Para la Cancillería chilena, el verano debió ser un período tranquilo de recuperación luego de un año en que sus desinteligencias batieron los récords de lo conocido en democracia.
Sin embargo, en poco más de tres semanas, pasamos del bochorno del audio filtrado en CELAC, revelador de la precariedad y división de su plana mayor, a la tragedia nacional de los incendios y la indignación por la automarginación de la Canciller del trabajo en terreno emprendido por sus colegas, y finalmente a la carta del Grupo de Puebla y a las críticas a la respuesta del gobierno ante la interferencia ejercida desde el exterior contra el Estado de Chile.
El área exterior es flanco permanente del gobierno. Ni siquiera en verano esto deja de ser así, y la causa es la debilidad indisimulable de sus directivos. Otrora plataforma de lucimiento y positiva percepción ciudadana, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno hoy es protagonista permanente de escándalos. De no mediar cambios en breve, las chambonadas diplomáticas nacionales podrían inspirar no sólo caricaturas en prensa escrita sino series cómicas de televisión (la BBC lo hizo con éxito hace años con las series “Yes, Minister”, y “Yes, Prime Minister”, donde la incapacidad de miembros del gabinete genera la burla constante de profesionales de la administración pública).
En efecto, dejando de lado a la subsecretaria Fuentes -cuyo desempeño está lejos de críticas-, el singular talento del equipo directivo de Cancillería es elaborar libretos que pretenden reducir las crisis del ministerio, pero terminan agravándolas. Esto está minando el prestigio y credibilidad no sólo de nuestra diplomacia, sino de la administración Boric como un todo. Los casos de cómo se han intentado apagar fogatas con bencina son muchos.
Por ejemplo, ante la alegación de que Chile ha violado el espacio aéreo de Argentina – luego de la cumbre Mercosur-, se ha afirmado ante las cámaras con total tranquilidad que “esto ha ocurrido muchas veces”. Se han reclamado como propios, en el último día del año, los hitos relativos al TPP-11 y al Acuerdo con la UE, aunque este gobierno haya boicoteado ambos.
Se ha sostenido que el problema del audio filtrado no es el fondo -denigrante y peligroso- de la conversación sino el mero aspecto comunicacional, el hecho que la funcionaria “no fue autorizada” a grabar, aunque hacerlo habría sido el modus operandi de este grupo de amigos que presume de la cercanía que se dispensan. No se aplicaron sanciones a los demás participantes del audio (al contrario, trasciende que se considera promoverlos).
Se ha alegado que la filtración “no tuvo consecuencias” porque así lo dijo -haciendo un favor a Boric- el Presidente argentino, como si ningún otro gobierno en el mundo reparara en el bajo nivel actual de la diplomacia chilena.
Y finalmente, se ha creído que una crítica política (Canciller falla en apreciar la magnitud de la emergencia y se margina del trabajo presencial en zonas calcinadas), puede enfrentarse con un argumento legal (las vacaciones son un derecho laboral), como si un Secretario de Estado fuera un trabajador como cualquier otro.
Tres comportamientos son comunes en las innumerables desprolijidades del último año. Uno, considerar que las críticas recibidas son todas motivadas políticamente, ilegítimas, mala leche. Esto explica que nunca se asuma algún tipo de responsabilidad personal.
Poner la cara y hacer admisión de análisis de la situación, de fallas habidas, y hacer promesa de enmendar errores incluso sin entrar en detalles, humaniza y engrandece a quien lo ejecuta, sobre todo si el error es colectivo, o si la decisión en cuestión efectivamente fue tomada por otros. Pero en el gobierno de la superioridad moral, no hay culpas propias. Errar es humano, pero ellos, en cambio son divinos, simples víctimas de errores ajenos.
Dos, negar la realidad a rajatabla. No es honesto señalar con satisfacción que se han “continuado los principios básicos de la política exterior”, cuando el programa de gobierno indicaba en buena medida su ruptura, y la moderación ha sido adoptada a regañadientes, por presión del Congreso y la opinión pública.
Basta mirar los hechos: este gobierno no se guía por líneas históricas de política exterior sino por pulsiones, como el sentimiento antimonárquico (impasse con el Rey Felipe VI), antiestadounidense (impasse con John Kerry y la exigencia de trato igualitario, como si no existiera en la actualidad), antiisraelí (negativa a recibir las cartas credenciales del Embajador de Israel y otras instancias de maltrato, incluyendo olvidar agradecer la ayuda para combatir incendios), la utopía regional (romántico sueño de una mayor integración, no obstante los enormes brechas que separan nuestras institucionalidades y economías), y la auto-atribución de un liderazgo primus inter pares, fundado en la fantasía, para darse el gusto de sermonear al gobierno de un país vecino, e indicarle qué hacer en el manejo de una delicada crisis.
Tres, L’Etat, c’est moi: confundir lo personal y lo institucional. Al mismo tiempo que se reclama una animadversión personal, se sostiene que las críticas a las cabezas equivalen a críticas a los funcionarios rasos, que hacen el mismo trabajo sin importar quién sea la jefatura. Además, hay incapacidad de percibir que el interés del Estado es superior a toda simpatía o antipatía personal; y que su resguardo demanda tanto la distancia con el amigo que vulnera nuestra soberanía, como autocontrol cuando las crisis de otros tientan la crítica aleccionadora.
¿Tendrá algún manual básico de relaciones internacionales el asesor en la materia del Presidente Boric? La pregunta es real, porque este gobierno no sabe cómo se conjuga la regla básica de la convivencia internacional: la no intervención en asuntos internos.
Y en este último punto, a propósito de la Declaración del “Grupo de Puebla”, debemos detenernos. Este foro de dirigentes de izquierda, mayormente de categoría liviana (es cosa de leer detenidamente la lista de firmantes, hay pocos famosos), ha perdido envergadura al aceptar ser usado para fines personales, pro causa sua, por un ciudadano chileno de a pie, a fin de que los firmantes presionen a la justicia chilena en una investigación sobre corrupción.
La declaración apunta a que este ciudadano chileno, acusado de corrupción, sufriría lo mismo que alega la Vicepresidenta argentina respecto de sus propias acusaciones de corrupción: “lawfare”, esto es, que la justicia chilena actúa capturada por la derecha. Se trata de un argumento técnicamente absurdo a la luz de los hechos del proceso y desarraigado de todas las mediciones de calidad del Estado de Derecho, donde a nivel regional Chile lidera, y Argentina en cambio evidencia serios problemas de gobernanza enraizados a todo nivel en el Estado.
Es preocupante además el hecho que el Presidente Boric haya saludado en video el encuentro del foro donde se firmó esta declaración, les haya deseado a los firmantes “éxito en las reflexiones”, mencionando explícitamente “entiendo que discutirán sobre lawfare”, y destacando la asistencia de “la representante de nuestro país en el Foro, nuestra compañera Karol Cariola”.
¿Sabía de antemano Boric de que el grupo se insmiscuiría en asuntos internos de nuestro país? El hecho que Alberto Fernández, único Presidente en ejercicio entre los firmantes, se sienta con la libertad de entrometerse en asuntos internos chilenos, naturalmente ha levantado alarmas.
Podemos especular que este es el precio cobrado por minimizar las ofensas a su embajador en Santiago reveladas en audio ya referido; pero el hecho es que los reclamos de su embajador ante el Congreso dan cuenta de una actitud donde Chile es visto no como un igual sino como un hermano menor, que debe guardar reverencia al mayor y reportarle cosas por adelantado.
Además, para quienes se fijan en los detalles, el lenguaje no verbal en encuentros bilaterales transmite algo parecido (Fernández siempre agarra a nuestro Presidente de la nuca, gesto que los padres hacen a los niños, y que no se ve entre iguales. La historia remota y reciente de la diplomacia global muestra que estos gestos no son baladíes).
