Antecedentes. La comisión especial Investigadora encargada de reunir antecedentes sobre las decisiones de Gendarmería y eventualmente, del Ministerio de Justicia, sobre los permisos de salida y demás beneficios intra penitenciarios inició su trabajo el 19 de julio, luego de un acuerdo alcanzado en sala. Se constituyó por el plazo de 90 días, pero en octubre se le otorgó una prórroga hasta el 7 de diciembre.
- El objetivo fue despejar una serie de dudas que surgieron luego de que el Gobierno, a partir del 11 de marzo de este año, entregara beneficios a condenados mapuches por graves delitos cometidos en la Macrozona Sur, como homicidios o ataques incendiarios.
- Las sospechas de situaciones anómalas surgieron tanto entre parlamentarios del oficialismo como de oposición respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas por Gendarmería, en medio de huelgas de hambre organizadas por los reos, y el respaldo que tendría la institución por parte del Ministerio de Justicia (opera bajo su alero).
Obstáculos al trabajo investigativo. Uno de los problemas detectados por los miembros de la comisión de Chile Vamos fueron los obstáculos que tuvo el trabajo investigativo, pues tanto el Ministerio de Justicia como la Dirección Nacional de Gendarmería no respondieron a oficios de solicitud de información.
- Se pidió un listado con los beneficios intra penitenciarios entregados en el último semestre en la Macrozona Sur, a quienes hayan sido condenados con pena de crimen y se les haya otorgado alguno de los beneficios de salida establecidos por el reglamento penitenciario. No hubo respuesta.
- Se pidió información sobre los fundamentos que motivaron la entrega del beneficio penitenciario de Víctor Llanquileo, quien se encontraba en huelga de hambre y cuya liberación había sido exigida en los últimos atentados. No hubo respuesta.
- Parte del informe de la Comisión señala: “Así las cosas, ha habido una evidente negligencia de parte de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos y del Director Nacional de Gendarmería en la entrega de la información completa y oportuna requerida por la Honorable Comisión para cumplir con el objeto de esta”.
Los hechos de violencia. Un informe entregado por Carabineros de Chile a la Comisión Especial Investigadora señala que entre el año 2020 y el primer semestre del año 2022 en la macrozona sur se materializaron 3.408 hechos de violencia, 31 homicidios y 531 personas lesionadas.
- Se registraron 2.016 bienes destruidos, entre los que se encuentran vehículos, inmuebles, iglesias, escuelas y equipos de trabajo afectando gravemente tanto a familias mapuche como no mapuche, entre ellos carabineros.
- Se detectó la presencia de orgánicas radicalizadas y terroristas que ejercen temor en las familias mapuche y no mapuche. Van 14 personas asesinadas solo este año. La mitad son mapuches.
- Las principales orgánicas que actúan en la zona son la Coordinadora Arauco Malleco, la Resistencia Mapuche Malleco, la Resistencia Mapuche Lafkenche y la Weichan Auka Mapu.
Los casos. El informe, redactado por el diputado André Longton (RN), cita la resolución exenta N° 3.925, del 29 de julio del año 2020, del Director Nacional de Gendarmería, que establecía expresamente que “la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será́ susceptible de consecuencias disciplinarias”.
- Hay cuatro casos que accedieron a beneficios penitenciarios utilizando como base la resolución que fue calificada de “ilegal”. Algunos de ellos son los primos Tralcal; los presos del CET Angol; Caso Llanquileo; y Pilquimal, entre otros. Algunos ejemplos son:
- José Tralcal y Luis Tralcal, ambos condenados a 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte del Matrimonio Luchsinger Mackay, hicieron un comunicado manifestando el inicio de una huelga de hambre auto considerándose “presos políticos” y exigiendo, entre otros, “salida trimestral” y “salida dominical”. Con fecha 22 de marzo, el Consejo Técnico lo evaluó́ positivamente.
- Johan Millanao; Juan Calbucoy y Sergio Levinao iniciaron el 20 de julio pasado una huelga de hambre líquida exigiendo, entre otros, el traslado del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol al CET de la misma comuna por el acceso a múltiples beneficios penitenciarios. El 17 de agosto pasado, se comunicó un “acuerdo” por parte de Gendarmería de Chile donde se concedió el traslado.
Ojo con. La Comisión Especial Investigadora la integran los diputados Leonardo Soto (PS), quien la preside; Sergio Bobadilla (UDI), Felipe Camaño (indep. DC), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Longton (RN), Miguel Mellado (RN), Lorena Pizarro (PC), Marcela Riquelme (FA), Gaspar Rivas (PDG), Leonidas Romero (RN), Daniela Serrano (PC), Héctor Ulloa (Indep. PPD), Gonzalo Winter (CS).
- Las conclusiones del informe propuesto por Chile Vamos, que tiene 20 puntos, tendría los votos en la comisión para aprobarse -en principio- a las 18:30 de este lunes.
Lea el documento con las conclusiones de los integrantes de Chile Vamos de la comisión investigadora:
