El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) había anunciado este jueves la paralización desde el día viernes de todos los encuentros de Primera, Primera B y Segunda División, entre ellos los pendientes de Everton frente a Cobresal y de Universidad Católica ante Unión Española programados para este domingo, por la sexta y decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2019, respectivamente.
Lo anterior debido al “no cumplimiento de lo acordado por parte de la ANFP al Sifup respecto a la programación del club Naval en el Torneo de Segunda Profesional”, es decir, no reintegrar al elenco de Talcahuano a dicha categoría, a pesar de la medida prejudicial dictaminada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que obliga a la Asociación a incorporar a la escuadra del ancla.
Sin embargo, horas más tarde respondieron desde Quilín asegurando que “la programación del fin de semana de los partidos pendientes de Primera División y las jornadas de Primera B, Segunda División y Copa Chile, se mantienen inalterables”.
De acuerdo al comunicado de la ANFP en su sitio oficial, “la resolución precautoria que ha obtenido Naval S.A.D.P. consiste en ‘no desafiliar al Club de Deportes Naval S.A.D.P. de la Corporación de la que forma parte’. Naval S.A.D.P. no forma parte de la ANFP desde diciembre 2017, oportunidad en la que descendió de la última división profesional, mantuvo una deuda cercana a los 150 millones de pesos con la ANFP y dejó con sueldos impagos a jugadores y trabajadores. Al no ser parte de la ANFP desde 2017, esta Corporación estima no corresponde cumplir dicha medida”.
Revisa la declaración pública completa de la ANFP:
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional aclara:
1.- La ANFP informa que la programación del fin de semana de los partidos pendientes de Primera División y las jornadas de Primera B, Segunda División y Copa Chile, se mantienen inalterables.
2.- La resolución precautoria que ha obtenido Naval S.A.D.P. consiste en “no desafiliar al Club de Deportes Naval S.A.D.P. de la Corporación de la que forma parte”. Naval S.A.D.P. no forma parte de la ANFP desde diciembre 2017, oportunidad en la que descendió de la última división profesional, mantuvo una deuda cercana a los 150 millones de pesos con la ANFP y dejó con sueldos impagos a jugadores y trabajadores. Al no ser parte de la ANFP desde 2017, esta Corporación estima no corresponde cumplir dicha medida.
3.- Sin perjuicio de ello, la ANFP ha hecho dos peticiones ante la I. Corte de Apelaciones de San Miguel para que señale si es la ANFP quien debe cumplir la resolución en cuestión, sin obtener resultado favorable. Asimismo, ha sido la ANFP quien ha solicitado en los tribunales el curso progresivo de la acción presentada por Naval con la finalidad de tener certeza jurídica.
4.- Si los tribunales de justicia ordenaran la no desafiliación de Naval S.A.D.P. de la ANFP, el club debe cumplir con cada uno de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios que han cumplido todos los Clubes que participan en los torneos que esta Corporación organiza. Esto es: pago de garantía, tener licencia de clubes profesionales según los estándares CONMEBOL y FIFA, y ser admitidos por el Consejo de Presidentes con los quórum estatutarios requeridos y, a su vez, una modificación de las bases del torneo. De esta manera, se garantiza el normal funcionamiento de las competencias.
5.- Es completamente falso que Naval S.A.D.P. haya intentado ingresar a la ANFP la garantía de pago de tres meses de su planilla con los documentos formales que los reglamentos establecen. Asimismo, es completamente falso que Naval haya manifestado intención de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios detalladamente indicados. Por el contrario, el supuesto presidente del club, Fernando Rojas, envió una comunicación expresa a la ANFP el día 16 de mayo en donde indicó que no cumplirían con esos requisitos.
6.- Es nuestro deber velar por el correcto funcionamiento del fútbol chileno y por el cumplimiento de la normativa que lo regula para que justamente no vuelvan a ocurrir casos como el del Naval S.A.D.P., que fue desafilado hace dos años y que en su momento el Sifup denunció por incumplimiento de obligaciones laborales, entre otras.
