-¿Cómo ha funcionado el mecanismo de la reconducción, que fue creado en el gobierno anterior y que permite devolver a sus países de origen a los migrantes irregulares?
-La reconducción fue anunciada como un mecanismo de solución al ingreso irregular de inmigrantes por el gobierno anterior. Sin embargo en la práctica Bolivia no recibió y no recibe a los ciudadanos que no sean de su nacionalidad. Por tanto los ciudadanos venezolanos o de otras nacionalidades, que ingresan por pasos irregulares, son conducidos hacia la ciudad de Iquique a través de buses que dispone diariamente la seremi de Salud.
-Hay una resolución del 28 de abril que firmó Luis Thayer, director de Migraciones del gobierno actual, que dice que a Bolivia podrán trasladarse ciudadanos de ese país, pero no de otras nacionalidades.
-Clara. Esa resolución expresa lo que siempre ha sucedido en la práctica. Aquí en la frontera en Colchane jamás ha funcionado la reconducción, salvo con ciudadanos bolivianos.
-El ex director de Migraciones, Álvaro Bellolio, dijo que este gobierno no ha hecho expulsiones administrativas. ¿Es así?
-Efectivamente, no hemos conocido casos de expulsiones administrativas. Lo que el gobierno ha anunciado se refiere a expulsiones de carácter judicial como medida alternativa del cumplimiento de penas respecto de aquellos que hayan cometido delitos. Pero de expulsiones administrativas no hemos visto acciones ni tampoco anuncios.
-¿Cómo describiría la reacción de la población hacia los migrantes ilegales? ¿Hay una fractura o conflicto social?
-Hay un temor hacia la población migrante principalmente venezolana. Muchos grupos vienen con armas de fuego o blancas, ejerciendo mucha violencia. Y eso ha generado mucho temor en la población. No hemos visto actos xenofóbicos, tampoco de rechazo, sino de temor. Ya que el aimara se caracteriza por ser pasivo, no violento. Y sobre todo no tiene una actitud de apoyar sino de alejarse de los migrantes de esta nacionalidad. Justamente por hechos que han ocurrido, como asaltos, saqueos, bloqueos en las rutas con amenazas a los vehículos que transitan, obligándolos a que los trasladen a Iquique u otras ciudades.
-¿Usted ha tenido experiencias violentas con migrantes?
-Por supuesto. En el mes de septiembre del año pasado estaba trasladándome desde otra localidad hacia Colchane y fui enfrentado por siete migrantes venezolanos, con piedras en la mano y pidiéndome alimento, agua, y que los trasladara a Iquique. Yo iba en sentido contrario, me sentí muy intimidado. Afortunadamente llegaron otros vehículos que también se estacionaron, y estas personas se alejaron.
-¿Usted dice que hay muchos venezolanos delincuentes o narcos que están entrando a Chile?
-Así como ingresan familias con menores de edad, adultos mayores incluso con problemas de movilidad física, están ingresando también personas muy violentas, con armas, con machetes para intimidar a las personas. Eso lo hemos visto constantemente. Hace poco hubo un asalto de ciudadanos venezolanos en la localidad de Pisiga Carpa. Ahora está ingresando menos gente, por el frío, pero de todos modos son unos 80 o 100 al día.
-El senador de Antofagasta, Pedro Araya dijo: “hay una cantidad importante de inmigrantes que el estado no tiene la capacidad de devolverlos”. Usted vive en la región de Tarapacá. ¿Qué piensa de esta frase?
-Bueno, hay verdaderas ciudadelas que se han creado con más de 20 mil habitantes en el sector de Alto Hospicio, generando focos de violencia, y también un problema social del cual el estado no se ha hecho cargo, sobre todo con los menores de edad. Muchos niños hoy día no están estudiando, no se sabe la identidad de ellos ni el paradero. Por Colchane los migrantes pasan solamente, dejando problemas de seguridad, de suciedad. Concuerdo con lo que dice el senador.
-¿Dice que hay ciudadelas de 20 mil personas que son migrantes?
-Efectivamente. Incluso diría que más de 20 mil personas. Eso se vive en Alto Hospicio, en el sector La Mula, Alto Molle, son grandes tomas principalmente gobernadas o administradas por migrantes que incluso cobran sumas de dinero por las tierras, que son fiscales. Y no vemos ningún tipo de acto de Bienes Nacionales en desalojar. El estado ha hecho oídos sordos. La falta de acciones del gobierno para controlar la migración irregular nos sorprende. Porque las expulsiones administrativas son una herramienta, que el gobierno hoy no ha implementado.
-¿Hay mafias que controlan estas ciudadelas?
-Por supuesto, son organizaciones que gobiernan esos sectores. Existen verdaderas ciudadelas administradas por mafias.
-¿Esperaba del Presidente Boric una propuesta distinta para controlar la migración irregular?
-Un aspecto que quiero destacar de este gobierno es la capacidad de diálogo, de escuchar a todos los sectores involucrados. Sin embargo creo que no existe un ánimo de impedir el ingreso o controlar el ingreso irregular de migrantes. Todo lo contrario. He visto acciones que tienden a generar un cierto perdonazo a personas que ingresaron por pasos irregulares: a través de mesas de trabajo se les consigue fuentes laborales, generando con eso un incentivo para que más personas ingresen por pasos no habilitados al país.
No he visto expulsiones administrativas efectivas, que son señales de que a Chile se ingresa respetando la ley. En ese sentido, vemos una diferencia en relación a las expulsiones con el gobierno anterior. Toda vez que el anterior sí realizó algunos actos de expulsión, obviamente no ajustándose a derecho. Porque la Corte de Apelaciones revocó varias expulsiones administrativas.
-¿Qué incentivos está dando el gobierno?
-Hoy día, por ejemplo, en las mesas de trabajos se incorpora la iglesia católica y ONG que buscan regularizar entre comillas a personas que ingresaron por pasos no habilitados. Eso es un incentivo para que más inmigrantes que se encuentran hoy en Bolivia, en Perú, en Colombia, quieran ingresar a Chile.
-En estas ciudadelas manejadas por mafias, ¿a que se dedica la gente, a cosas vinculadas al narcotráfico?
-Es un tema complejo, sobre todo buscando la seguridad personal…
-¿Teme que le pase algo?
-Por supuesto. Los tipos de delitos que han ocurrido en la región de Tarapacá, son delitos que no habíamos conocido en nuestra región, sobre todo el secuestro y bastantes asesinatos. Las cosas están cada vez más complejas. Por tanto debo mantener la seguridad personal y la de mi familia. Y en ese sentido muchas personas que entraron de manera irregular están ejerciendo cualquier labor que no sea formal. Eso puedo decir.
-¿Lo han amenazado?
-He sido víctima en varias oportunidades de robos en mi domicilio y he tenido que pernoctar en diferentes lugares, justamente por temor, con la inseguridad que hay en mi comuna y en la región.
-Se ha informado que una banda de narcotráfico venezolana muy peligrosa ha ingresado al país. ¿Tiene antecedentes?
-Por supuesto. Hemos visto en Colchane rayados de grupos criminales como el Tren de Aragua. He visto personas con machetes, amenazando a habitantes cerca de la municipalidad. Son hechos que nos dejan en una estado de vulnerabilidad mayor. Nos encontramos en una comuna donde no tenemos armas para defensa, no contamos con la posibilidad de pedir auxilio. Estamos obligados a tomar medidas como irnos a pernoctar en otros sectores donde hay mayor seguridad o se pernocta con más personas.
Hoy día no existe un mecanismo o tecnología que permita identificar quién es la persona que ingresa. El personal policial le pide su nombre, nacionalidad, origen, pero la persona puede mentir. No existe un mecanismo para verificar si esta persona es un delincuente o tiene antecedentes penales en su país. Nos deja en una situación de inseguridad absoluta.
-¿La violencia ha aumentado en frecuencia e intensidad?
-La violencia ha crecido como también la crueldad de la comisión de los delitos, y eso se está replicando en grupos criminales nacionales para equipararse a estos grupos liderados por extranjeros. Que el gobierno tome con seriedad este fenómeno. Necesitamos aumentar las reconducciones y las expulsiones administrativas. Eso es lo que la gente espera del gobierno.
