El 13º Juzgado de Garantía de Santiago determinó dar curso a la solicitud de extradición y prisión preventiva en contra de Sergio Jadue, que presentó el Ministerio Público en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos y la ANFP.
Durante la sesión de formalización en ausencia, el tribunal acreditó los cuatro ítem de apropiación indebida y el de delitos tributarios. Entre ellos, se cuentan el gasto por más de $ 500 millones de la ANFP que Jadue ocupó para pagar su representación legal en Estados Unidos.
Además, se estimó en más de $ 520 millones la defraudación al Fisco en los años 2014 y 2015, al no haber declarado los dos millones de dólares que recibió por parte de sobornos de la Conmebol.
El desglose de los impuestos no declarados es de $ 383 millones en el año 2015 y
$ 139 millones, en 2016.
Otro aspecto en que se puso énfasis fue que de los $ 3.800 millones entregados como préstamo a los clubes, hay $ 1.192 millones que fueron girados al portador, por lo que el tribunal entendió que debió existir respaldo de estos.
El tribunal también acreditó que las obras realizadas por el arquitecto Leonidas Laoutari, por las que se giraron $ 218 millones, no se realizaron en la ANFP, sino que en el domicilio del imputado.
Sobre las razones para la prisión preventiva, el juez René Bonnemaison manifestó que la libertad de Jadue "es un peligro para la sociedad".
En cuanto al castigo que puede recibir el dirigente, que desde noviembre de 2015 se encuentra junto a su familia en Estados Unidos, el magistrado manifestó que pueden llegar hasta los cinco años de presidio, aunque no descartó que se posible que aumente.
"Las penas que tienen asignados estos delitos se encuentran en el tramo de presidio menor en su grado máximo, es decir, de tres años y un día a cinco años. Eventualmente, en el caso de ser condenado, el imputado arriesga normas de crimen, toda vez que el artículo 351, a propósito de la reiteración de delitos de la misma especie, se permite aumentar en uno o dos grados la sanción", aseguró Bonnemaison.
La defensa del exdirigente, representado por los abogados José Pablo Forteza y Diego Balart Salvat, se había manifestado contraria a la medida, debido a que los querellantes no lograron establecer la ubicación exacta de Jadue, quien se encuentra en Miami tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York.
Sin embargo, el Tribunal decidió que se encontraba plenamente acreditada su locación en Estados Unidos.
Los defensores también solicitaron un plazo de investigación de 60 días, el que fue denegado porque se consideró que actualmente el proceso se encuentra en la etapa de un antejuicio y recién cuando se le formalice en presencia debería iniciarse un período de indagatorias.
La siguiente fase del proceso pasa a la Corte de Apelaciones, que en los próximos días debería resolver al respecto.
La audiencia de formalización se vio retrasada en 45 minutos por un aviso de bomba en el Centro de Justicia. Finalmente, personal del GOPE de Carabineros determinó que solo se trató de una mochila olvidada en el sexto piso del edificio.
