Plan alternativo. Tanto en el Gobierno como en algunos sectores de la oposición se abrió un camino a un posible acuerdo en materia de Reforma Previsional. Unos y otros, en estricta reserva, se cuidan proporcionar demasiados elementos de acercamiento, pero algunos “bordes” ya comienzan a delinearse.
- “El Gobierno no tiene líneas rojas en el proyecto de reforma”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un seminario organizado por Diario Financiero el 8 de marzo. Por eso fuentes del oficialismo hablan de líneas “amarillas” para mostrar la disposición a alcanzar un acuerdo.
- A continuación, algunos de los nuevos bordes que se manejan en las conversaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición:
APA no vuela. Una de las propuestas de la Reforma Previsional es la creación de una entidad pública sucesora del IPS al que el proyecto de ley denomina Administrador Previsional Autónomo (APA). Su objetivo es transformarse en la entidad que haga la gestión administrativa de las cuentas de capitalización individual; es decir, que recaude, registre y pague los beneficios.
- Actualmente las AFP efectúan toda esa labor. La parte recaudatoria la realizan por medio de la firma Previred, controlada por algunas AFP.
- El Gobierno ha establecido que el objetivo no es contar necesariamente con el APA, pero sí con la idea de desintegrar la verticalidad de la industria. Ya en el proyecto de ley se indicaba que el APA licitaría al sector privado esas funciones en una primera etapa. Ahora se ha impuesto la idea de que la licitación sea parte del diseño permanente, en la medida en que exista una “cara pública”.
- Un informe del economista Luigi Zingales, encargado por el gobierno de Sebastián Piñera durante la gestión de Ignacio Briones en Hacienda, sugería un camino: transformar Previred en una cooperativa de trabajadores. Es decir, que las AFP no fuesen su dueño (para evitar conflictos de interés), pero tampoco el Estado. Eso sí, Previred solo aborda la fase recaudatoria.
- La opción que abre más respaldo es que se genere una entidad estilo AFC (Administradora de Fondos de la Cesantía), que permitiría constituirse con capital privado a un bajo costo para el afiliado.
IPPA se queda. Entre los puntos más defendidos por el oficialismo, sobre lo cual en la oposición hay sin embargo resistencia, es la creación de una entidad estatal administradora de fondos. En el proyecto se llama IPPA (Inversor de Pensiones Público y Autónomo). Cuando en privado se le denomina “AFP estatal”, en la oposición e incluso en la industria son más proclives a aceptarlo.
- La diferencia radica en esto: una “AFP estatal” no solo legitima el negocio, sino que implica una aceptación a que competiría en condiciones similares al resto, sin ventajas.
- Pero si se trata del IPPA, la propuesta del Ejecutivo le entrega una ventaja: convertirse en el administrador de la cotización base (10,5%) y adicional (6%) por default.
- Si se trata de “emparejar la cancha”, sostiene una fuente que conoce del tema, el Gobierno empujaría indicaciones en ese sentido.
Seguro Social. Un borde indispensable para el Ejecutivo es el establecimiento de un esquema que ha llamado “Seguro Social“. Según la propuesta del proyecto de ley, ese seguro se financia con 3 de cada 10 pesos que ingresen por la cotización extra (6%) de cargo del empleador.
- Con ese 30% de la cotización extra, se busca financiar un aumento en las pensiones de los actuales jubilados (solidaridad intergeneracional, también asociada al sistema de reparto), de los futuros jubilados (solidaridad intrageneracional) y “corrección de desigualdades” en apoyo a mujeres y trabajadores con lagunas, entre otros destinos.
- Una alternativa que se ha barajado en los acercamientos es partir con un porcentaje destinado al seguro social que se vaya desescalando con el tiempo. Con eso conseguiría subir las pensiones actuales de inmediato, más allá de la PGU. En sectores de la oposición ya hay respaldo a la idea, porque permitiría un monto mayor para jubilados de clase media y, dado que se iría reduciendo en el tiempo, subiría después el monto del ahorro individual de los actuales trabajadores.
Cuentas nocionales: fin de la historia. De la cotización extra del 6%, el proyecto del Gobierno apuntaba a que 7 de cada 10 pesos se fueran a una nueva cuenta personal, administrada por el IPPA, sobre la cual no habría opción de herencia porque solo se trataría de un registro por cobrar. A ese esquema se le denomina “cuentas nocionales“.
- En la oposición sí pusieron esa línea roja y el Ejecutivo lo aceptó: no habrá cuentas nocionales. Por contrapartida, la mayoría de la cotización extra terminará en la cuenta individual del trabajador (opción de herencia incluida).
¿Autopréstamo? El Gobierno obtuvo un triunfo en la Cámara la semana pasada luego de que una amplia mayoría hundió el proyecto de autopréstamo de diputados del PDG y otros como Pamela Jiles. Se vio como un preludio a una discusión sobre un sexto retiro previsional.
- Como parte de diálogos ocurridos el año pasado, el mismo Ejecutivo ya se había adelantado e incluyó su propia propuesta de autopréstamo en la Reforma Previsional. Tiene un alcance mucho más acotado que los proyectos rechazados la semana pasada. Pero hay otro elemento: son un gesto a la bancada del PDG (incluidos quienes renunciaron al partido) y, en particular, a los simpatizantes de Franco Parisi.
- Por lo mismo, en el oficialismo también están abiertos a una concesión en esa arena. Por ejemplo, que se analice que una parte de los fondos previsionales se vincule con un pie para un crédito hipotecario. Distintas fuentes comentan que hay flexibilidad para examinar ideas.
Morigeración. Tras la derrota de la Reforma Tributaria en la Cámara de Diputados, en el Gobierno aplicaron rápidamente un plan de contingencia para la otra reforma estructural del programa: la previsional. De inmediato, los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo) ofrecieron una mesa técnica adonde convocaron a los asesores de todo el espectro político. Pero Chile Vamos se ausentó.
- Los diálogos en la mesa y fuera de ella continuaron. Fuentes de distintas sensibilidades consideran que hay espacio para un grado de optimismo. Algunos creen que el piso político que tengan las AFP puede incidir en la viabilidad de un acuerdo; otros plantean que la eventual derogación del DL 3.500 (dada su carga simbólica) no obstaculizaría las negociaciones.
