Panorama general. El ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Ricardo Martínez, dijo en El Mercurio este fin de semana que “los actores políticos son los principales responsables del quiebre democrático”.

  • “Pinochet debió haber asumido la responsabilidad de mando. Al no hacerlo, otros siguieron esa conducta, dejando desvalidos a los que finalmente ejecutaron sus órdenes, muchos de ellos creyendo que eran legañes las que después fueron desconocidas por algunos de esos superioriores ante los tribunales: Un buen ejemplo es la Caravana de la Muerte, con el general Arellano”, añadió.
  • Esta última definición fue respaldada en el gobierno y la izquierda, pero rechazadas en parte de la oposición.
  • Martínez presentará esta semana el libro Un Ejército de todos, que se sucede al documento que escribió en 2022 -titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”- en que se refiere justamente a la responsabilidad de mando en las violaciones a los DDHH durante la dictadura de Pinochet.

El caso Caravana de la Muerte. Apenas asumió la comandancia en Jefe del Ejército, en 2019, Martínez apostó por realizar una revisión profunda de la participación del Ejército en política en los últimos 50 años, a partir de la rebelión del regimiento Tacna en 1969 contra el gobierno de Frei Montalva.

  • En uno de sus capítulos, “Desde el gobierno cívico y militar a los cambios en institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”, Martínez resalta que Sergio Arellano Stark viajó por el país como delegado de Pinochet.
  • “La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad”, dice el texto. Y añade: “El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército (CJE)”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra”.
  • “Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el General Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla”.

Quién es. Ricardo Martínez es hijo de un teniente coronel que abandonó el Ejército en noviembre de 1973 y su familia ostenta un singular récord: sus tres hermanos y sus dos hermanas también fueron oficiales. Cuando fue nombrado comandante en Jefe (2017), se retiró el último que seguía en la institución. Pero ninguno de sus dos hijos optó por la carrera.

  • Estudió en escuelas públicas hasta 6ª Básico -en Tejas Verdes, Puente Alto y Copiapó- y después en los Hermanos Maristas, en Quillota,  antes de entrar a la Escuela Militar a los 15 años. Fue la primera antigüedad de su curso y escogió la especialidad de Comando, el cuerpo de elite de combate del Ejército.
  • A lo largo de su carrera vivió en distintas ciudades del país y comandó varias unidades, como el Batallón de Paracaidistas y la Compañía de Comandos, en Valdivia, además de dirigir la Escuela de Suboficiales y comandar la II División Motorizada. Su camino hacia la Comandancia en Jefe tuvo un hito fundamental: cuando fue nombrado Subjefe de Estado Mayor Conjunto, en la gestión de Jorge Burgos como ministro de Defensa, en mayo de 2015.
  • Burgos jugaría un papel crucial para que Bachelet nombrara a Martínez, de la misma forma que el ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez. “No es pinochetista”, fue el recado que trasmitió Burgos, avalado por Gómez. El ex ministro también argumentó que era un militar muy profesional y diligente, con un perfil mucho menos político que sus antecesores. Asumió en marzo de 2018.

Rol en el 18-O. Martínez se despidió del cargo publicando el informe “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”.

  • Una semana antes de concluir su mandato al mando del Ejército, a partir del llamado caso Pasajes, que incluyó el pago de comisiones de servicio en el extranjero, la ministra Romy Rutherford lo citó a declarar en calidad de inculpado.
  • La jueza Romy Rutherford tenía entonces la facultad de dejarlo detenido por al menos cinco días, antes de decidir si lo procesaba, o lo dejaba libre. Martínez señaló que era inocente y que no esperaba ser llamado a declarar en víspera de dejar el cargo. Fue en este contexto en el que tomó la decisión de renunciar, tras enterarse de que Rutherford no había accedido a su petición de postergar su interrogatorio y argumentando que no quería perjudicar a la institución.
  • En agosto de 2022, la Corte Marcial dictaminó que la jueza no había reunido antecedentes para imputarle delitos y revocó el procesamiento de Martínez.
  • Uno de los momentos más tensos para el general en retiro, y para la democracia chilena, surgió a partir de la crisis del 18-O y la noche del 12 de noviembre de 2019, cuando la violencia y el vandalismo asolaban las calles del país.
  • El ex Presidente Piñera lo llamó esa noche para que sacara las tropas a la calle. Martínez le dijo que las FFAA no tenían entrenamiento ni armamento adecuado para controlar el orden público. Vale decir, tenía que tener claro que su salida podría implicar numerosas muertes. Añadió que tampoco había reglas claras para el uso de la fuerza. Por último, que le parecía conveniente que una decisión de ese calibre tuviera un amplio apoyo político, vale decir del Ejecutivo y Legislativo, tal como ocurre cuando se toma la resolución de iniciar una guerra. El diálogo refleja la visión que tiene el uniformado del papel de las FFAA en momentos de crisis políticas, una las lecciones de 1973.
  • Sus argumentos finalmente convencieron a Piñera, y después se iniciaron las negociaciones con la oposición para el acuerdo de convocar el plebiscito sobre una Convención Constituyente. Nunca le dijo, según todas fuentes consultadas por Ex-Ante, que no estaba disponible para obedecer la orden de salir si Piñera lo determinaba, pero marcó con franqueza su posición. “No era que le faltaran ganas de poner orden o determinación, pero estimaba que tenía que ser bajo condiciones que garantizarán el éxito de la misión”, señala a Ex-Ante un cercano.
  • Una parte significativa del diálogo fue que le recordó lo sucedido en Bolivia en 2003, cuando el ex presidente Sánchez de Lozada huyó del país tras disturbios que dejaron 64 muertos y los únicos condenados (10 a 15 años de prisión) fueron los jefes militares que cumplieron la orden del mandatario de reprimir. El episodio lo tienen muy presente los militares, que lo asocian a los efectivos, no solo los jefes militares, sino oficiales y suboficiales de bajo rango, que terminaron presos en Punta Peuco.
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