“Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Egaña-Comunidad Sustentable”.
La directora ejecutiva del Servicio De Evaluación Ambiental, Valentina Durán, acogió parcialmente la reclamación presentada por la inmobiliaria Fundamenta, a fines de mayo pasado, para intentar revivir el proyecto que la empresa desarrollaba en Ñuñoa y que fuera paralizado.
"En atención a los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, esta Dirección Ejecutiva estima que se presentaron los antecedentes suficientes para concluir que el proyecto no afectará significativamente los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos", dijo Durán en su resolución.
De esta manera, la inmobiliaria tiene luz verde para reiniciar las obras del proyecto, que considera cuatro edificios para viviendas y oficinas, con una inversión de US$ 300 millones.
No obstante, la autoridad ambiental precisó que, en contra de la presente resolución, se podrá reclamar dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso que se estime oportuno, dice la resolución.
Además, está pendiente un fallo de la Corte Suprema, también vinculado al proyecto, y que ya está en acuerdo. El 26 de julio, la Tercera Sala del máximo tribunal del país declaró admisible los recursos de casación que presentaron Fundamenta, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y vecinos del proyecto en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió –a fines de noviembre de 2021- retrotraer el análisis de la obra y revisar el impacto de las sombras que generarían los edificios.
Todas las partes buscan que se anule esta sentencia: los vecinos quieren que se rechace el proyecto, mientras que la autoridad ambiental y la inmobiliaria solicitaron que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada el 15 de mayo de 2019- sea validada por el máximo tribunal del país.
La iniciativa está paralizada desde principios de abril, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez- resolviera rechazar su Declaración de Impacto Ambiental, apuntando al impacto de las sombras que generaría esta construcción en los inmuebles vecinos.
“La decisión fue muy política. Y esta gracia, arbitrariedad e ilegalidad, por lo menos, nos ha costado 400 mil UF (unos $ 13.800 millones), lo que se divide en desmovilizar la obra (con más de 600 trabajadores despedidos), los costos financieros que se han ido acumulando, y lo que significaría retomar las obras”, dijo Pablo Medina, fundador de la inmobiliaria, en una entrevista con Diario Financiero a mediados de octubre pasado “Es prácticamente la mitad de la utilidad del proyecto. Y esto, pensando en que se pueda reiniciar a principios del próximo año”, añadió el empresario, que tiene como socio minoritario a Andrés Echeverría de Frontal Trust.
