El pasado lunes 7 de agosto se publicó finalmente en el portal de transparencia activa de la Dirección de Presupuestos, las declaraciones de patrimonio e intereses de la directora de dicha repartición, Javiera Martínez Fariña. La ingeniera civil industrial en minas, asumió el cargo el 11 de marzo de 2022.
La Ley 20.880 señala que las máximas autoridades deben entregar esta declaración jurada dentro de los 30 días siguientes a la asunción del cargo y el documento debe publicarse en el sitio web institucional.
En Dipres señalaron que Javiera Martínez entregó oportunamente sus declaraciones en marzo de 2022 y apuntaron a un problema de Contraloría el no haberlas publicado en los portales de transparencia.
Sin embargo, en Contraloría rebatieron esta versión, señalando que la directora de la Dipres hizo su declaración bajo un numeral equivocado: ella tenía que declarar por el numeral 1 como alta autoridad, pero lo hizo bajo el numeral 10, que son las declaraciones de funcionarios que no deben publicarse.
Contraloría se contactó con la Dipres y la directora subsanó el error esta semana.
Pero no fue el único descuido en el documento. En su primera versión Martínez no declara ningún patrimonio ni intereses salvo un trabajo previo de “gestión e implementación de políticas públicas en municipalidades”, sin especificar detalles.
Tampoco menciona a sus familiares directos.
Frente a esto, Contraloría solicitó una rectificación a su declaración, y el 3 de enero de 2023 Martínez incluyó en el documento el nombre de sus padres y hermanos como pide la Ley.
El 31 de marzo, entregó una nueva declaración por actualización anual en donde incluyó la compra de un bien inmueble en Providencia a través de un crédito hipotecario.
Sin embargo, en ninguna de las declaraciones juradas Javiera Martínez mencionó su cargo como directora -entre octubre de 2020 hasta marzo de 2022- de las Fundación Rumbo Colectivo, centro de estudios ligado a RD, partido donde ella milita.
Esto pese a la obligación de declarar cualquier actividad profesional, laboral, económica, gremial o de beneficencia, remunerada o no, que las autoridades hayan ejercido durante los 12 meses anteriores a ejercer el cargo.
Consultados en las Dipres, señalaron que se rectificará la declaración, para agregar este dato faltante.
