La UEFA lanzó este miércoles su arsenal de pesquisas disciplinarias ante la negativa de tres de los promotores de la Superliga europea; FC Barcelona, Real Madrid y Juventus de Turín, de abandonar su proyecto de competición paralela.
Tras el desafío que lanzaron a mediados de abril doce grandes clubes europeos con su proyecto de torneo privado, la UEFA prefirió de entrada negociar, lo que llevó a que nueve de los promotores abandonasen la Superliga a cambio de moderadas sanciones financieras.
Pero lejos de entregar las armas, el Real Madrid, el Barça y la Juventus se reafirmaron el sábado en su intención de "perseverar" para construir su competición casi cerrada, competencia de la Liga de Campeones.
En respuesta, la instancia europea nombró este miércoles a "inspectores éticos y disciplinarios" encargados de realizar una investigación, "en relación con el proyecto de una autodenominada Superliga", anunció la UEFA en un comunicado.
La instancia no precisó las infracciones que habrían podido cometer los tres clubes europeos, pero entre otras cosas, sus estatutos prohíben a los clubes "grupos o alianzas" entre clubes sin su autorización.
Entre el abanico de sanciones previstas por los estatutos de la organización, las más duras para los clubes son "la exclusión de competiciones en curso y/o competiciones futuras" y, para los dirigentes, "la prohibición de cualquier actividad relacionada con el fútbol".
"Aporta soluciones"
En la noche del 18 al 19 de abril, el fútbol europeo conoció una noticia que cambiaba por completo su organización. Anunciado la víspera de que se conociera el nuevo formato de la Liga de Campeones, el proyecto de Superliga privada podía llevar incluso consigo la desaparición de la UEFA.
La retirada en 48 horas de los seis clubes ingleses implicados provocó que el proyecto acabase en un cajón. En total, nueve de los equipos "rebeldes" hicieron propósito de enmienda ante la UEFA y aceptaron el viernes pagar una multa conjunta de 15 millones de euros (18,2 millones de dólares), así como renunciar cada uno al 5% de los ingresos europeos durante una temporada.
La instancia intentó también vacunarse ante una nueva revuelta obligando a estos clubes a firmar una cláusula que prevé "100 millones de euros" (121,5 millones de dólares) de multa, si participan en un torneo no autorizado, y "50 millones" (60,7 millones de dólares) por romper cualquier otro de sus compromisos.
Sin embargo, al día siguiente el Real Madrid, cuyo presidente fue nombrado presidente de la Superliga, el FC Barcelona y la Juventus de Turín frustraron toda esperanza de cerrar definitivamente este episodio.
Los tres clubes defendieron la legitimidad de su proyecto privado que "aporta soluciones a la actual situación de inestabilidad en el sector del fútbol", al tiempo que denunciaban las "amenazas" de la UEFA.
Batalla jurídica
A pesar de que estos tres clubes son "conscientes de las diferentes reacciones" negativas suscitadas por el proyecto y de que están "listos a revisar" la proposición tal y como fue presentada, no piensan renunciar a su proyecto.
Más aún cuando estos tres clubes históricos, que acumulan juntos veinte trofeos continentales de primer nivel, consideran que el derecho está de su lado y afirman que hay "tribunales que ya se pronunciaron a favor del proyecto de Superliga".
En concreto, un Juzgado de lo mercantil de Madrid "ordenó" el 20 de abril a la FIFA y a la UEFA que se "abstengan de adoptar cualquier medida o acción" contra la Super Liga hasta que el litigio no se haya resuelto.
La instancia europea decidió ignorar este mandato y lanzar la batalla disciplinaria, que se prolongará previsiblemente en los tribunales, en nombre del derecho europeo a la competencia.
Más allá del fútbol, se trata de una cuestión de peso en la regulación del deporte continental porque confronta el monopolio de ciertas instancias con la pretensión de los actores privados de crear sus propias competiciones.
El tema podría igualmente tener consecuencias sobre el terreno político, ya que tanto Francia como Inglaterra hicieron pública su oposición a la Superliga. Londres no descartó "ninguna medida" para parar este proyecto, "incluida la opción legislativa".
