Una movilización histórica. Por primera vez en la historia desde su creación, el Ministerio Público irá a un paro de actividades mañana jueves en protesta por la decisión del Ministerio de Hacienda, de excluir a determinados funcionarios del sector público del reajuste de 12% que en estos días es revisado por el Congreso Nacional.
- Hoy la Cámara de Diputados profundizó el conflicto al despachar a segundo trámite el proyecto de ley, sin considerar las observaciones que han entregado varios gremios, además de la Asociación de Fiscales.
- La misma postura crítica han asumido la Asociación de Magistrados y el Colegio Médico, que han advertido que, de no revertirse la medida, realizarán movilizaciones.
- En el caso del Ministerio Público, solo se recuerda una amenaza de conflicto ocurrido en 2007, cuando el Ministerio de Justicia envió un proyecto de ley al Congreso Nacional otorgando bonos de gestión al Poder Judicial, pero dejando fuera al servicio.
- En esa ocasión, la movilización no se concretó gracias las negociaciones del entonces ministro de Justicia, Carlos Maldonado y el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, que determinó extender el bono al Ministerio Público, el que se paga hasta hoy.
Apoyo masivo al paro. A las 12:30 hrs., la Asociación de Fiscales inició un proceso de consulta interna. La pregunta que se hizo a los asociados es “¿Adhiere usted a la paralización de fiscales mañana jueves 15 de diciembre entre las 08:30 y 14:00 hrs?”.
- Una cifra superior a los 350 fiscales, de los más de 700 fiscales asociados, se pronunció a favor de la movilización, equivalente al 90,18% de los 387 persecutores que participaron hasta las 19:00 hrs. de hoy, según confirmó a Ex-Ante la Asociación de Fiscales.
- Dirigentes de la Asociación aclararon que no se atenderán audiencias ni a público, “a excepción de audiencias con privados de libertad impostergables y controles de detención”.
Silencio en Hacienda. La molestia entre los dirigentes apunta a la nula intervención o diálogo con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, quienes no habrían aceptado las peticiones de audiencia. El viernes pasado, fueron recibidos por la subdirectora de Racionalización y Función Pública de Hacienda, Tania Hernández, pero sin ningún resultado concreto. Actualmente, no hay interlocutores para resolver el conflicto.
- Entre los dirigentes existe extrañeza por los montos involucrados que, a juicio de ellos, son absolutamente marginales respecto de la inclusión de uno u otro grupo en el proyecto de ley. Por ejemplo, según cifras del propio Ministerio de Hacienda, el 12% de reajuste al 89% de los trabajadores, involucran MM$ 3.460.000.
- Si el reajuste de 12% se extiende al 100% de los trabajadores del sector público, el fisco debería gastar MM$ 3.620.000.
- Actualmente hay una mesa de trabajo entre los fiscales, la Asociación de Magistradas y Magistrados, las asociaciones de la Defensoría Penal Pública y otras asociaciones de profesionales del Ministerio Público.
- Las evaluaciones auguran un endurecimiento de las posturas en todos los sectores si no hay un cambio de opinión por parte del Gobierno.
Lo que ha dicho el Gobierno. El Ministerio de Hacienda, respondiendo a los cuestionamientos al acuerdo suscrito el 2 de diciembre entre el Gobierno, la CUT y las Organizaciones gremiales en el marco de la negociación del reajuste del sector público, ha señalado lo siguiente:
- Que el acuerdo indica que a contar del 1° de diciembre se otorgará un reajuste de remuneraciones ascendente a 12% para remuneraciones brutas mensualizadas de hasta $2.200.000.
- Que para todas las remuneraciones brutas mensualizadas sobre $2.200.000 el reajuste será de $264.000 brutos mensuales, el cual será expresado en el sistema de remuneraciones que corresponda.
- Que para el cálculo de la remuneración mensualizada no se considerarán la asignación de zona y las bonificaciones especiales de zonas extremas, ni las asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional.
- Que este acuerdo incluye a todos los trabajadores del sector público que habitualmente han formado parte de la cobertura de la ley de reajuste, de acuerdo a la situación remuneracional señalada en los puntos 1 y 2, según corresponda.
