La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la fusión de Claro con VTR, pero solicitó a las operadora ejecutar una serie de medidas de mitigación para llevar a cabo la operación de concentración.
El organismo descartó la existencia de riesgos unilaterales de aumento de precio o disminución de calidad en el segmento minorista para el desarrollo conjunto de servicios fijos (internet, TV de pago y telefonía) y móviles (telefonía, internet, y mensajerías SMS y MMS).
En el caso de los servicios de internet fijo, la investigación realizada por la FNE concluyó que el joint venture será efectivamente "disciplinado" por la presión competitiva que le ejercerán otros actores incumbentes, como Movistar Chile y Entel, o nuevos entrantes, como Mundo, tanto a nivel nacional como local. Además, todos ellos, a diferencia de VTR y Claro, cuentan con una ventaja tecnológica al tener redes en fibra óptica, además de poseer planes de expansión relevantes.
Respecto del mercado de TV de pago, la FNE constató que existen otros operadores relevantes que también presionarían competitivamente a la entidad resultante del joint venture y proyectó que las nuevas formas de visualización, como streaming y plataformas over-the-top, lo seguirían haciendo con más fuerza aún en el futuro.
En cuanto a la telefonía fija, los riesgos fueron descartados debido a la importante caída que ha sufrido este segmento en los últimos años.
Medidas de mitigación
La autoridad sí advirtió que, de no mediar medidas de mitigación estructurales, la operación generaba un riesgo apto para reducir sustancialmente la competencia en los servicios inalámbricos, debido al posible acaparamiento de espectro radioeléctrico, considerado un insumo esencial para la prestación de servicios móviles.
Para disminuir el riesgo, VTR y Claro ofrecieron a la FNE diversas propuestas de medidas de mitigación. Luego de la quinta presentación de las partes, la FNE consideró los remedios ofrecidos como efectivos, pues consistían en un paquete de desinversión de espectro factible de ser concursado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el futuro y capaz de atraer el interés de potenciales compradores.
Se trata de la devolución de 10MHz de espectro al Estado en la macro banda media (banda 3.5 MHz) y de otros 10MHz de espectro en la macro banda media baja (banda AWS), además de la actualización del plan de uso efectivo y eficiente del espectro que actualmente posee Claro.
Para la FNE, estas medidas garantizan que el joint venture usará en forma efectiva y eficiente la totalidad del espectro que mantendrá bajo su titularidad y son efectivas e idóneas para impedir que la operación genere una reducción sustancial de la competencia. Además, son factibles de implementar, ejecutar y monitorear y proporcionales a los riesgos de competencia detectados.
Adicionalmente, la FNE representó a VTR y a Claro que el joint venture podría infringir una resolución pronunciada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Resolución 1/2004), en la cual prohibió a VTR y a su controlador participar en la propiedad de compañías operadoras de televisión satelital en Chile.
Ante esto, las partes se comprometieron ante la FNE a cumplir con dicha resolución, traspasando los activos del negocio de televisión satelital de Claro a un agente fiduciario, fuera del ámbito de administración del joint venture, antes de materializarlo, quien será el encargado de desinvertirlos a un tercero independiente de VTR y Claro, dentro de un plazo determinado.
El equipo de Claro fue liderado por el estudio jurídico especializado en esta área, Pellegrini & Rencoret, cuyo equipo estuvo conformado por dos de sus socios, Pedro Rencoret y Julio Pellegrini y su asociada, Catalina Sierpe; mientras que por el lado de VTR, estuvo a cargo el estudio jurídico FerradaNehme, con sus abogados Nicole Nehme, Benjamín Mordoj y Sebastián Dufeu.
