El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, recibió al presidente de la ANFP, Arturo Salah, y al director de la Asociación, Hugo Muñoz, para analizar las medidas adoptadas por el organismo tras el cierre de proceso de fiscalización por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la administración del anterior presidente, Sergio Jadue.
Durante las indagaciones, iniciadas a mediados de 2015, se detectaron irregularidades en el cobro de remuneraciones y honorarios por parte del directorio encabezado entonces por Sergio Jadue, por lo que se instruyó a la ANFP modificar los estatutos para eliminar el pago de sueldos a los directivos, irregularidades que fueron subsanadas por la actual administración.
Ante las medidas adoptadas por la nueva directiva de Quilín, el subsecretario Mena aseguró que “hemos terminado este proceso y hoy podemos decir con seriedad, que avanzamos de forma significativa, y que hoy tenemos una ANFP que está respetando la legislación vigente y las normativas que regulan a las corporaciones sin fines de lucro”.
“Tenemos que ser capaces de valorar cuando las instituciones están funcionando bien, sobre todo en una época en que muchas veces estamos permanentemente desconfiando de ellas”, sentenció.
El proceso de fiscalización por parte del Ministerio además advirtió irregularidades en el pago de US$125 mil con cargo a la Asociación de abogados estadounidenses para la defensa personal del calerano.
También hubo anomalías en contratos entre el presidente de la ANFP y el ex director técnico Jorge Sampaoli, en lo referido a bonos por metas de Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, como la prestación de servicios adicionales y de imagen.
Para garantizar que este tipo de hechos no se repitan en el futuro, el subsecretario anunció un plan permanente de colaboración entre la cartera de Justicia y la ANFP “que signifique, por un lado fiscalizar, porque no vamos a renunciar a nuestra labor de fiscalización, pero en forma paulatina, ir trabajando en conjunto para ir resolviendo aquellos problemas y dudas que puedan surgir por parte de la ANFP, y para que como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vayamos guiando en relación a cómo deben funcionar correctamente este tipo de instituciones, como son las personas jurídicas de derecho privado”.
