Qué observar. A las 16:31 de este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) publicó en su cuenta de X un breve comunicado en el que informaban que habían resuelto, por 6 votos contra 4, acoger un requerimiento de 17 senadores del oficialismo y la DC a partir de la tramitación de la ley corta de Isapres.
- El requerimiento de los parlamentarios fue realizado respecto de una norma específica: La llamada mutualización, que apunta a que el monto de la deuda de las aseguradoras se calcule sobre la base de quienes se les sube el plan, pero también a quienes se les baja. Se trata de una fórmula que baja de manera considerable el monto a de la devolución -estimado en unos US$ 14o0 millones a mayo de 2023- tras el fallo de la Suprema de 2022, que les ordena utilizar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso a los usuarios.
- El pagar más de mil millones de dólares, han advertido en la industria, supone colocar a las Isapres al borde del colapso financiero.
- La mutualización había sido propuesta por el Comité Técnico de la comisión de Salud del Senado durante el año pasado.
- Y ante la negativa del gobierno de incorporar este punto como una indicación en el proyecto de la ley corta, la UDI decidió hacerlo y defender la idea de que no era materia exclusiva del Presidente.
- La oposición ganó en el Senado.
El fallo de la TC. Este jueves el TC, donde la administración Boric tiene mayoría, definió que la mutualización es de materia exclusiva del Presidente de la República, por lo que no se debió haber votado como moción parlamentaria y que debió haber sido una norma de quórum calificado.
- El ex ministro de Salud y miembro de la Comité Técnico de la comisión de Salud del Senado, Emilio Santelices, señala lo siguiente: “El fallo sólo se refiere a la pertinencia de quien hace la indicación de la mutualización. Es decir, la indicación de incluir mutualización es una prerrogativa del Ejecutivo y no de los parlamentarios”.
- “No se refiere al fondo del asunto en el sentido de que la mutualización no pudiera prosperar como una forma de resolver el tema de los excesos que hay que cobrar de las Isapres”.
El análisis de las Isapres. Para las Isapres, la señal que envió el TC apunta a que es el Ejecutivo el que ahora debe encontrar un mecanismo para hacer cumplir el fallo de la Suprema.
El problema vuelve a La Moneda. El Tribunal no se pronunció respecto del fondo del asunto, como mencionó el ex ministro Santelices, lo que se traduce en que no se declaró inconstitucional la mutualización, sino que sólo la forma en como se votó.
- Por lo anterior, ahora queda en manos del gobierno incorporar o no esta norma.
- Con la mutualización, se estima que la deuda baja en US$600 millones.
- El problema que ven en La Moneda es que el revivir la mutualización a través de una indicación no tiene piso político en la Cámara de Diputados (además de que el propio Ejecutivo ya ha rechazado esa fórmula bajo la idea de no aparecer entregando un “perdonazo” a las aseguradoras, lo que supone un alto costo en su base política y electoral)
El dilema. El Ejecutivo ha dicho que la mutualización incumple el fallo de la Suprema, ya que el dictamen especifica que se debe hacer una devolución de los cobros en exceso “contrato a contrato”.
- El asunto es que las Isapres han señalado que no pueden pagar los más de mil millones de dólares que tendrían que devolver en caso de que no se incorpore la mutualización al proyecto o se busque una salida que logre amortiguar la deuda.
- Si es que no se incorpora la mutualización o una fórmula alternativa, indican en la industria, las aseguradoras caerían en insolvencia y posteriormente quebrarían.
- Es aquí donde comienza la encrucijada de La Moneda.
- Al contrario de cómo comenzó el debate en 2023, donde parte de Apruebo Dignidad y el Segundo Piso de La Moneda apostaba a hacer caer a las Isapres, en el gobierno se ha ido consolidado la idea de que el desplome del sistema supone severos efectos para la propia administración Boric.
- El que las aseguradoras caigan en la insolvencia supone que los cerca de 3 millones de afiliados de las Isapre deberán pasar al Fonasa, en un contexto de aumento de las listas de espera.
- El gran temor es el efecto cascada, vale decir, que si quiebra una Isapre y no paga su deuda a las clínicas, estas últimas también se pueden ver perjudicadas. La ecuación equivale a disminuir la cantidad de prestadores.
- Pero en sectores del oficialismo -situados principalmente en el FA-PC- no están dispuestos a aparecer favoreciendo a las Isapres, más aún después de que buena parte del programa con que llegó Boric ha sufrido profundos cambios a partir de la derrota del Apruebo en el plebiscito del 4S y su minoría en el Parlamento.
A contrarreloj. Qué hacer es un punto que el gobierno tiene sólo una semana para resolver. Según el cronograma acordado con la comisión de Salud de la Cámara, el próximo jueves 28 de marzo el Ejecutivo deberá ingresar nuevas indicaciones a la ley corta de Isapres para que la votación en particular comience el lunes 1 de abril en dicha instancia.
- La idea es que la semana del 15 de abril el proyecto se someta a votación en la sala de la Cámara para que luego pase a tercer trámite, en el Senado.
- El gobierno sabe que la iniciativa terminará en una comisión mixta, lo que aumenta la presión sobre los plazos, ya que el 12 de mayo se debe empezar a cumplir con el fallo de la Suprema.
- Solicitar una tercera prórroga, señalan diversas fuentes consultadas, no es opción para el gobierno.
- En primer lugar, sostienen, porque el máximo tribunal la podría denegar. En segundo término, porque todo apunta a que las cifras de marzo de las aseguradoras serán negativas.
Propuestas. Hasta ahora hay otras tres propuestas sobre la mesa, dos de parlamentarios y una del mismo Comité Técnico del Senado:
1. Licencias médicas: Se trata de que el Estado subsidie temporalmente las licencias médicas de los afiliados, como planteó el diputado Tomás Lagomarsino (PR), para desahogar a las Isapres.
2. Acciones: Que a los afiliados se les pueda pagar la deuda en acciones de las Isapres, y si es que no las tienen, en bonos. Este punto fue planteado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y es algo que el Ejecutivo está estudiando.
3.Plan mixto: La propuesta llamada informe Clarke (por el nombre del autor, el académico Álvaro Clarke) postula que se haga un recálculo de los precios bases de las Isapres en las fechas que cobraron extra, según la Suprema. Para ello, se plantea que se incluyan a las mujeres (estaban excluidas del cálculo) y se vuelvan a calcular los precios que debieron tener los planes. Con ello se rebajaría la deuda de las aseguradoras con los contratantes.
