Si esto fuera una partida de póker, el primero en mostrar las cartas fue Cruz Blanca, la isapre controlada por el grupo inglés BUPA que echó a toda su fuerza de venta. El resto de los jugadores de la mesa, Colmena, Nueva Masvida, Banmédica-Vida Tres, Consalud y la última en sumarse al juego, Esencial, están esperando, y a punto de bajar los naipes.
Pero -y siguiendo con la analogía que hace el director de una aseguradora- puede darse el caso de que alguna se retire de la mesa y necesite ayuda para pagar lo que apostó. Un código rojo, en jerga de una urgencia clínica. Y por eso, varias isapres y acreedores ya empezaron a activar contactos, directa e indirectamente, para llevar adelante procesos de reorganización o incluso liquidación en el peor de los casos.
2022 fue un mal año para las isapres, por diversas razones, entre ellas, mayores costos de salud, imposibilidad de reajustar los planes de salud en el parámetro que ellas querían y un fallo de la Corte Suprema a fines de noviembre que dijo que las isapres no pueden elaborar tablas de factores por sexo y edad por ser una práctica inconstitucional, y ordenó que los miles de contratos de salud vigentes se deben basar en la Tabla Única de Factores de la Superintendencia de Salud, publicada en diciembre del 2019.
De hecho, el despido de empleados es algo que todas las isapres han evaluado, pero no es fácil. Para echar a mucha gente se necesita caja para pagar indemnizaciones, y dinero no sobra en las isapres.
Por lo pronto, sí han reducido drásticamente costos en sus operaciones (ver infografía). En publicidad el gasto se redujo a la mitad entre 2019 y 2022, además del cierre de varias sucursales y desvinculaciones.
Pero así y todo, las pérdidas a septiembre de este año siguieron acumulándose y llegaron a los $ 127.927 millones. Quien lideró los números rojos fue justamente Cruz Blanca, que perdió $ 44.873 millones en los primeros nueve meses del año.
En segundo lugar quedó Consalud, controlada por ILC de la Cámara Chilena de la Construcción, que registró pérdidas por $ 38.544 millones. Le siguió Banmédica, con $ 33.846 millones; Colmena, con $ 14.059 millones. La isapre Esencial, ligada a la Clínica Alemana, perdió otros $ 1.356 millones. Solo dos entidades registraron números azules: Nueva Masvida, con $ 2.823 millones, y Vida Tres con $ 1.930 millones.
Otra señal clara es que se acabaron los aumentos de capital. En el caso de Consalud, el 2021 recibió aportes de capital por $ 90.000 millones y durante el 2022 hasta inicio de agosto se aportaron $ 26.000 millones.
El controlador de Cruz Blanca, Bupa, ha hecho tres aumentos de capital desde el año pasado a agosto. El primero fue por $ 45.577 millones en enero de 2021; el 15 de marzo de este año fueron $ 123.397 millones y el último fue el 15 de junio de este año por $ 1.384 millones. Todo ese dinero no fue necesariamente a la isapre, sino que a todos los negocios presentes en el país.
Colmena, desde el año pasado, ha inyectado $ 20 mil millones a su operación de parte de sus accionistas: Grupo Bethia, un fondo de LarrainVial y la familia Trucco.
Un director le pone fecha al cataclismo. 15 de enero. Si para esa fecha la Superintendencia no emite los dictámenes para interpretar el fallo que aclare cuán retroactiva será la aplicación de las tablas de factores -y cuánto costará entonces para cada isapre-, el escenario se empeora. En Chile, en Estados Unidos y en Europa están mirando los caminos a seguir.
En la Superintendencia, dirigida por el doctor Víctor Torres, hay varios equipos trabajando para analizar los cambios que se harán, desde luego la Intendencia de Fondos, el departamento de estudios y los equipos jurídicos de la Fiscalía de la entidad.
La normativa que le pidieron a la Superintendencia implica hacer una serie de cálculos de las diferencias que existen entre la Tabla de Factores que validó la Corte y los más de 42 mil planes de salud vigente. El plazo para hacerlo es de seis meses y no hay una fecha clara de si se tomará todo el plazo o lo hará antes.
Tras una serie de reuniones entre el gobierno y las isapres, el mensaje es que no buscan matar al sistema con la interpretación del fallo, pero que el fallo es uno solo y tienen que cumplirlo.
Reorganizar, refinanciar o caer
En varios bancos de inversión de la plaza y bufetes de abogados ya comenzaron los contactos.
Bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, los nombres que más suenan en el mercado para liderar estos procesos son el de Patricio Jamarne, Nelson Contador, Felipe Castañeda y María Loreto Ried.
En particular Jamarne y Contador son los principales candidatos. El primero es el veedor de la quiebra de la ex isapre Masvida, mientras que Contador fue el asesor de la ex isapre de médicos originaria de Concepción.
En tanto que ex autoridades del Ministerio de Salud y de la Superintendencia del ramo también han sido contactados para evaluar escenarios.
Todavía, advierten consultados directamente, es todo preliminar y en algunos casos se ha tratado de consultas indirectas. Qué pasaría si, o cuáles son los escenarios de salida, son las principales preguntas. Y no solo las isapres o directivos han preguntado. También lo han hecho clínicas grandes y medianas, y proveedores médicos como laboratorios o asociaciones médicas. Todos están preocupados.
Es que a pesar de que las deudas de las isapres tienen garantías, cobrarlas es complejo -por ejemplo, las de ex Masvida, que cayó en 2018, siguen aún pendiente una parte de ellas- y además se paga primero a los trabajadores, luego pacientes y después una serie de pagos priorizados. Muchos proveedores pequeños o medianos dependen financieramente de lo que le compran las isapres, por lo que si una cierra la llave de pagos, la caída en cadena puede ser peor.
De acuerdo a las cifras disponibles en la Superintendencia de Salud a septiembre, las isapres abiertas del sistema tienen deudas con beneficiarios y prestadores registradas por $ 744.033 millones, y la garantía depositada sobre ese monto es de $ 777.307 millones, dando una cobertura de 104,5%.
Sin embargo, los otros indicadores legales que deben mantener las isapres están en algunos casos al límite. El estándar mínimo de patrimonio debe ser al menos o igual a 0,3 veces. La isapre Banmédica es la única que está en el límite inferior exacto, seguida de Cruz Blanca que está en 0,4 veces y Nueva Masvida y Consalud en 0,5 veces. En cuanto a liquidez, cuyo estándar mínimo es de al menos 0,8 veces, Banmédica está justo en ese guarismo, y Colmena, Cruz Blanca, Consalud y Nueva Masvida están apenas en 0,9 veces.
La reforma y la Ley Corta
En el gobierno están concientes de la gravedad del asunto. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha estado en diversas reuniones con isapres y esta semana también se reunió con las clínicas, las que se muestran expectantes y preocupadas de lo que pase con las isapres, uno de sus principales compradores de servicios.
No hubo respuestas concretas luego de las reuniones, ni tampoco fechas. Todo depende de la Superintendencia de Salud, repitieron las autoridades.
Sin embargo, al interior del gobierno están trabajando en una Ley Corta de emergencia. En el caso de que caiga una isapre, según la normativa vigente, primero la isapre es intervenida y dependiendo de la gravedad de la situación se trata de vender la cartera de pacientes. En caso contrario, y si nadie quiere comprar dichos pacientes, pasan a Fonasa.
Y justamente porque la gravedad es cierta, en Fonasa y el Ministerio de Salud están afinando los detalles para presentar un nuevo fondo en el operador estatal. En este, que sería algo así como un fondo E, se irían todos los pacientes que otras isapres no aceptaron. Principalmente los con preexistencias, y más caros de solventar. Todavía no hay fecha para el ingreso del proyecto, ni si este fondo E permitirá que otras personas puedan sumarse a él de acuerdo a sus ingresos.
En paralelo, el gobierno sigue trabajando en una reforma profunda al sistema de aseguramiento de salud, que entre otras cosas, crearía un fondo único de salud. Dicha reforma está siendo trabajada internamente por Fonasa, dirigida por Camilo Cid, y por el doctor Bernardo Martorell, designado en septiembre como Coordinador de la Reforma de Salud.
Estudio revela que gasto per cápita en Fonasa e Isapre son casi iguales
¿Y qué pasa si Fonasa o el nuevo sistema único absorbe a los afiliados a Isapre? Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, hizo los números.
Desde el 2010 el gasto de Fonasa se ha incrementado un 154%, pasando de 5,2 billones de pesos en 2010 a 13,3 billones en 2022, siendo el aporte fiscal la fuente de financiamiento con mayor relevancia, pasando de representar el 59% en 2010 al 71,1% en 2022. El resto es cotizaciones de los afiliados.
En el caso de Fonasa el gasto en prestaciones de salud per cápita pasó en 2010 de $ 367.815 por cada beneficiario al año a alcanzar en 2022 los $ 806.698 por beneficiario, implicando un incremento de 119%. A lo anterior cabe agregar que el gasto en licencias médicas para el mismo período el gasto ha crecido un 252%, pasando de 600 mil millones a principios de la década pasada a los 2 billones de pesos.
En el caso de las isapres, el gasto en prestaciones de salud se ha incrementado en un 60% desde 2010, pasando de 1,7 billones de pesos en 2010 a 2,8 billones en 2022.
El gasto en salud por beneficiario de las Isapres creció un 38%, desde $ 617.982 en 2010 a $ 854.914 en 2022. En el caso del gasto en licencias médicas, éste pasó de $ 340 mil millones en 2010 a 1 billón de pesos en 2022.
Al comparar directamente el gasto de ambos sistemas, el gasto per cápita en prestaciones de salud de isapres y Fonasa sin realizar ningún tipo de ajustes, revela que la brecha existente se ha cerrado en forma progresiva. En 2010, las isapres gastaban un 68% más que Fonasa en prestaciones de salud, mientras en 2022, esta brecha se redujo a un 15%.
Hay que tener en cuenta que en Fonasa hay 15 millones de usuarios, y en las isapres poco menos de 4 millones.
Pero si al gasto en isapres se le descuenta el gasto en exceso por prestadores de precios muy por encima del promedio de mercado, la brecha en 2022 se reduce hasta un 4%. “Esto significa que otorgar a todos los beneficiarios de Fonasa la misma mezcla de prestaciones que reciben los beneficiarios de isapre, sin incluir los prestadores de alto precio, costaría $ 26.378 anuales por persona, es decir $ 400 mil millones. Esto equivale a un incremento del gasto de un 0,1% del PIB”, dice el informe.
Y si se corrige el gasto per cápita en prestaciones de salud de las isapres y Fonasa por la mayor siniestralidad esperada de la cartera del ente público, la brecha en 2022 sería de un 21%.
“Esto significa que otorgar a todos los beneficiarios de Fonasa la misma mezcla de prestaciones que reciben los beneficiarios de isapre costaría $ 134.218 anuales por persona, es decir alrededor de 2 billones de pesos. Esto equivale a un incremento del gasto de un 0,8% del PIB”.
Y por último si solo se considera la cotización obligatoria de 7% y se excluyen los aportes adicionales voluntarios de los afiliados a isapres, la brecha se invierte, siendo la cotización obligatoria por beneficiario de las isapres un 23% inferior al costo del paquete de prestaciones de Fonasa. Lo anterior corrigiendo el costo del paquete de prestaciones por la mayor siniestralidad de los beneficiarios de este sistema.
Esto significa, que para entregar con el seguro único a los beneficiarios de isapre con las actuales prestaciones de Fonasa se requerirá de $ 144.134 adicionales por cada beneficiario de isapre, o sea, $ 470 mil millones, equivalentes al 0,2% del PIB.
“Esto nos dice que en el caso de haber una unificación del sistema, todas aquellas promesas respecto a que va a haber mucho dinero disponible que hoy no se está gastando para ser utilizado en este fondo único, no son tal. De hecho, nuestros cálculos son que si tú unificas el sistema hoy, con el gasto que tienen las isapres, faltarían $ 700 mil millones”, dice Beaumont.
