Qué observar. El 1 de junio de 2022, en su primera cuenta pública tras llegar a La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció que aumentaría la entrega de recursos estatales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.
- “Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, dijo el mandatario. “La cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
- Era el reforzamiento de un beneficio entregado en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que se originó en una indicación presentada en 2020 por el entonces diputado y actual senador Daniel Núñez (PC), en el marco de la ley de presupuesto.
- El beneficio que el Presidente Boric prometió aumentar se sumaba a la promoción de la liberación de los denominados “presos de la revuelta”, la que —tras fracasar en el Congreso— dio paso a los indultos de 12 presos del 18-O y del exfrentista Jorge Mateluna.
- Un año y medio más tarde, el escenario era otro. El episodio de los indultos se transformó en una de las mayores crisis de su gestión, al conocerse el largo prontuario de Luis Castillo, el “insurrecto”, y los antecedentes penales de otros beneficiados.
- En el caso de las pensiones de gracia, se hizo público que al menos 6 condenados por delitos del 18-O paralelamente recibían la pensión, lo que fue posible ya que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —puerta de entrada del proceso— ni la comisión presidencial designada para proponer la entrega de pensiones vitalicias, había revisado sus prontuarios.
- En total, 69 pensionados vitalicios tenían antecedentes penales de distintos períodos, 48 beneficiados por este gobierno y 21 por el anterior.
- “Hay una situación indignante, hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición cuando se entregaron”, dijo el mandatario el 30 de enero, al confirmar que revocaría los beneficios en casos de delitos graves.
- Era el reconocimiento del fracaso, al menos parcial, de una medida que benefició a 418 personas —148 en el gobierno pasado y 270 en la actual administración—, cuyo costo económico para el Estado era desconocido hasta ahora.
$2.680.914.316. La Tesorería General de la República, en respuesta a una pregunta formulada vía Ley de Transparencia, entregó los antecedentes de 407 de los 418 pensionados de gracia.
- El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda detalló que el dinero entregado a estos beneficiados, entre el gobierno anterior y el actual, ascendía $2.680.914.316, es decir, US$2,8 millones, de acuerdo con el dólar observado de este jueves.
- Los casos no respondidos fueron por fallecimientos y por errores en los ingresos de su cédula de identidad.
- Los cerca de US$ 3 millones otorgados por este concepto permitirían comprar 46 retenes móviles de Carabineros.
Los $7 millones para la falsa víctima. El mes pasado, el INDH dio a conocer que había dado el visto bueno para que recibiera una pensión de gracia una falsa víctima de trauma ocular.
- El caso se remontaba al 3 de noviembre de 2019, cuando el INDH presentó una querella por los apremios ilegítimos presuntamente sufridos por Francisco Gatica Catalán, quien acusó ser víctima de trauma ocular tras el 18-O.
- Ese fue el punto de partida de la pensión de gracia que le otorgó el gobierno pasado y que el actual subió a $444.767.
- El 22 de marzo, el Instituto presentó un desestimiento. Tras revisar la carpeta de investigación y entrevistarse con él, concluyeron que sus lesiones provenían de un accidente de tránsito.
- Gatica Catalán registraba además una querella por estafa y una denuncia por violación de morada, ambas cerradas. En este tiempo se sumó a un grupo de víctimas de trauma ocular.
- De acuerdo con la información proporcionada por Tesorería, Gatica Catalán recibió su pensión hasta marzo, ya que el Ministerio del Interior dio la orden de cese de pago después de que ésta había sido transferida.
- El organismo detalló que alcanzó a recibir $7.341.227.
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