El 29 de enero Microplay cumple -o cumplía- 24 años. Ese día, pero de 1999, llegaron hasta una notaría en la calle Agustinas en el centro de Santiago Alberto Camhi Alaluf y su hijo, Jaime Enrique Camhi Felsenstein, dos reconocidos empresarios de la comunidad judía en Chile, a formar la sociedad Microplay Chile Sociedad Anónima.
El objetivo, a fines del siglo pasado, era importar y vender productos de tecnología y videojuegos. El capital social fue de $ 42 millones.
En diciembre pasado, dos décadas después, empezaron a cerrar tiendas, y a hacer inventarios profundos de cada uno de los productos que tenían exhibidos y en bodega, y el 6 de enero, asesorados por el abogado Nelson Contador, dijeron basta. La acumulación de deudas vigentes, vencidas y por vencer, sumada a una caída brutal de la actividad, los hicieron pedir su reorganización judicial.
Sin embargo, el 11º Juzgado Civil de Santiago dio un giro brusco a la historia. Dijo dos veces que no, porque no se justificaban ni se reunían todos los requisitos para pedir su quiebra.
Ahora, a Microplay le queda o que alguien la compre en su totalidad, o que un acreedor, entre ellos los bancos BCI, Santander, Estados, Itaú y Consorcio o alguno de sus 121 proveedores o incluso Tesorería, pida la quiebra.
De familia a socios
Entre el 99 y el 2014 la empresa creció con una fuerte estrategia de importar primeros los videojuegos y artículos tecnológicos disponibles en el mercado internacional. Hasta entonces era una empresa familiar comandada por Jaime y Marcos Camhi Felsenstein.
Fue de las primeras en subirse al comercio electrónico y sus ubicaciones estratégicas en lugares de alto tránsito, como centros comerciales o calles principales, la hizo una de las marcas más reconocidas en el segmento geek y gamer.
En 2014 cambió la estructura de la firma y los socios fueron formalmente Jaime Camhi, a través de Inversiones La Primera, y Marcos Camhi, por medio de Inversiones Atid, donde es socio de su esposa. Y buscaron accionistas para crecer.
El 16 de noviembre de 2015, Felipe Serrano Sotomayor, por Inversiones Grupo Tecnológico Comseg Limitada; Marcos Andrés Camhi Felsenstein, por Microplay, y Sonia Andrea Said Yunis, por Comercial Bambu Limitada, sellaron la nueva estructura societaria y fijaron un capital de $ 128 millones.
Los Said Yunis son accionistas de Piensa Móvil, una empresa especializada en Tecnologías y servicios para la transformación digital, mientras que Felipe Serrano Sotomayor es dueño de Comseg, una firma especializada en soluciones tecnológicas. Eran el match perfecto, la relación entre los socios fluía y los números iban de maravilla. Serrano se convirtió en el gerente general, quien llevaba el día a día de la operación, y Camhi era el presidente del directorio.
En una de las escasas entrevistas que dieron, en 2017, Serrano dijo al medio especializado Channel News, “nuestra principal misión es ser expertos en tu mundo, brindando una atención personalizada, para lo cual contamos con una fuerza de ventas profesional y especialista, que recibe constantes capacitaciones. Por otra parte, tenemos un departamento de estadísticas orientado a analizar los estilos de compra, preferencias y gustos de nuestros clientes para ofrecerles lo que realmente necesitan”.
En 2018 crearon la sociedad Kitchen Corner, junto a David Batikoff Alaluf, con un capital de $ 300 millones y con el objeto de importar y vender artículos de hogar y cocina en una tienda en Las Condes. De la firma no hay registros vigentes, aunque sí aparece como parte de los bienes de Microplay en el proceso de quiebra.
En 2019, fue el último aumento de capital de la firma, y los tres accionistas completaron $ 1.295 millones.
Después de eso, vendría la debacle.
Efecto dominó
Primero fue el estallido social en octubre de 2019. Decenas de sucursales saqueadas y cierres prolongados hicieron que ese año cerraran con pérdidas. Además, fue a fines del año, el mejor periodo para las compras, por Navidad y vacaciones escolares, que no pudieron aprovechar.
Meses después vino la pandemia. Microplay de hecho sufrió una “funa” en redes sociales, luego que se filtrara una carta firmada por Serrano y Camhi que indicaba que no seguirían pagando los sueldos a sus trabajadores desde el 19 de marzo, como lo hicieron cientas de otras empresas en el país.
Desde entonces, la relación con sus trabajadores ha sido tensa. Aunque no hay sindicato ni demandas laborales vigentes, este medio conversó con varios ex y actuales trabajadores, quienes comentan que desde el estallido social que la administración se distanció de la fuerza de venta y los hizo trabajar ante condiciones adversas. Además, por estos días se están organizando y contactando abogados para ver los pasos a seguir. El 8 de febrero es el día de pago de los sueldos de enero, y ahí verán si existe un pago o no.
De hecho, la firma argumentó ante el tribunal que el motivo que tenía para pedir la quiebra era que sus trabajadores pudieran cobrar sus seguros de desempleo y ser los primeros en ser resarcidos una vez que se rematen los bienes. Porque además, mientras más días sin ventas suman, menos ingresos y más deudas -previsionales, de arriendo y con proveedores- se acumulan.
El 27 de mayo de 2020 se reunió el directorio y decidieron modificar los poderes para que, si vendían la empresa, tuvieran que firmar siempre los tres directores: Sonia Said Yunis, Felipe Serrano Sotomayor y Marcos Camhi Felsenstein. Desde entonces, según conocedores, hubo varios intentos por vender la firma, pero ninguno llegó a puerto.
Sin embargo, la caída en dominó no se detuvo con la pandemia. Cuando se reabrieron las actividades comerciales, menos gente iba a comprar físicamente y el alto precio del dólar y la inflación, sumado a menos efectivo disponible en los consumidores, hizo insostenible la situación. Es más, la Navidad recién pasada vendieron 50% menos que el año pasado. El 5 de enero se cerraron por fuera todas las 30 sucursales que tenía la firma en Chile.
El factor quiebras personales
El inventario duró varias semanas. Y el resultado es un documento de 1.124 páginas donde se detalla cada uno de los artículos que al día de hoy tiene Microplay para vender, y que deberían ser rematados una vez que se declare la quiebra.
En total, sumando 44.741 artículos, entre ellos audífonos, pantallas, aires acondicionados, vasos, figuras de plástico, discos duros, teclados y muchos cables, suman $ 3.204 millones. El problema es que los pasivos ascienden a $ 5.704.
Los principales acreedores son BCI, con quien tiene dos créditos Covid por $ 775 millones y representa el 13% del total de sus pasivos. Seguidos de tres créditos con el Santander por $ 476 millones.
Por el lado de los proveedores, la empresa estadounidense que distribuye videojuegos en Latinoamérica, BR-1 America Inc., es la principal acreedora con $ 436 millones, el 7,65% de los pasivos totales, seguida de Electrónica Fujicorp, con $ 317 millones.
En la plaza legal la no-quiebra de Microplay ha sido tema comentado todos estos días. Sus activos son menos que sus pasivos, tiene deudas con mora, cerró todos sus locales y 177 trabajadores están a la deriva. Sin embargo, según el tribunal que vio el proceso, falta un factor clave: Microplay no tiene juicios iniciados por acreedores.
Desde que comenzaron a regir las quiebras personales en el país, fueron varias las personas naturales que empezaron a autodeclararse en quiebra usando la ley solo para reorganizar sus deudas. Cuando los tribunales se dieron cuenta de ese vicio, empezaron a pedir requisitos fijos, entre ellos, que tengan juicios abiertos en su contra. Algo que Microplay no tiene.
