El desembarco de Providel. El 20 de diciembre, tras la salida de los abogados Lino Disi y Cristián Arias, la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en manos del defensor metropolitano norte, Víctor Providel. Nunca estuvo del todo claro si había sido una decisión del imputado por violación y abuso sexual de una subalterna, como aparentemente ocurrió, o si ellos decidieron dar un paso al costado tras un proceso que ya había dejado fuera a la abogada María Inés Horvitz.
- Cercanos a la causa sostienen que el equipo estaba fracturado hace semanas y que Monsalve no estaba conforme con el desempeño de ambos abogados. Sus relaciones habrían llegado, señalan, a un punto de no retorno.
- Además, aseguran que el problema podría estar en los recursos económicos que debía desembolsar el imputado en un caso de connotación pública, lo que supone altos honorarios. Lo que podría ocurrir —dicen conocedores de la causa— es que un grupo de abogados apoye la defensa, pero de manera extraoficial.
- Providel debutó tres días después, el 23 de diciembre, en una reunión con los fiscales del caso, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, en la que participó la ex autoridad. En esa cita —que se realizó en la Fiscalía Centro Norte— se acordó postergar la declaración de Monsalve por el uso de los gastos reservados de Interior y el alzamiento del secreto bancario, en la arista que investiga Jacir. Esta última diligencia se concretó la semana pasada.
- Según cercanos a Monsalve, está conforme con el desempeño del nuevo defensor, que enfrentará su primer gran desafío en la causa el 7 de enero. Para esa jornada está programada la declaración del ex subsecretario por la causa por delitos sexuales.
Los honorarios de la nueva defensa. Según la ley, la Defensoría Penal Pública ofrece servicios jurídicos a “todos los imputados o acusados que carezcan de abogado y requieran de un defensor”. Aunque sus servicios normalmente son gratuitos, la normativa establece que se “podrá cobrar, total o parcialmente, la defensa que preste a los beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla privadamente”.
- Pese a que el factor económico habría pesado a la hora de que Monsalve cambiara a su equipo jurídico, desde la Defensoría aseguran que el ex subsecretario deberá pagar por su defensa al término del proceso penal, debido a que contaría con los recursos para acceder a un abogado privado.
- En el organismo indican que sólo se exceptúan del pago:
- Imputados o acusados cuyas causas se tramiten por Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
- Personas adscritas al Registro Social de Hogares en los tramos de hasta 90% de mayores ingresos o vulnerabilidad.
- Migrantes procedentes de países del Mercosur: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.
- Adultos mayores de 60 años.
- Condenados a penas privativas de libertad efectiva.
- Personas con certificado de discapacidad.
- En esas circunstancias, Manuel Monsalve debería desembolsar diversos honorarios dependiendo de las gestiones que realice el defensor Víctor Providel. Durante la etapa de derivación, el costo de los peritajes es variable, según la cantidad de gestiones.
- En el caso del sobreseimiento definitivo —que podría incluir una conciliación, una sentencia en juicio de acción privada o una sentencia en juicio oral simplificado efectivo—, debería pagar 8 unidades tributarias mensuales (UTM / $538 mil). El valor sube a 16 UTM (poco más de un millón de pesos) con una sentencia de término en juicio oral abreviado y a 48 UTM para un juicio oral (cerca de $3,2 millones).
- “Una vez finalizada la causa, y habiendo tenido información del SII y otros sistemas con los que cuenta el Estado, se emitirá una resolución que dará cuenta del valor de los honorarios que esta persona tiene que pagar. Estos honorarios serán pagados en la Tesorería General de la República, pues todos esos ingresos van a los fondos generales de la Nación”, explica la defensora nacional (s), Inés Rojas.
Los escenarios de Monsalve. Pese a la conformidad de Monsalve con los servicios de Providel, todavía no está zanjado que su representación judicial quede en manos de la Defensoría Penal Pública. Cercanos al ex subsecretario le han recomendado mantenerse con el actual defensor, dada su trayectoria de 20 años en la institución, donde ha sido jefe de estudios en las regiones de O’Higgins y Arica y actualmente se desempeña como defensor local jefe para Santiago de la Defensoría Metropolitana Norte.
- Pero, otros miembros de su círculo le han sugerido contratar a abogados privados, pues la Defensoría Penal Pública tiene dependencia administrativa del Estado, cuestión que no termina de convencer a parte del entorno de Manuel Monsalve.
