El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, no descartó que el Gobierno presente indicaciones al proyecto que reestablece el voto obligatorio en Chile y manifestó sus reparos sobre que la normativa no figuraría con una sanción en caso de incumplir el deber cívico.
Al ser consultado sobre cómo abordó La Moneda el avance del proyecto al Senado, Ossa reconoció que “nos preocupan todavía algunos aspectos del proyecto, no es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existiría alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción”.
“Tampoco existe una sanción aparejada a quienes no cumplan lo que se busca ahora que sea un deber de votación. En ese sentido, no quisiéramos que exista una reforma constitucional, una ley electoral que sea de papel. Si de verdad lo que se busca es nuevamente cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber, entonces tenemos que hacerlo bien, tenemos que pensarlo bien. Hay tiempo todavía en el Senado y la invitación es a no hacer las cosas tan rápido”, agregó.
Sobre la postura del Gobierno en la discusión en el Senado y el eventual envío de indicaciones, el ministro Ossa afirmó que “lo primero que queremos ver es cuál es el ambiente en el Senado en el sentido de qué es lo que se busca (…) En la medida que vayamos recogiendo las distintas opiniones, por supuesto partiendo por Chile Vamos, el Gobierno va a adoptar la posición que corresponda”.
“Nuestra postura es que cualquier reforma constitucional se haga con cierto grado de tiempo (…) para evaluar si estamos reaccionando como clase política a un determinado resultado electoral o realmente lo que buscamos es invertir el paradigma de lo que se espera de las elecciones, de los electores y los deberes de los ciudadanos. Si es lo segundo por supuesto que la discusión tenemos que darla, no tenemos por qué dilatarla”, problematizó.
En esa línea, sostuvo que “si se busca el voto obligatorio eso no puede ser una declaración de papel en la constitución que, en definitiva, no signifique que quien no cumple ese deber tenga una sanción. Tener deberes que solo quedan en el papel al final se trata de una desilusión. Nos parece una falsa promesa y esa es, probablemente, la discusión que va a haber en el Senado”.
“Lo que sí celebramos es que los principales defectos de este proyecto fueron subsanados. Nos parecía una discriminación muy poco entendible sobre todo pensando en que no se puede esperar que una persona mayor de 75 años u otra que tenga algún grado de discapacidad no tenga que cumplir un deber. Nos parecía que eso tenía que ser modificado y así se hizo”, añadió.
