y se le pone una prohibición de ingreso por seis meses. Si quiere después entrar, tiene que hacerlo con visa, por el paso fronterizo.
-¿Se juntaron con la familia de Bryan Castillo?
-No, pero lamentamos enormemente lo que ocurrió en el caso de este joven camionero que iba a ser papá. Tenemos tolerancia cero con los extranjeros que cometen delitos, porque lo único que hacen es generar prejuicios con la misma comunidad migrante. Extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados.
-¿Debería extenderse el estado de excepción?
-Hay que ver la efectividad, pero hay una necesidad de dar señales claras, y de transmitir un mensaje a los extranjeros. Va a ser muy interesante observar qué hace la próxima administración, especialmente porque fueron ellos mismos, el PC y el FA, quienes fueron al TC para eliminar la reconducción y la potestad del gobierno de implementar visas. Lo que sí tenemos es que hay perdonazo por parte de las nuevas autoridades que vienen.
-El alcalde de Colchane, Javier García, dijo que hubo improvisación en la puesta en marcha de la ley. “Se vio una confusión, falta de capacitación, desorientación”. ¿Qué responde a esta crítica?
-Decir que faltó preparación para una ley que se discutió ocho años, es conocer muy poco de la normativa migratoria. A su vez, todos los migrantes que fueron reconducidos ayer (alrededor de 80), estaban en territorio boliviano y se mantuvieron en territorio boliviano. Por lo tanto, nos gustaría ver una propuesta que fuera un poquito más constructiva. Nos parece extraño que el alcalde no postulara a los fondos de inclusión migrante, donde más de cien municipios, van a recibir hasta ocho millones. También nos parece curioso que no haya trabajado junto con el gobernador la propuesta de política migratoria integral. Nosotros creemos que hay un desconocimiento relevante y un aprovechamiento para figurar en los medios que no se conlleva con la necesidad real que tiene la ciudadanía y la región de Tarapacá.
