Sigue el round en la Corte de Apelaciones entre la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) y el Ministerio de Agricultura.
La semana pasada, las autoridades se defendieron ante el recurso de protección solicitado por las empresas en contra del instructivo enviado por la cartera al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que ordena endurecer los criterios para aprobar subdivisiones de predios rurales y suspender todas aquellas en que se sospeche que serán usadas para fines inmobiliarios.
Ahora, IPRA arremetió nuevamente y presentó una Orden de No Innovar (ONI), documento que busca suspender la circular del gobierno mientras se tramite el recurso de protección.
Nicolás Garat, vocero del gremio, explica que sus argumentos se basan principalmente en que “tenemos claro que el instructivo es absolutamente ilegal”.
El CEO de Parcelas de Chile, responde a los argumentos del gobierno, que puso énfasis en los daños ecosistémicos causados por la proliferación de loteos: “Cuando se hace mención a un perjuicio en el uso de suelo agrícola, no se está entendiendo lo que es una parcela de agrado. La mayoría -de las que tenemos nosotros- están en un suelo en que no se puede plantar nada. Muchas están en la VI y VII Región en suelos arcillosos o en secano costero, donde la sal no permite plantaciones de ningún tipo”.
Asimismo, agrega que las grandes empresas agrícolas son quienes ocupan el 94% del agua y quienes generan contaminación por cambios arbitrarios en el uso de suelo, “y a ellas el ministro no les ha hecho ninguna referencia”.
Contratos millonarios en juego
Una novedad en este capítulo del juicio fue que las inmobiliarias apelaron a las inversiones que realizaron antes de conocer la medida del gobierno.
“Se modificaron los requisitos, criterios y condiciones que regían las subdivisiones, de al menos, los últimos 30 años”, dice la ONI. “Es así, como miles de personas y, por cierto, las recurrentes, adoptaron decisiones económicas como fruto del análisis regulatorio existente, las que eran estables y cuyos criterios fueron sostenidos durante el tiempo”.
Acusan al Ministerio de cambiar las condiciones, lo que generaría “un descalabro económico sin precedentes”, tanto para las empresas como para sus trabajadores, vendedores, corredores y compradores finales.
En ese sentido, señalaron que existe una serie de contratos de compraventa, de promesa, de asociación y corretaje y de trabajo que se ven afectados por esta medida.
Garat sostiene que “hay muchas personas que quieren hacer una compra más inteligente de terrenos, entonces lo hacen igual que con los departamentos, con compra en blanco o en verde (…) Entonces muchas inmobiliarias hoy están viendo que va a haber un retraso para los clientes en la entrega”.
Por ejemplo, la inmobiliaria Mon Mapu, detalló que previo al instructivo adquirió predios rústicos por $762 millones, “sin que fuese previsible dicho actuar tan contrario a derecho”. Además, aseguró que días antes, celebró un contrato de promesa para la compra de un paño por un precio de $2.200 millones, con la intención de subdividirlo en el SAG.
“Este contrato de promesa establece cláusulas penales asociadas a incumplimientos, y además, se pagó parte del precio”, dijo Mon Mapu.
Inmobiliaria Terramar, por su parte, reveló que adquirió un inmueble por $431 millones en Litueche, además de tener otros dos contratos de promesas en esa misma comuna y en Las Cabras, por un total de $1.325 millones. En uno de esos dos casos, Terramar dijo que ya celebró 65 contratos de promesa de compraventa, que suman $663,7 millones.
“En virtud de los contratos antes expuestos, ha desembolsado más de $1.081 millones en la adquisición de inmuebles para el desarrollo de su giro comercial lícito, y estando expuesto a cláusulas penales y eventuales cumplimientos forzosos cuya cuantía hace aún más insostenible la situación del recurrente señalado”, se lee el documento.
Por otra parte, Inmobiliaria Verdeytierra también afirmó haber adquirido comprado terrenos por $1.100 millones y acusó que no se les ha notificado de ninguna resolución de suspensión ni rechazo de las subdivisiones solicitadas, pese a que ya venció el plazo.
Garat dice que, sea cual sea la regulación que se termine efectuando para las parcelaciones, esta no puede afectar a todos esos contratos celebrados con anterioridad.
“No tiene ninguna seriedad ni fundamento legal el generar un instructivo y hacerlo retroactivo, cuando ni siquiera está apegado a ninguna ley. En todos mis años de trabajo nunca había visto algo así”, enfatiza.
En paralelo, a partir de la circular, otro gremio de parceleros, Chile Rural, y el Senado recurrieron a Contraloría para consultar por la legalidad del instructivo. En tanto, la Cámara Alta también aceleró las discusiones para regular las subdivisiones de predios, que se han duplicado en los últimos años.
