“En el asesinato del General René Schneider hubo participación de civiles y de militares en servicio activo, los que habrían contado con el apoyo de la CIA. Sobre la participación de esta entidad de inteligencia norteamericana, se puede señalar que el 18 de octubre de ese año, hubo comunicaciones que daban cuenta del embarque de armas y municiones desde Norteamérica que llegaron a la embajada de los EE.UU. en Chile, para ser usadas en el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército”.
Esta cita no es de la revista Punto Final o del diario El Siglo, sino del documento “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, fecha el 28/02/2022, suscrito por el Comandante en Jefe General Ricardo Martínez y ampliamente discutido por la oficialidad superior de la institución.
El ajuste de cuentas del Ejército con su historia incluye afirmaciones de gran importancia y trascendencia para la lectura del pasado traumático, para configurar una memoria institucional que se alinee con la del país civil que a lo largo de los años y a través de sendos informes y resoluciones judiciales ha establecido una verdad indiscutible sobre la violencia política y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Una cuestión central del documento es la validación del Informe Rettig, al que originalmente -y bajo el mando de Pinochet- el ejército había negado objetividad y veracidad. Esta validación se expresa en numerosas citas al mismo y especialmente en la nota que recomienda ampliamente su lectura.
Pero también el documento rescata y valora explícitamente la llamada “Doctrina Schneider” y el documento suscrito por el general Carlos Prats “Definición Doctrinaria Institucional” en que reafirma “la función exclusivamente profesional” del ejército.
A juicio del documento, las violaciones a los derechos humanos en las que miembros del ejército tuvieron participación “fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”, y ejemplifica con el caso Caravana de la Muerte, en que el general Sergio Arellano en su calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército”, recorrió cárceles y regimientos del país ejecutando a prisioneros políticos. Al respecto, el documento sostiene que “Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el General Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla con el mayor criterio, responsabilidad y justicia, en la persona del General Sergio Arellano Stark”.
En otro párrafo el documento sostiene que una “gran vergüenza institucional” ha sido “el crimen del Excomandante en Jefe General Carlos Prats González y de su esposa señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires del que se responsabilizó a miembros de la DINA”. Al respecto, el documento rescata la posición que institucionalmente han sostenido los últimos comandantes en jefe quienes unánimemente han repudiado ese vil crimen afirmando que “estos actos tan aberrantes no tienen absolutamente ninguna justificación ni contexto al que se pretenda argüir”.
En este mismo contexto, el documento del general Martínez, asumiendo las graves actuaciones de oficiales ocurridas en el país durante el período dictatorial, sostiene que “Un elemento fundamental para mantener la disciplina militar radica en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados”.
Con relación a los casos de desaparición forzosa, el documento reconoce lacónicamente que “es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias”. Reconoce que “Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”.
El documento del general Martínez representa un paso muy importante en el largo camino de reconocimientos y ajustes de cuentas con el pasado reciente por parte de las fuerzas armadas, proceso que es fundamental para el rencuentro de los chilenos.
Desgraciadamente, su comunicación e impacto ha sido mucho menor que el que merece dada su importancia política e institucional. Mucho más ha llamado la atención de los medios la obligada renuncia a su cargo del General Martínez ante la presurosa llamada a declarar de la ministra Rutherford, mostrando una vez más que la responsabilidad política y la administración de justicia no siempre van de la mano.
