Qué observar: Jackson anunció este lunes una de las primeras acciones que, según dijo, realizará el presidente electo, una vez que llegue a La Moneda, el 11 de marzo: retirar las querellas por Ley de seguridad interior del Estado presentadas en el marco del 18-O.
- “Las querellas por Ley de seguridad interior del Estado por cierto que van a ser retiradas en el minuto en que Gabriel Boric asuma como presidente, eso es un compromiso”, dijo a Radio Cooperativa. “Han generado que muchas personas hoy estén con medidas cautelares que no tienen ningún sentido”.
- De acuerdo con estadísticas del Ministerio del Interior, entre el 18 de octubre de 2019 y el 7 de julio de este año se presentaron 219 querellas en la Región Metropolitana con esta figura legal, en contra de 1.073 personas. La fiscalía formalizó cargos por este delito a 15, 11 de los cuales han sido condenados bajo esta figura, que aplica agravantes a los delitos. Ninguno está actualmente en prisión preventiva.
- En los demás casos, cuando la fiscalía formalizó cargos, lo hizo por robo en lugar no habitado. Fuentes conocedoras de los procesos explicaron que un eventual retiro de las querellas tendría un efecto nulo en los procesos en curso. Explicaron que la aplicación de esta norma permite al Ejecutivo ser parte de los procesos penales, lo que en términos legales se conoce como “legitimación activa”.
- Jackson enmarcó su anuncio en el paquete de medidas que se adoptarán respecto del 18-O, en que Boric pasó de apoyar abiertamente el proyecto de indulto a los presos del estallido social a advertir, tras llegar segundo en la primera vuelta, que “no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”.
- Este lunes, tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda, Boric fue consultado por el tema. Y se mostró cauto en la materia: “Respecto de las querellas estamos conversando con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, vamos a revisar caso a caso como corresponde y en esto es mejor no anticiparse, estamos trabajando en ello”.
Las querellas donde se imputó y condenó bajo esta ley: Barricadas incendiarias, ataques al Metro y saqueos están dentro de los delitos donde el gobierno se querelló bajo esta figura legal, y el Ministerio Público imputó y condenó a los presuntos responsables.
- Neumáticos encendidos en la línea del tren: A las 6:45 am del 30 de octubre de 2019, al menos 3 personas encendieron neumáticos y los lanzaron sobre las líneas férreas construidas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, al sur de Santiago. Las barricadas bloqueaban el paso de las máquinas, arriesgando que se descarrilaran. “Nada de migajas, a tomarnos todo”, se leía en los panfletos encontrados por Carabineros.
- El 19 de octubre de 2020, Esteban Bustos Burgos, Gilberto Mendoza Silva y Rubén Rivas Rivas fueron condenados en un procedimiento abreviado a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, por la Ley de seguridad del Estado. Se aplicó remisión condicional de la pena por su irreprochable conducta anterior, que les permite cumplirla en libertad.
- El profesor del Metro: El 17 de octubre de 2019, cuando ya circulaba por redes sociales el llamado a saltar torniquetes, el profesor de matemáticas Roberto Campos Weiss, en compañía de al menos otras 6 personas, comenzó a gritar, aplaudir e incitar a romper los torniquetes de la Estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro. También pateó uno. Estuvo 56 días en prisión preventiva y la fiscalía pidió, en su acusación, 5 años de cárcel por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado y 3 años por daños agravados. Su defensa recurrió al Tribunal Constitucional imputando la calificación de Ley de seguridad interior del Estado en su caso. Argumentaron que la norma se ha utilizado históricamente de manera política. El tribunal paralizó la causa en abril. Él permanece con orden de arraigo.
- El saqueo en Santiago centro: A las 3:10 pm del 12 de noviembre de 2019, al menos 4 personas forzaron las cortinas metálicas que protegían el local de artículos de belleza “Maicao” de la Alameda, en Santiago centro. Robaron delineadores de ojos, pastas de dientes, esmaltes de uña, crema lechuga, tintura para barba, entre decenas de otros artículos. Los 4 fueron formalizados por Ley de Seguridad interior del Estado.
- El 5 de agosto de 2021, Jorge Hupat González fue condenado a 540 días por robo en lugar no habitado y a 91 días por atentado contra el orden público, en el marco de la Ley de seguridad interior del Estado. Se dieron por cumplidas sus penas por el tiempo que permaneció privado de libertad. El 31 de agosto de este año, Christofert Maureira Pino fue condenado a 301 días y 61 días presidio menor en su grado mínimo, por estos mismos delitos. Se le aplicó remisión condicional de la pena. Dustian Ferreira fue declarado en rebeldía por incumplir su medida cautelar de ir a firmar. Esteban Quezada murió el 13 de julio, en libertad, producto de un accidente cerebrovascular hemorrágico, consigna su certificado de defunción.
- El ataque a la Estación del Sol: A las 6pm del 21 de octubre de 2019, una turba atacó la Estación del Sol de la comuna de Maipú, al poniente de Santiago, destruyendo su interior tras ingresar a la estación intermodal. Seis querellados y luego imputados por Ley de Seguridad Interior del Estado enfrentaron condenas por este delito.
- Juan Manuel Castillo Pizarro fue condenado el 4 de febrero de 2021, en un procedimiento abreviado, a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo. Se le otorgó el beneficio de libertad vigilada intensiva, lo que fue revocado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
- Marcos Labra Canales fue condenado en un procedimiento abreviado realizado el 14 de agosto de 2020, a 541 días por robo en lugar no habitado y a 3 años y un día por Ley de seguridad interior del Estado. La cumplen en libertad vigilada.
- Sebastián Contreras Agüero y Williams Venegas Agüero fueron condenados el 27 de agosto, también en un procedimiento abreviado, a 729 días por robo en lugar no habitado y a 3 años y 1 día por Ley de Seguridad del Estado. La cumplen en libertad vigilada.
- Fernando Álvarez Garcés y Cristian Álvarez Garcés fueron condenados, en un procedimiento abreviado realizado el 12 de noviembre de 2020 a 3 años y 1 día sustituida por libertad vigilada intensiva por Ley de seguridad del Estado.