• Marta Ximena Herrera Seguel, 49, nació en 1973 en Santiago, pero vivió en varias ciudades por el trabajo de su padre, quien era ingeniero de Endesa. Egresó del liceo Santa Marta de Vallenar y volvió a Santiago para estudiar derecho en la U. de Chile, donde se tituló en el 2000. Durante 2 años fue procuradora del Consejo de Defensa del Estado y en 2001 llegó al Ministerio Público, donde está desde hace 21 años.
  • Era la única mujer de la quina original elegida por la Corte Suprema para suceder a Jorge Abbott como fiscal nacional. Tras la fallida ratificación de José Morales en el Senado, y la renuncia del abogado Rodrigo Ríos, el máximo tribunal completó los cupos con la fiscal regional del Ñuble, Nayalet Mansilla, y el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez.
  • Integró las áreas de estudios, evaluación, control y desarrollo de la gestión, atención a víctimas y testigos y unidad especializada en delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Nacional, consignó el Ministerio Público en su sitio.
  • En 2005 asumió la jefatura de la unidad de asesoría Jurídica de la fiscalía regional Metropolitana Occidente, entonces encabezada por Sabas Chahuan, con quien llegó a la fiscalía nacional en 2007. Su aterrizaje con Chahuán y su permanencia en la fiscalía nacional luego de que fuera sucedido por Jorge Abbott, había llevado a sus críticos a instalar la idea de que era la candidata de “continuidad”, a partir de la opinión desfavorable de la gestión de Abbott en el Congreso.
  • Ella se ha manifestado contraria a ese encasillamiento. Ha mencionado a su entorno que fue excluida por Abbott de decisiones clave como la definición de la política de persecución penal y el plan estratégico de la fiscalía nacional. Su elección por el Presidente Gabriel Boric debe ser ratificada por 2/3 del Senado.
  • En diciembre de 2007 fue nombrada secretaria abogada del consejo general del Ministerio Público, órgano asesor desde donde ha elaborado informes en casos de alto impacto como Caval y de causas de financiamiento irregular de la política. También fue designada jefa de la unidad anticorrupción y vocera, cargos que mantuvo cuando Abbott asumió como fiscal nacional, en 2015.
  • Como vocera de la fiscalía nacional comunicó en octubre de 2021 la apertura de una investigación penal de oficio que involucraba al entonces Presidente Sebastián Piñera por la compraventa a la familia de Carlos Alberto Délano de la minera Dominga, en el marco de la filtración de los denominados Panama Papers.
  • Abbott resolvió abrir el caso basado en un informe elaborado por la unidad anticorrupción liderada con Herrera. La unidad encontró lo que ella calificó como “un antecedente nuevo”: un contrato en inglés suscrito en las Islas Vírgenes Británicas, del 10 de diciembre de 2010, que materializaba la compraventa de la minera Dominga consignada en un acuerdo previo de octubre, en español. El contrato definía plazos y montos que no estaban en el documento previo. La evaluación fue que se trataba de una indagación que no estaba agotada. Desde La Moneda argumentaron entonces que el contrato en inglés era muy similar al que estaba en español, ya indagado en el marco del caso Exalmar, por lo que no ameritaba abrir una causa. Ésta, desformalizada, sigue abierta.
  • En noviembre tuvo una controversia con Chile Vamos, luego de que El Mercurio publicó un artículo sugiriendo que ella compartió antecedentes con un diputado PS, que no identificaron, mientras el partido analizaba acusar constitucionalmente al entonces presidente Piñera. El libelo fue presentado, pero no alcanzó el quorum para su aprobación. “Pude haber comentado algo respecto de la investigación que no comenté en los medios, pero que igualmente era público”, dijo Herrera, según publicó el mismo medio el 19 de octubre del año pasado. En su entorno plantearon que la abogada iba semanalmente al Congreso por la discusión de la modificación del Código procesal penal, oportunidades en que dialogaba con distintos parlamentarios, pero que jamás compartió información reservada. El presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo entonces que “lo que se afecta acá es la institucionalidad”.
  • La firma de Herrera es una de las que aparece en el acuerdo de intercambio de información suscrito en 2019 entre Abbott y la Conferencia Episcopal, en medio de las investigaciones por abusos sexuales en el clero chileno. Éste fue criticado por asociaciones de laicos, la asociación de fiscales y parlamentarios de distintos sectores. El episodio es el único respecto del cual Abbott hizo un mea culpa al dejar el cargo en septiembre de este año. “Un error que yo reconozco fue un convenio que suscribí con la Conferencia Episcopal y que tuve que dejar sin efecto al día siguiente”, dijo. Conocedores del episodio dicen que Herrera firmó el documento, como cientos de otros por sus funciones como directora jurídica, pero que no participó de su elaboración, que dependía de otras unidades. Sí tuvo un rol cuando Abbott resolvió deshacer el acuerdo, reuniéndose con sobrevivientes de abusos y su abogado.
  • También tiene un perfil académico, resaltado en el Ministerio Público. Obtuvo un máster en derecho en la California Western School of Law de Estados Unidos y un postítulo en agresiones sexuales. Ha sido docente en diplomados y magísteres de las universidades Católica, de Chile, Finis Terrae, del Desarrollo, además de la academia de estudios policiales de Carabineros.
  • Su rol de vocera nacional la convirtió en una de las candidatas de mayor figuración de los 17 que expusieron el 7 de noviembre ante la Corte Suprema. Herrera tuvo la tercera mayoría después del fiscal José Morales y el abogado Ángel Valencia, que obtuvieron 17 votos cada uno. Herrera alcanzó 9.
  • “La principal demanda y preocupación ciudadana al día de hoy está constituida por encerronas, portonazos y otros delitos contra la propiedad”, dijo Herrera en su presentación. “Debemos enfrentarlos fortaleciendo la función de análisis criminal, trabajando sobre el fenómeno con una mirada de mercado delictual (…), esto significa que, junto con desbaratar la banda dedicada a los portonazos, debo seguir persiguiendo el mercado de la receptación”.
  • En su intervención también planteó la necesidad de “despersonalizar las investigaciones y hacer carne de una vez eso de ser una sola fiscalía”, lo que fue leído como una alusión al afán de figuración de algunos fiscales. Herrera no ha ejercido como fiscal, por lo que no ha encabezado la persecución de causas, algo que sus detractores mencionan como un flanco.
  • La carrera por la sucesión de Abbott ha desatado zancadillas, filtraciones e intrigas en el mundo político y judicial. La Moneda, por ejemplo, negó que Herrera fuera su favorita tras la entrega de la primera quina, aunque para algunos estaba claro entonces que el gobierno observaba con más distancia la postulación de Morales (que llegó por segunda vez a la quina y era apoyado por la derecha y la centroizquierda en el proceso ganado por Abbott) y Valencia, que tenía llegada en RN y el PS.
  • La ministra de Justicia, Marcela Ríos, se contactó en noviembre con los senadores de la comisión de Constitución del Senado. En el Congreso circuló la versión de que a Ríos se le habría advertido que no todos apoyarían la candidatura de Herrera. La ministra se reunió con senadores de RN y el presidente de la UDI, quienes, de acuerdo a los críticos de Herrera, le habrían reiterado su rechazo a la opción de la abogada.
  • Senadores de la oposición especulaban en noviembre que La Moneda propondría a Herrera para forzar a la Suprema a enviar una nueva quina al ser rechazada su postulación, lo que fue descartado luego por la ministra Tohá. Finalmente el Presidente Gabriel Boric eligió a José Morales, quien obtuvo 31 de los 33 votos que necesitaba en el Senado. Se trataba de una derrota inédita para un gobierno desde la instalación de la Reforma Procesal Penal. Esta situación prolongó hasta este miércoles por la tarde el envío de un nuevo nombre al Senado, mientras se sondeaban los eventuales apoyos que tendría cada postulación. El lunes la comisión de Constitución del Senado revisará a la designada por el gobierno.
  • En un escenario en que han circulado informaciones desacreditando a los candidatos todavía en carrera, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pidió el 9 de noviembre “evitar hacer guerra sucia”.
  • El Presidente Gabriel Boric lamentó este martes el tono que había tomado la discusión, en momentos en que la seguridad figura como una de las principales preocupaciones ciudadanas en las encuestas. “El debate respecto a la fiscalía nacional no ha estado a la altura de lo que esperan los ciudadanos”, dijo desde La Florida. “Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador, o si esto es un gallito para el Gobierno. La pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito, ese debería ser el centro del debate, no quién gana o quién pierde de los políticos”.
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