El origen del requerimiento. Ayer, los diputados UDI Felipe Donoso, Juan Antonio Coloma, Flor Weisse, Renzo Trisotti, Daniel Lilayú, Fernando Bórquez y Henry Leal, presentaron una solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) para que el ente fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de los indultos otorgados por el Presidente de la República el 30 de diciembre pasado.
- Concedió 13 indultos particulares, 12 de ellos a condenados en el marco del denominado “estallido social” y uno al ex frentista, Jorge Mateluna, que cumplía condena por el asalto a un banco.
- La CGR despachó hoy un oficio el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública donde le remite copia de la presentación de los parlamentarios y le solicita responder el requerimiento en un plazo de diez días hábiles.
- Con esto, la oposición mantiene vigente la crisis desatada por los indultos y abre un nuevo capítulo en la crisis. A esto se suma la acusación constitucional donde se espera que surjan nuevos elementos.
- El nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, quien asumirá el cargo en las próximas horas, deberá responder la solicitud de la Contraloría y remitir el informe con los argumentos jurídicos que se tuvo a la vista para conceder los beneficios.
- La anterior titular, Marcela Ríos, debió renunciar el viernes al cargo “debido a que hubo desprolijidades” en el proceso, según declaró el propio Presidente Boric.
La exigencia legal. En el documento, el organismo fiscalizador pide que se le informe sobre documento señala: “Pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos copia de la presentación formulada por la Bancada de Diputados de Unión Demócrata Independiente, a fin de que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley número 10.336, se sirva informar a este Organismo de Control al tenor de lo allí expuesto, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio”.
- En el oficio enviado a Jorge Bermúdez, los parlamentarios de la UDI dicen que el 30 de diciembre la actual administración de gobierno informó públicamente que el “Presidente de la República, S.E. Gabriel Boric Font, decidió conceder 13 indultos particulares, 12 de ellos a condenados en el marco del denominado “estallido social” y uno al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna Rojas”.
- Agrega que “como Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente queremos solicitarle, respetuosamente, que pueda pronunciarse al tenor de las presentaciones que hicimos sobre los decretos presidenciales con los que se indultó a Luis Arturo Castillo Opazo y a Jorge Mauricio Mateluna Rojas, por cuanto mantenemos la absoluta certeza de que ambos decretos no se ajustaron a derecho y que, por lo tanto, corresponde ordenar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adopte -a la brevedad posible- todos los actos concernientes a dejar sin efecto dichos decretos supremos”.
Los delitos previos. En el caso particular de Luis Castillo, él habría sido condenado por otros delitos previos, los que han sido conocidos públicamente a través de medios de comunicación. Se han dado a conocer cinco condenas, correspondientes a los delitos de hurto (dos en el año 2005), lesiones (en el año 2006), robo con violencia (en el año 2006) y robo por sorpresa (en el año 2017).
- A lo anterior se suman las condenas sobre las que recae el indulto, consistentes en seis delitos de desórdenes públicos, tres delitos de daños simples, cuatro delitos de robo en lugar no habitado y un delito de daño calificado, según se consigna en el texto del Decreto.
- El Decreto Nº3234 no detalla los fundamentos que darían al caso de Luis Castillo el carácter de calificado, que justifiquen su distinción de un indulto común, al que se le aplican las reglas generales del artículo 4º de la Ley Nº 18.050. Corresponde a la autoridad de la que emana el Decreto la exposición de motivos fundados que justifiquen dicho carácter calificado, lo que no concurre en el caso.
- Otro tipo de información que fue surgiendo apunta al carácter delictual de ambos beneficiados, en los que Gendarmería advirtió -sólo dos semanas antes de otorgarse los indultos- que tanto Sebastián Montenegro como Luis Castillo presentaban un “alto compromiso delictual”. Incluso, este último llamó a la “insurrección” tras salir en libertad.
- Como lo establece el Artículo 4° de la Ley 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, deberán denegarse las solicitudes de indulto a un condenado cuando “se tratare de delincuentes habituales o de condenados que hubieren obtenido indulto anteriormente”, lo que aplica para los casos mencionados precedentemente.
“No nos inquieta”. Conocido el requerimiento de la Contraloría, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, salió a bajar la tensión por la solicitud . “Al menos como Ejecutivo, no nos inquieta”, dijo en Valparaíso, al término de la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Congreso.
- Planteó que “el Ejecutivo ha dicho varias veces que todo este procedimiento se hizo de acuerdo a la ley, con todos los cuidados respectivos; pero la Contraloría es un órgano contralor y a solicitud de los parlamentarios puede solicitar los antecedentes”.
- “El ejecutivo considera normal que la contraloría solicite antecedentes cuando hay una inquietud de parlamentarios. Nada nuevo que agregar”, concluyó la autoridad.
