Cristóbal Salvador Osorio Vargas, de 39 años, nació en 1985 en Santiago. Es hermano menor del ex comisionado experto Gabriel Osorio, de 41 años, quien participó del segundo proceso constitucional en representación del Partido Socialista (PS), donde Cristóbal Osorio militó hasta tomar la defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Según comentan en su entorno, quiso evitar mezclar el tema partidario con la labor jurídica que está desarrollando.
Al igual que su hermano Gabriel, estudió en el liceo Manuel de Salas de Ñuñoa, donde su padre era profesor de Educación Física.
En el colegio destacó por sus notas. Egresó de cuarto medio en 2003, año en que sacó promedio 6,7, nota que mantuvo en su licenciatura de derecho.
Es abogado de la Universidad de Chile, donde se tituló en 2012. Fue un alumno alejado de la agitación de su facultad, cuentan quienes lo conocen. Mientras en 2009 el hoy Presidente Gabriel Boric encabezaba la toma de la facultad, él estaba estudiando.
En esa misma institución cursó un diplomado en derecho y política de la competencia, otro en Derecho Público Económico y un Magíster en Derecho con mención en derecho público (de donde salió con promedio 6,6).
Su tesis de Magíster, titulada “Aspectos jurídicos de la comunicación de gobierno en Chile”, fue dirigida por el hoy ministro de Justicia Luis Cordero Vega, según muestra el sitio del repositorio de la universidad. Osorio fue su ayudante en Derecho Administrativo y quienes lo conocen dicen que considera a Cordero su maestro.
Es profesor en su facultad. Entre sus libros publicados, en coautoría, están Derecho Administrativo tomos 1, 2 y 3, y compendio de actos administrativos, consignó el sitio de Ediciones Der. “Tiene voz de locutor de radio de programa juvenil”, dijo el sitio Wikibello.
Fue abogado de Claro y Cia. hasta 2012, año en que asumió como jefe de la Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Monckeberg, durante el primer gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera.
En septiembre de 2013 los hermanos Osorio adquirieron notoriedad pública luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones acogiera una impugnación del PS a la postulación como senador por Antofagasta del exministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, argumentando que, como jefe superior de servicio con rango ministerial le resultaba aplicable la misma inhabilidad que recaía sobre los ministros de Estado, de renunciar un año antes de postular a un cargo. La ley que creó el ministerio se publicó en 2018.
Ese triunfo favoreció que en 2014 asumiera como jefe jurídico de la Secretaría General de Gobierno encabezada por Álvaro Elizalde, en el segundo gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet.
Osorio entabló una buena relación con el entonces director de organizaciones sociales Camilo Ballesteros y con la directora de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) Paula Walker, que permitió que, tras la partida de Pablo Veloso, pasara a ser jefe de gabinete de Elizalde.
En 2015 llegó al estudio Zúñiga Campos Abogados del histórico constitucionalista PS Francisco Zúñiga y del ministro de Justicia de Bachelet 2, Jaime Campos.
En 2018 creó el estudio Osorio Vargas & abogados, donde es socio fundador con su hermano Gabriel y el abogado Daniel Contreras.
En 2020 obtuvo un triunfo ante la Corte Suprema que, por 11 votos contra tres, calificó de improcedente la remoción del fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias que había solicitado el entonces fiscal nacional Jorge Abbott por supuesto “mal comportamiento” y “negligencia manifiesta”. Osorio la calificó de “aplastante victoria”.
En agosto de este año publicó en La Tercera una columna titulada “La hora de Bachelet, la hora de la izquierda”, donde destacó sus activos para articular la discusión del sector en la región, pero no necesariamente para volver a correr por La Moneda.
“La ex Presidenta guarda en el misterio su decisión de participar en una tercera aventura presidencial, a diferencia de 2013, cuando la decisión estaba tomada y Bachelet solo buscó el mejor momento para entrar en carrera. Ahora, en cambio, no tiene garantías de triunfo, ni -al parecer- las ganas de competir en una campaña que se anticipa odiosa. Con todo, esto implicará salir al pizarrón y mostrar que sus políticas públicas anteriores estuvieron bien inspiradas, produjeron resultados y que aprendió de sus errores”, escribió.
En septiembre se dio a conocer que, junto al abogado Juan Carlos Manríquez —que también es abogado del hoy exalcalde Daniel Jadue (PC); del exdirector de la PDI Sergio Muñoz y de la viuda del teniente venezolano Ronald Ojeda—, liderarían la defensa de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del Caso Audio.
Manríquez se haría cargo de la parte penal, Osorio de la arista en la Corte Suprema y ambos trabajarían el flanco en el Congreso, por las dos acusaciones constitucionales interpuestas contra Vivanco, una del oficialismo y otra de la oposición. Ambas acusaciones coincidían en sostener que hubo un notable abandono de deberes.
En la arista de la Suprema —en que Vivanco fue suspendida en septiembre y se abrió un cuaderno de remoción en su contra—, el máximo tribunal le instruyó entregar un informe sobre seis puntos en 20 días.
Entre estos, la supuesta interferencia en el nombramiento del fiscal nacional y del conservador de Viña del Mar; la presunta coordinación con el abogado Luis Hermosilla (hoy en prisión preventiva) para interferir en la integración de causas, nombrar ministros de Cortes y obtener el nombramiento de ministros de la Suprema; la entrega de información de causas antes de la firma de la sentencia y las presuntas irregularidades en la tramitación y conocimiento de las causas del consorcio Belaz Movitec Spa con Codelco.
En una minuta del escrito presentado este viernes a la Suprema, su defensa argumentó, en 10 puntos, que “el procedimiento de remoción se ha ejecutado de manera precipitada, contraviniendo la jurisprudencia” y que esta aceleración afectaría el debido proceso.
También sostuvo que “el procedimiento de remoción, la acusación constitucional y la investigación penal se teje en una fragmentación de las conversaciones de WhatsApp, donde una y otra sede van intercambiando sus collages hasta producir un cuadro editado a conveniencia del ente persecutor. La prueba es ilícita y contraria al ordenamiento jurídico”.
En un segundo escrito de 86 páginas enviado esta vez a la Cámara, firmado por Manríquez y Osorio, se pidió inhabilitar a 62 diputados por haber emitido opiniones públicas anticipadas sobre el caso, sin conocer los argumentos. También se afirmó que la acusación vulneraba los estándares nacionales e internacionales del principio de imparcialidad.
El documento sostuvo además, que se incurrió en un insólito error, ya que una acusación fue interpuesta por 11 parlamentarios y otra por 10, superando la cifra de 20 establecida en la Constitución de 1980, para evitar una aprobación previa a la discusión.
