“No tenemos esa plata”, les dijo Manuel José Vial Claro, vicepresidente de La Polar, al sindicato de la multitienda a fines de octubre, en una reunión por videollamada para explicar el embargo de cuentas corrientes, la casa matriz y la marca que había pedido la AFP Capital.
La situación, cuentan al interior de la empresa, es crítica. A pesar de una abultada estrategia legal diseñada para evitar pagar los $ 22 mil millones que fija un informe pericial de la AFP como daño patrimonial a los fondos previsionales que administran, y que fueron afectados por el fraude de las repactaciones unilaterales de 2011, hasta ahora no han tenido éxito.
Y todo parece indicar que si Leonidas Vial, el dueño y presidente del directorio, no se sienta a negociar con la AFP parte del grupo colombiano Sura y presidida por Juan Carlos Chomalí, La Polar podría estar viviendo sus últimos días.
Algo que en la defensa de la AFP no creen del todo. Asumen que la estrategia legal de la retailer liderada por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado y exdecano de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, ha intentado dilatar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que en septiembre del año pasado sorprendió a todos, y ha presentado una serie de antecedentes y varias apelaciones e incidentes, que han sido rechazados por el tribunal.
De hecho, esta semana el juez Daniel Platt del 13º Juzgado Civil de Santiago rechazó las últimas alegaciones de Harasic y lo condenó a pagar costas, por haber sido “completamente vencido” su argumento. Harasic apeló a esta decisión.
A pesar de que la caja de La Polar es de poco más de $ 6 mil millones, creen que sus accionistas, León Vial el principal, puede levantar un bono en el mercado. Las dudas sobre la realidad de esa salida, son varias. El lema en Sanhattan de que “Vial nunca pierde”, está por verse en este round, que podría ser el último.
Cuentas sin saldo
El caso se movía poco, por lo que el 25 de octubre la defensa de la administradora, liderada por el jurista Juan Ignacio Correa, pidió apurar las cosas y solicitó rematar bienes a la empresa.
Lo primero que pidió fue liquidar 12 oficinas, más una decena de estacionamientos y bodegas en Santa Clara 207, Huechuraba, donde ahora funciona la casa matriz de La Polar. Además, pidieron trabar embargo sobre 402 marcas registradas a nombre de la firma en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Según el estado de resultados del primer semestre, la empresa tiene contabilizadas a valor libro sus marcas en $ 21 mil millones. Y este jueves, un receptor judicial fue hasta el Inapi y procedió a embargar las marcas.
Por último, pidió embargar los saldos de una serie de cuentas corrientes de los bancos Santander y Chile.
Pero el proceso ha sido complejo. En el caso del embargo de la casa matriz, el receptor judicial que fue hasta Huechuraba el 3 de noviembre a las 15:13 horas, dijo que la diligencia no se pudo realizar “por oposición de persona adulta del domicilio, de sexo femenino, quien dijo llamarse Francisca Pérez, y ser abogada de dicha empresa, ello debido a que se encuentran trámites pendientes en la causa”. Esta semana, el abogado Correa pidió “el auxilio de la fuerza” para concretar la diligencia.
Dichas oficinas, que fueron compradas a Itaú luego de vender el terreno ubicado en Renca de La Polar en 2019 por unos US$ 14 millones, estarían bajo hipoteca cedida a una firma de Vial, por lo que conocedores del tema dudan que se pueda rematar fácilmente.
Y en cuanto al embargo de las cuentas corrientes, tampoco le fue muy bien. El 26 de octubre fueron al Banco de Chile y el Santander y encontraron un saldo igual a cero pesos en tres cuentas.
Solo en una cuenta del Banco Santander pudieron incautar $ 287.243. Eso era todo.
La empresa solo ha hablado a través de hechos esenciales firmados por Manuel José Vial. El primero enviado el 27 de octubre, donde dijeron que se opondrán al embargo, mientras que en el segundo, del 4 de noviembre, señalan que la medida no puede ejecutarse porque se encuentra en controversia el monto final que debe pagar La Polar.
En lo concreto, su argumento es que debe descontarse lo pagado por la auditora PwC, que llegó a un acuerdo a inicio de este año con todas las AFP por más de US$ 60 millones.
Pero además mencionaron el informe elaborado por el exministro Rodrigo Valdés y la economista Andrea Butelmann, que “da cuenta, a través de un análisis objetivo, que AFP Capital no sufrió pérdidas por sus inversiones en acciones de la Sociedad y por tanto no experimentó perjuicios indemnizables”.
Asimismo, concluyó que la realización del embargo “ha generado expectación y especulación en la prensa, en el mercado en general y en la empresa en particular respecto del estado del negocio de La Polar”. Según fuentes al tanto, varios proveedores empezaron a llamar nerviosos a la empresa preguntando qué pasaba y si seguían o no enviando mercadería.
Los trabajadores también encendieron alertas, y de hecho, la semana pasada entregaron una carta a los directores de la AFP pidiendo reconsiderar el embargo para salvaguardar sus puestos de trabajo. También solicitaron una audiencia con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
El único camino viable, dicen fuentes al tanto, es que se sienten a negociar un monto que satisfaga la pretensión de la AFP. Pero hasta ahora eso no se ha concretado. De hecho, cuando Felipe Bulnes se convirtió en el mediador entre las AFP, Moneda y PwC, se le pidió tantear el interés de La Polar por sentarse a la mesa a negociar también. Pero desde la empresa rechazaron tajantemente aceptar.
¿Y los demás ejecutivos? La Polar no fue la única condenada a pagar una indemnización a los cotizantes de la AFP Capital. También lo fueron los exejecutivos Pablo Alcalde, Marta Bahamondes, María Isabel Farah, Pablo Fuenzalida, Martín González, Santiago Grage, Nicolás Ramírez, Ismael Tapia y Julian Moreno.
Pero de ellos no se ha encontrado ningún bien. A pesar de que AFP Capital contrató a expertos para que busquen bienes que sean embargables, hasta ahora no han hallado nada que tenga un valor considerable para este asunto y que esté a nombre de ellos. Pero siguen buscando, porque, creen, es imposible que no tengan nada.
Hace unos días se reunieron reservadamente seis abogados de los exejecutivos a coordinar la defensa. No hubo decisiones concretas, y lo que más se comentó fue la fallida estrategia legal que ha tenido La Polar para oponerse al cumplimiento del fallo.
Las cifras de La Polar
Mientras tanto, el negocio empieza a mostrar signos preocupantes. En el segundo trimestre del año, La Polar presentó pérdidas por $ 6.076 millones, explicado principalmente en que su cartera financiera aumentó, por lo que tuvieron que hacer mayores provisiones. Los ingresos por el negocio financiero crecieron 62% en el segundo trimestre.
En esto influyen los retiros de las AFP y los bonos fiscales del año pasado, con los que la gente pagó sus cuentas con La Polar, lo que hizo bajar las provisiones, pero ya sin medidas de confinamiento y sin bonos universales a la vista, las tarjetas vuelven a ocuparse para comprar a crédito y eso aumenta las provisiones.
Hay un total de 1.190.500 Tarjetas La Polar activas, pero solo 143.005 tienen saldo. Se han hecho en promedio 609 repactaciones a junio versus las 228 que se hicieron en diciembre de 2021. Mientras que la Tarjeta Visa La Polar cuenta con 658.688 clientes, 273.268 de las cuales tienen saldo y con un promedio de repactaciones de 764 contra las 295 de diciembre del año pasado.
Por el contrario, el negocio retail presentó una baja en sus ingresos de 1,2%, pues la desaceleración económica y la inflación ha afectado las ventas de toda la industria retail desde el más grande al más pequeño. Solo para comparar, en el segundo semestre de 2021, los ingresos en retail de La Polar crecieron 124,6% respecto a 2020. Otra vez, por los bonos y los retiros previsionales.
El panorama para los próximos trimestres no es alentador para el retail en general, con una contracción económica global que impactará en Chile desacelerando su economía interna.
En todo caso, hay una noticia “buena” en los estados financieros. Buena, entre comillas, porque no es vista así por todos. “Al cierre de junio 2022, la compañía presenta bajísimos niveles de endeudamiento, alcanzando $ 23.910 millones”, dicen sus resultados.
En efecto, La Polar no tiene deudas bancarias y solo presenta un pasivo con un fondo de inversión privado administrado por Ameris, y que tiene como garantía parte de la cartera de clientes deudores, un instrumento habitual en retailers para financiar sus operaciones.
Al 31 de diciembre del año pasado había un crédito dado por el Banco Consorcio por mil millones de pesos, pero que a junio de este año ya está saldado.
Y en su última clasificación, Humphreys -que mejoró su nota desde Categoría C a Categoría B+- indicó que si bien La Polar ha mejorado continuamente sus niveles de endeudamiento y resultados, “se espera que los resultados disminuyan a lo largo de 2022, dada la menor liquidez esperada en la población”.
Agregó que “la clasificación de riesgo en “Categoría B+“ se debe a que la compañía posee dificultades para acceder a un financiamiento diverso, financiando sus operaciones recurrentemente con entidades financieras no bancarias y apoyándose en su stock de cuentas por cobrar. Al margen que el emisor mantiene cartera disponible para este tipo de operaciones, de resentirse dicha alternativa la empresa requerirá una inyección de recursos por parte de sus accionistas para sostener su estructura operacional en un entorno de flujos deprimidos”.
La clasificadora remató: “El negocio crediticio es altamente intensivo en capital de trabajo y el emisor presenta bajas alternativas de acceso a las fuentes de financiamiento. Más allá de la adecuada gestión llevada a cabo por la administración actual, La Polar presenta los riesgos propios de un proyecto aún no consolidado”.
Si hasta el año pasado ya era complicado para la empresa acceder a financiamiento tradicional, hoy, con el embargo de su marca y su casa matriz en curso, las cosas se ponen peor. Y los días corren en contra.
